La teoría dice que Gianni Infantino no gobierna solo la FIFA. ¿Y en la práctica? Sobre el papel, el máximo mandatario está rodeado por un Consejo conformado por 37 miembros, una Secretaría General encargada de la administración, estructuras específicas de cumplimiento normativo y distintos órganos de auditoría y ética. Son precisamente algunos de los mecanismos reforzados después de la crisis que sacudió al organismo en 2015 – durante la administración Joseph Blatter –. ¿Qué ha pasado con unas palancas de control que debían impedir que el presidente volviera a concentrar demasiado poder? El proyecto de privatización del Mundial ha puesto en jaque a toda la estructura del máximo órgano rector del fútbol.
Y es que una década después, FIFA Forward Enterprise (FFE) ha resucitado el debate sobre la utilidad – o uso – de esos controles y hasta dónde llegan. El proyecto pretendía concentrar en una nueva sociedad los derechos y actividades comerciales vinculadas a las principales competiciones de FIFA y permitir la entrada de capital privado. Se trabajaba sobre una valoración inicial de 20.000 millones de dólares y la posibilidad de captar hasta 4.200 millones, tal y como explicó el propio organismo cuando dio a conocer un plan que el grueso de federaciones miembros conocieron en ese mismo momento; desatando una guerra por el poder del fútbol que ha puesto contra las cuerdas a Gianni Infantino.
El italo-suizo retiró su propia iniciativa, después de provocar un enfrentamiento de enorme magnitud con la UEFA de Aleksander Ceferin y otras confederaciones. FIFA ha defendido que su actuación se ajustó a su marco regulatorio. De hecho explicó que determinadas informaciones interrumpieron un proceso de consulta que aún estaba en marcha. Sus críticos, por el contrario, ofrecen una lectura diferente. FIFPRO asegura que el proyecto avanzó a puerta cerrada antes de que el Consejo, las federaciones, los jugadores y otros actores conocieran su existencia. Ahora se reclama una investigación externa con acceso a los documentos y registros de la decisión de Infantino.
He ahí la principal cuestión a resolver. Un interrogante que va más allá de si Infantino continúa o no al frente de la FIFA después de 2027, cuando están previstas las elecciones. El dilema en cuestión aborda ahora el control al propio presidente. Si la organización dispone de tantas palancas, ¿cuál de ellos debía impedir que una operación de tal dimensión llegara tan lejos sin provocar antes un debate interno y abierto?
¿Concentración de poder?
La arquitectura actual de la FIFA procede de las reformas aprobadas tras la gran crisis institucional de 2015, tras la salida de Joseph Blatter. Entre los principios que la propia entidad destacó entonces figuraba precisamente una suerte de separación de poderes, que derivó en la reescritura de unos estatutos que distinguen entre la supervisión estratégica y las tareas ejecutivas, operativas y administrativas.
Dicho de otra manera, el Congreso es el órgano supremo y legislativo de la FIFA, mientras que el Consejo constituye su principal órgano de decisión entre congresos. Este cónclave lo integran el presidente, ocho vicepresidentes y otros 28 miembros elegidos por las diferentes asociaciones nacionales. Este diseño es relevante ahora porque uno de los reproches centrales de la crisis es precisamente hasta qué punto conoció el Consejo el contenido y el alcance del proyecto.
Entra en juego entonces la Secretaría General, que está en manos de Mattias Grafström desde mayo de 2024. Es el departamento que concentra las funciones administrativas y ejecutivas de FIFA. La separación entre esa estructura y la presidencia fue el eje troncal de la reforma de la década pasada. La propia entidad ha defendido durante años que esa diferenciación es una garantía institucional, pero se acumulan las voces que disienten del relato oficial.
La KNVB cuestiona ahora que funcione con suficiente transparencia. La federación de Países Bajos, que apoyó a Infantino en su última elección, anunció este pasado 30 de agosto que había perdido la confianza en su liderazgo, reclamando una reforma de la estructura interna del organismo. Apuntan directamente a una concentración excesiva de poder alrededor de la presidencia y una separación insuficiente entre ésta y la administración. Un posicionamiento que trasciende al mero requerimiento de un baile de nombres, sino que apuntan que presidente, Consejo, Congreso y secretario general deben ejercer funciones bien delimitadas y que esos equilibrios necesitan apuntalarse y garantizarse.
Mecanismos de control
Al margen del organigrama directivo, FIFA dispone además de una arquitectura Legal y Compliance, que entre sus competencias figura la evaluación de riesgos relacionados con corrupción, fraude, conflictos de interés y reputación, además de establecer controles y tener la potestad de tutelar y abrir procedimientos internos. Su existencia, sin embargo, no comporta que dicho departamento pueda paralizar cualquier decisión estratégica por sí mismo. Debe detectar cualquier contingencia, comprobar el cumplimiento de las normas y trasladar sus conclusiones a los escalafones correspondientes.
De ahí que una de las preguntas que deja el caso FFE es qué revisión recibió el proyecto antes de hacerse público, qué riesgos se identificaron y a quién se comunicaron. En este sentido, UEFA ha reclamado precisamente una investigación independiente que pueda acceder a las comunicaciones, documentos y registros relacionados con el proceso. Su posición es que una revisión exclusivamente interna sería insuficiente para esclarecer luz sobre todo el recorrido.
En la arquitectura de FIFA figura un órgano encargado de materias de gobernanza, auditoría y cumplimiento, entre cuyas competencias se adhiere la supervisión de la fiabilidad de la información financiera, así como la revisión de las cuentas y los informes de los auditores externos. Una vigilancia que tampoco equivale a una autorización previa de todas las iniciativas comerciales. Es decir, que la existencia de varios órganos de control no permite concluir qué instancia debe detener el proyecto.
Esto también ocurre con las comisiones de Disciplina, Apelación y Ética, cuyos miembros están sujetos a requisitos de independencia y tienen la potestad de investigar – e incluso sancionar – conductas dentro de sus competencias. Sin embargo, tampoco actúan como órganos de autorización previa.
Infantino se defiende
La bomba ha estallado en la cara del actual gobierno de FIFA. El presidente y sus colaboradores han defendido que Forward Enterprise se encontraba todavía en una fase de consulta y que el proceso respetó el reglamento interno al pie de la letra. Incluso subrayan que la iniciativa no fue concebida con la pretensión de modificar la gobernanza del organismo. Una defensa que FIFPRO desbarata desde un posicionamiento más amplio, percutiendo en que si una decisión de ese alcance pudo desarrollarse sin vulnerar formalmente las reglas, el problema radica entonces en la suficiencia de dicho código normativo.
La UEFA comparte espacio discursivo con FIFPRO. La confederación presidida por Aleksander Ceferin suspendió provisionalmente su amenaza de retirar a sus selecciones de las competiciones FIFA tras recibir por escrito las garantías de que Forward Enterprise se retiró de forma definitiva. No obstante, mantuvo su exigencia de una auditoría independiente y la necesidad de reformular los equilibrios de poder.
Dicha investigación debería responder a las incógnitas sobre quién impulsó el proyecto, los órganos que conocieron sus detalles, qué controles se aplicaron y en qué momento se informó a las estructuras con responsabilidad de supervisión. Ese debate ahora fagocita a FIFA y todos sus órganos del llamado buen gobierno, aunque todavía queda por esclarecer hasta dónde llegaban sus competencias reales sobre el proyecto y si estaban capacitados para intervenir antes de que el conflicto se saliera del carril interno.
