El sindicato de los funcionarios confía en que el Tribunal Constitucional tumbe una medida aprobada hace 16 años, en situación extraordinaria, y que afecta al bolsillo de estos trabajadores. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama que la justicia se pronuncie sobre el veto del Congreso de los Diputados para eliminar el recorte salarial que se produjo en el año 2010.
Desde este sindicato mantienen la esperanza en que el Tribunal Constitucional tome una decisión sobre el recurso que presentaron en 2024. Señalan que la reducción de las pagas extraordinarias fue una medida excepcional que se tomó en un contexto de grave crisis económica en la que se tuvo que recortar gastos.
En una rueda de prensa, el presidente del sindicato, Miguel Borra, ha denunciado que esten recorte supone una merma al año de unos 1.000 euros y calculan que desde entomces se han retenido unos 48.000 millones de euros.
«La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, 16 años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron», ha señalado el líder del sindicato en la sede.
Existe cierto optimismo en las filas del sindicato, ya que el Ministerio Fiscal emitió un un informe favorable al recurso presentado en el que critican el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre el bloqueo en la mesa de la Cámara baja.
El sindicato también ha anunciado que acudirá a Función Pública para reclamar la reactivación del desarrollo del Acuerdo Marco, firmado en noviembre de 2025 y que, según Borra, es un «»buen acuerdo» cuya ejecución «hay que exigir».
El pacto contempla una subida salarial del 5% para los empleados públicos en 2027, dividida en un incremento fijo del 4,5% y otro 0,5% variable vinculado a la evolución de la inflación, además de efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
En paralelo, el sindicato prepara movilizaciones en «todas» las administraciones públicas para denunciar el «malestar» laboral, el «deterioro» de los servicios y la «sensación de abandono» que, a su juicio, afecta a los trabajadores públicos.
En la Administración General del Estado, sus principales reivindicaciones pasan por equiparar los salarios entre administraciones, desarrollar el teletrabajo, reforzar las plantillas, impulsar la carrera profesional, avanzar en la jubilación parcial anticipada y actualizar las retribuciones del personal destinado en el exterior.
En Educación, prepara un calendario de movilizaciones para el inicio del curso 2026-2027, sin descartar la convocatoria de una huelga. La primera protesta está prevista para el próximo 15 de septiembre, con una concentración frente al Ministerio de Educación en Madrid.
En Correos, el sindicato denuncia el incumplimiento del acuerdo alcanzado en 2024, que incluía medidas como el refuerzo de las plantillas, la implantación de la jornada de 35 horas, la conversión de contratos a tiempo parcial en jornadas completas y un plan de rejuvenecimiento de la plantilla. Tras las movilizaciones celebradas este jueves en todo el país, están previstas nuevas protestas el 17 de septiembre y una «gran concentración» en Madrid el día 30.
En el ámbito de la Justicia, el sindicato hace un balance «nefasto» del primer año de funcionamiento de los Tribunales de Instancia. En Sanidad, reclama un refuerzo estructural de las plantillas, «especialmente» en Atención Primaria, una mejora de las condiciones retributivas y la puesta en marcha de un plan nacional para reducir las listas de espera.
Exigen el apoyo de la UE en la crisis de Ceuta
El sindicato ha señalado que se reclamarán a la Unión Europea que «coopere con España con medios para resolver» en la crisis de Ceuta. Una cuestión que califican como «dramática». El presidente del sindicato ha confirmado que visitará la ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleados públicos «de todos los sectores».
«En la semana del 21 de septiembre mantendremos distintas reuniones que en estos momentos estamos cerrando en Bruselas, porque creemos que se tiene que implicar también la Unión Europea», ya que esto «sobrepasa» a Ceuta y «afecta desde luego» a los Veintisiete, ha declarado en una rueda de prensa.
Desde CSIF cuentan que aún no hay estimaciones sobre las bajas que se han cogido los funcionarios por depresión o ansiedad dada la situación de inestabilidad en Ceuta. Desde CEOE denunciaban que ya se había empezado a registrar este tipo de situaciones, principalmente en el sector de la limpieza.
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