La Junta de Castilla y León se opone al reparto por la Península de las menores migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta.
Además advierte de que acudirá a los tribunales si considera que la decisión del Gobierno perjudica los intereses de la Comunidad.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico presentará “los recursos que sean necesarios” y que se opondrá “a toda acción que sea contraria a los intereses de Castilla y León”.
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio.
El mecanismo que estudia el Gobierno sería, en algunos casos, similar al utilizado para la acogida de menores procedentes de Canarias solicitantes de asilo, cuya atención correspondía al Estado, según determinó el Tribunal Supremo.
Ante este escenario, la Junta ha endurecido su posición y reclama que la respuesta a la situación de Ceuta no pase por trasladar el problema al resto de comunidades autónomas.
“Estamos ante un problema de seguridad nacional”, ha sostenido Carriedo, que ha calificado lo sucedido como “un fracaso más del Gobierno” al considerar que no se ha garantizado adecuadamente el control de las fronteras ni la seguridad de la ciudad autónoma.
“No se ha dado seguridad a una ciudad española”, ha afirmado el portavoz, que ha reclamado al Gobierno que actúe para garantizar tanto la seguridad de España como el control de las fronteras.
En este sentido, la Junta defiende que debe garantizarse “el regreso de las personas que han entrado de manera ilegal en España”.
La posición del Ejecutivo autonómico, según ha explicado Carriedo, se mantiene en línea con el acuerdo de Gobierno de Castilla y León y con la postura que ya mantuvo la Junta cuando gobernaba en solitario.
“Defendemos una posición común del Gobierno de la Junta”, ha señalado, antes de reiterar su “oposición radical a una política que está causando este perjuicio”.
La vía judicial, sobre la mesa
La principal advertencia lanzada por la Junta es la posibilidad de recurrir a los tribunales. Carriedo ha dejado claro que el Ejecutivo autonómico estudiará las medidas que adopte el Gobierno.
“Nosotros vamos a actuar si creemos que los intereses de Castilla y León están siendo perjudicados”, ha afirmado.
“Iremos a la Justicia y nos opondremos a toda acción que sea contraria a los intereses de Castilla y León”, ha añadido.
La Junta no concreta por el momento qué recurso plantearía ni contra qué decisión concreta, a la espera de conocer cómo articula el Gobierno el traslado y reparto de las menores.
Pero Carriedo sí ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a utilizar la vía judicial: “Presentaremos los recursos que sean necesarios”.
El portavoz autonómico ha insistido en que la respuesta no debe consistir en “diluir” en el conjunto de España una situación que, a su juicio, tiene su origen en un problema de control fronterizo y de seguridad nacional.
La Junta plantea también la necesidad de determinar qué Administración tiene que asumir la tutela de los menores y con qué mecanismo.
Carriedo ha apuntado que Castilla y León analizará “si hay menores y qué otra tutela corresponde a otra Administración”.
La Junta, en cualquier caso, mantiene su rechazo a que la situación generada en Ceuta se traduzca automáticamente en una distribución de menores entre las comunidades autónomas.
Su posición pasa por reclamar el control de las fronteras, garantizar la seguridad y, según ha reiterado Carriedo, “el regreso de las personas que han llegado de manera ilegal” a España.
