La aprobación de la Ley de Medidas Fiscales o ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat ha supuesto la aceptación por parte del PP de la expresión “prioridad nacional”, que ha quedado negro sobre blanco en esta norma en la modificación del cuerpo legal en algunos aspectos como el cambio en la Renta Valenciana de Inclusión al endurecer sus condiciones de acceso para poder solicitarla o la sanción a quien lleve niqab en espacios públicos de la Generalitat. Pero también afecta a la enseñanza o, al menos, a los centros escolares, con la prohibición de los menús halal en los comedores de las escuelas e institutos.
Ya en marzo, la Comisión de Educación de Les Corts Valencianes aprobó, con los votos de PP y Vox y a instancias de este último una proposición no de ley (PNL) para rechazar la implantación de menús halal en centros escolares y hospitales públicos. Los seis votos en contra de la oposición de PSPV y Compromís no evitaron que saliera adelante con siete votos a favor. Pero su introducción en la ley de Acompañamiento le añade oficialidad y cambia, de facto, la norma. Y las dos asociaciones mayoritarias de directores de centros educativos se muestran preocupadas.
Se trata de la Asociación de Direcciones de Educación Infantil y Primaria de la Escuela Pública del País Valenciano (ADEP-PV) y la Asociación de Direcciones de centros públicos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Formación de Personas Adultas (ADIES-PV). En un comunicado conjunto, han criticado “que la diversidad alimentaria pueda quedar limitada exclusivamente a situaciones justificadas por motivos médicos”.
“Los centros reflejan una sociedad plural”
“Nuestros centros son el reflejo de una sociedad plural. En ellos conviven alumnado y familias con diferentes culturas, creencias y convicciones, y defender la igualdad no significa necesariamente ofrecer exactamente lo mismo a todos”, consideran. De hecho, creen que, en determinadas circunstancias, garantizar una igualdad efectiva requiere “reconocer las diferencias y ofrecer respuestas razonables”.
Sin ir más lejos, citan la Constitución Española. “Su artículo 14 proclama la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación, entre otras circunstancias, por razón de religión u opinión; mientras que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Estos principios constitucionales deben estar presentes cuando regulamos un servicio público que atiende diariamente a una sociedad plural”, añaden.
No solo eso. Recuerdan asimismo que el Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, establece expresamente que los centros educativos deberán disponer de menús especiales para el alumnado que los requiera por motivos éticos o religiosos o, cuando corresponda, facilitar los medios adecuados para conservar y consumir el menú proporcionado por la familia.
“Plantea interrogantes en materia de seguridad sanitaria”
Pero no solo es una cuestión de diversidad, sino también de seguridad sanitaria, porque lo que decae es la posibilidad de que el centro prepare en su comedor menús especiales, no que las familias los proporcionen. “Desde ADEP-PV y ADIES-PV consideramos especialmente preocupante que se atribuya a los centros educativos la responsabilidad de conservar, manipular, calentar y facilitar el consumo de alimentos elaborados y aportados directamente por las familias”, añaden desde las asociaciones de directores. Es cierto que el Real Decreto ya contemplaba esta posibilidad, pero critican que “plantea importantes interrogantes en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad y delimitación de responsabilidades”.
“Los centros educativos no son establecimientos de restauración familiar ni pueden asumir responsabilidades sobre procesos alimentarios desarrollados fuera de su ámbito de control”, resumen. Por ello, entienden que la Administración debe priorizar que sea el servicio de comedor, sometido a controles higiénico-sanitarios y de trazabilidad, quien garantice los menús especiales necesarios, dejando la aportación de alimentos desde el entorno familiar como una medida “verdaderamente excepcional y acompañada, en todo caso, de un protocolo sanitario claro que determine responsabilidades y exima a los equipos directivos y al personal del centro de aquellas que excedan de sus competencias profesionales”.
En resumen, que no es, dicen, “únicamente una cuestión de sensibilidad hacia la diversidad”. “Estamos ante principios constitucionales y previsiones expresamente contempladas por la normativa estatal”, añaden. Por eso, piden una rectificación inmediata y una regulación autonómica de los menús escolares “plenamente coherente con este marco, respetuosa con la diversidad y que proporcione seguridad jurídica a las direcciones”.
“Las direcciones no podemos quedar situadas en la posición de decidir qué convicciones familiares justifican o no una determinada adaptación. Necesitamos criterios comunes, instrucciones claras y una normativa que no traslade a los centros responsabilidades que corresponden a la Administración”, zanjan.
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