Cada año, en el marco de la Política Agraria Común (PAC), se realizan inspecciones para comprobar que los beneficiarios cumplen los requisitos exigidos para cobrar determinadas ayudas. Según el último balance disponible, correspondiente a 2024, Galicia concentró el 46% de las irregularidades detectadas en el ámbito del bienestar, una cifra que alcanza el 73% en el caso de los terneros.
Concretamente, se detectaron 110 de las 239 irregularidades de bienestar aniamal: 40 de los 55 en el ámbito de los terneros; 8 de 20 en el sector porcino; y 62 de 164 de bienestar general. Los criterios de lo que se considera un incumplimiento son muy amplios, y pueden ir desde no respetar las dimensiones mínimas del alojamiento o de seguridad; hasta cuestiones de ventilación, temperatura o gases perjudiciales; pasando por mantener a los animales permanentemente a oscuras o desprotegidos al aire libre.
Galicia tuvo, además, una intensidad de control superior a la media. De los 13.414 beneficiarios suceptibles de controles, se inspeccionaron 478, el 3,6%, frente a los 4.225 de 276.230 del conjunto de España, el 1,5%. Solo País Vasco, con el 5,8%, y Canarias, con el 3,8%, presentaron porcentajes superiores. Esa mayor intensidad, sin embargo, no basta por sí sola para explicar el peso de Galicia en los incumplimientos de bienestar animal. La comunidad reunió el 11% de todos los controles realizados en España, frente al 46% de los incumplimientos de bienestar animal.
Sobre qué puede explicar estos resultados, Javier Iglesias, responsable de la PAC de Unións Agrarias, apunta a varios factores. El principal, señala, es que «el porcentaje de solicitantes de la PAC de Galicia con actividad ganadera es muy superior a la media de otros territorios». En 2024, la comunidad apenas concentró el 3,9% de todas las solicitudes de la PAC de España, pero más del 75% de las gallegas estaban vinculadas al vacuno de leche y de carne. Ese peso ganadero se refleja también en las ayudas asociadas: Galicia reunía alrededor del 43% de las vacas de leche potencialmente subvencionables de España y cerca del 9% de las de vacuno de carne.
A esto se suma la incentidumbre normativa que que rodeó aquel año las condiciones de alojamiento del ganado. A esto se suma, según Iglesias, la incertidumbre normativa que rodeó aquel año las condiciones de alojamiento del ganado. Uno de los puntos más controvertidos fue la estabulación trabada, todavía presente en buena parte de las explotaciones gallegas, en la que las vacas permanecen sujetas en el establo. Un real decreto estatal aprobado en 2022 establecía que los animales debían poder pasar parte de su tiempo en el exterior, o bien «saliendo a pastar todos los días», que Iglesias reconoce que en Galicia, debido al clima y a la estructura de la tierra es «muy difícil», o a un «patio de recreo». La obligación tenía distintos plazos de aplicación para las granjas ya existentes y el Gobierno central terminó suprimiéndola a finales de 2024, en parte debido al rechazo que generó en el sector gallego que consideraba que no se adaptaba a su realidad, pero Iglesias apunta que en esa campaña sí se tuvo en cuenta.
Terneros en cubículos ciegos
Por el otro, también señala a los cambios que hubo en lo que se considera bienestar de los terneros. Los requisitos «fueron cambiando con el paso del tiempo», y mientras que «inicialmente se recomendaba mantenerlos en cubículos ciegos» para reducir el contacto entre animales y el riesgo de transmisión de enfermedade, más tarde se cambió el criterio a favor de que los terneros alojados individualmente —salvo los enfermos— puedan mantener contacto con otros animales y, a partir de las ocho semanas, que se críen en grupo. «A día de hoy sigue habiendo muchas explotaciones que tienen cubículos ciegos para los terneros, sobre todo las pequeñas», señala Iglesias. Aunque esta práctica se ha ido adaptando, el responsable de Unións Agrarias considera que es otro de los factores que contribuyen a explicar el elevado número de incumplimientos detectados en Galicia en el ámbito de los terneros, que concentró casi 3 de cada 4 irregularidades.
Sumados los incumplimientos de bienestar animal a los del resto de requisitos de la condicionalidad, Galicia registró 366 irregularidades en 2024, que afectaron a 209 beneficiarios. Las consecuencias varían en función de la gravedad, reiteración e intencionalidad: 15 de esos beneficiarios no sufrieron reducción, mientras que en el resto las penalizaciones podían ir desde el 0,5 % hasta porcentajes mucho mayores en los casos más graves o con varios incumplimientos. En conjunto, las reducciones aplicadas en ascendieron a 135.079 euros, el 0,07 % de los 200 millones de euros de ayudas sometidas a condicionalidad. En toda España se contabilizaron 5.064 incumplimientos entre 3.220 beneficiarios, con penalizaciones por 2,02 millones de euros, el 0,04 % de las ayudas afectadas.
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