Un vecino de Llanera, Ramón Villanueva Rebanal, denuncia que el Ayuntamiento le ha «desahuciado» de sus fincas, en virtud del nuevo procedimiento municipal para adjudicar parcelas destinadas al aprovechamiento de montes y bienes comunales. Villanueva considera que puede dejar fuera a familias que llevan décadas cultivando los terrenos, y de hecho ese es su caso, toda vez que asegura que su familia utiliza de forma continuada una de estas parcelas desde 1957, cuando fue arrendada inicialmente por su abuela, y que desde entonces ha pasado por distintas generaciones.
Villanueva sostiene que el nuevo sistema supone, en la práctica, «un desahucio» para quienes han mantenido durante décadas el uso de estos terrenos. Aunque asegura respetar que el Ayuntamiento quiera establecer un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades entre los solicitantes, reclama que las bases tengan en cuenta la vinculación histórica con las parcelas y el trabajo realizado para conservarlas. «Además sólo han querido hacerse con las fincas que estaban cuidadas, en el Ruxidoriu», lamenta.
Puntuación
Su principal petición es que el baremo incorpore un criterio específico que otorgue puntuación a quienes puedan acreditar el cultivo y mantenimiento continuado de una parcela durante un largo periodo de tiempo, bien directamente o como sucesores de familiares que ya la explotaban. A su juicio, esta circunstancia debería ser considerada como un elemento de interés público, dado que el mantenimiento de los terrenos durante décadas ha evitado su abandono y ha contribuido a conservar su finalidad agrícola.
El vecino defiende además que, en estos casos, no se trata de ocupaciones irregulares, sino de relaciones de arrendamiento conocidas por el Ayuntamiento y mantenidas durante décadas, con el pago de las correspondientes rentas. Villanueva sostiene que el cambio de criterio municipal debe estar suficientemente motivado y reclama que se valore la situación de quienes han organizado durante décadas su actividad agrícola en función de la continuidad de estos aprovechamientos.
A su entender, situar en igualdad de condiciones a quienes llevan medio siglo trabajando una parcela y a quienes concurren por primera vez no garantiza una adjudicación «justa y equilibrada».
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