El secreto de sumario del denominado ‘caso Fuentona’, el del Ayuntamiento de Soria, seguirá vigente un mes más.
El juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado una segunda prórroga para proteger las investigaciones a partir del 22 de agosto.
Según ha podido confirmar este medio, se trata de una investigación de “especial complejidad”, que mantiene abiertas distintas líneas y que afecta a contratos del Ayuntamiento de Soria.
La nueva ampliación llega prácticamente un mes después de la primera.
El juez considera necesario mantener la reserva de las diligencias para evitar que el desarrollo de las pesquisas pueda verse comprometido.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirmó este jueves la nueva prórroga.
Así, el Juzgado de Instancia número 3 de Soria acordó extender durante otro mes el secreto de las actuaciones.
En paralelo, el juez ya ha admitido la personación de Vox y PP como acusación popular en la causa. La de la formación verde la hizo hace unas semanas y hoy se ha confirmado la ‘popular’.
Siete detenidos
El ‘caso Fuentona’ saltó a la luz el pasado 23 de junio. Ese día, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil registraron durante unas once horas distintas dependencias del Ayuntamiento de Soria.
El operativo terminó con siete personas detenidas. Entre ellas se encontraba la entonces concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.
La edil había sido accionista de Biosfera, una de las empresas situadas en el foco de las pesquisas, hasta su incorporación en 2019 al equipo de Gobierno de Carlos Martínez Mínguez.
Hay que recordar que Martínez dejó la Alcaldía el pasado abril para asumir el liderazgo de la oposición del PSOE en las Cortes de Castilla y León.
Las actuaciones de la Guardia Civil comenzaron después de la denuncia presentada por una empresa.
A partir de ahí, los investigadores han puesto el foco, entre otras cuestiones, en los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Soria con Biosfera.
La investigación analiza posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El mantenimiento del secreto impide por ahora conocer más datos sobre el asunto.
