La Fiscalía de Barcelona ha instado formalmente al juez responsable de la investigación penal sobre Glovo y su consejero delegado, Óscar Pierre, a que le impute como presunto responsable de un delito contra los derechos de sus repartidores. El organismo público considera que «existen indicios suficientes de delito» para concluir la fase previa de investigación, tras dos años abierta, e iniciar ya el proceso judicial para condenar o exonerar a Pierre. Glovo, a preguntas de este medio, ha declinado realizar comentarios al respecto.
«El Ministerio Fiscal ha interesado que se dicte auto de procedimiento abreviado al considerar, a la vista de las diligencias de investigación realizadas durante la instrucción de la causa, que existen indicios suficientes de delito contra el investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.2 del código Penal», explican fuentes del organismo a preguntas de EL PERIÓDICO. Dictar un auto de procedimiento abreviado significa que el juez da por terminada la fase de investigación de un delito y decide que hay indicios suficientes para avanzar hacia el juicio. La petición de Fiscalía es coherente con su denuncia, interpuesta en 2024, que inició el caso.
El fundador y consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, hace dos años que está siendo investigado por desoir los requerimientos de la Inspección de Trabajo y mantener durante años a sus repartidores como falsos autónomos. Un modelo fraudulento, según la autoridad laboral, y que a ojos de la Fiscalía supone un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que les priva de manera reiterada de derechos básicos como son la cobertura durante una baja por enfermedad, organización sindical o las vacaciones pagadas, entre otros.
Durante estos dos años que, por el momento, se alarga la fase previa han comparecido múltiples implicados, desde el propio Pierre -que un día antes de su vista oral ante el juez anunció que Glovo pasaría a contratar directamente a sus ‘riders’-, hasta varios miembros o exmiembros de su equipo directivo, pasando por inspectores de Trabajo que han estado años fiscalizando su modelo o varios mensajeros.
La Fiscalía ha presentado su escrito y las partes implicadas en el proceso esperan que el juez, una vez ya escuchado a los diferentes actores y analizada la documentación que ha ido facilitando la compañía, tome una decisión y abra el juicio o de carpetazo a la causa. De decidir lo primero, se iniciaría así la fase judicial y el consejero delegado pasaría a estar acusado de un delito penado con hasta seis años de cárcel.
Momento de cambios en la empresa
La fase definitiva de la investigación judicial sobre Glovo llega en un momento de cambios para la compañía. Delivery Hero, propietaria de la firma de las mochilas amarillas, ha aceptado recientemente vender su operativa a Uber. Ello implicará una reestucturación profunda para Glovo, ya que por temas de competencia debe dividir su negocio y parte del mismo pasará a terceros. En España, el mercado de Glovo pasará al fondo de inversión SSW Partners, que ya peina el mercado en busca de potenciales compradores.
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