El Gobierno no ha facilitado ninguna información a las Comunidades del PP sobre el traslado de las 500 menores desde Ceuta

  1. Falta de información oficial sobre el traslado de menores
  2. Identificación de menores en Ceuta
  3. Plan del Ejecutivo para menores vulnerables
  4. Posición de las comunidades autónomas populares
  5. Capacidad y recursos de Madrid para acoger menores
  6. Reclamos al Gobierno central por la atención a menores
  7. Decisión sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia
  8. Transferencia extraordinaria para Ceuta
  9. Posición de Bruselas sobre la protección y retorno de migrantes
  10. Obligación de proteger y retornar según la Comisión Europea

Falta de información oficial sobre el traslado de menores

Las comunidades populares aseguran que no han recibido información oficial sobre cuántas niñas podrían ser derivadas a cada territorio, cuándo se producirían los traslados o bajo qué condiciones se organizaría su acogida. La falta de comunicación se produce mientras el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan para trasladar de manera urgente a la península a unas 500 menores consideradas especialmente vulnerables.

Identificación de menores en Ceuta

La cifra total de menores identificados en Ceuta asciende a 2.168 desde finales de julio, según los últimos datos de la Policía Nacional. Los agentes han localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno de la ciudad autónoma a estos menores desde la entrada masiva registrada a partir del 30 de julio.

Plan del Ejecutivo para menores vulnerables

El plan del Ejecutivo contempla diferentes fórmulas para atender a las menores más vulnerables. Una de ellas es la acogida por parte de las comunidades autónomas, dentro del sistema de redistribución establecido por el Real Decreto 2/2025. También se estudia que organizaciones especializadas en protección de la infancia puedan hacerse cargo de las niñas en recursos adaptados en la península, sin necesidad de trasladar la tutela a las autonomías.

El Ministerio que dirige Sira Rego contempla el reagrupamiento con familiares cuando sea posible y siempre atendiendo al interés superior de la menor, así como el traslado a comunidades que asuman la tutela y el acogimiento familiar. 

Posición de las comunidades autónomas populares

Las barones populares sostienen que no disponen de información suficiente para conocer qué papel tendrán en este dispositivo. Fuentes autonómicas consultadas por Confidencial Digital coinciden en que no saben cuántas menores podrían recibir ni cómo se articulará el reparto, por lo que reclaman al Ejecutivo central que concrete sus planes antes de ejecutar nuevas derivaciones.

Capacidad y recursos de Madrid para acoger menores

En Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya matizó hace una semana su posición sobre una posible acogida de menores procedentes de Ceuta. Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud trasladaron entonces a Confidencial Digital que la respuesta de la Comunidad dependería del número de menores que el Ejecutivo central pretendiera enviar y denunciaron que no habían recibido información sobre cómo se realizaría el reparto.

“Depende de cuántos vengan”, señalaron desde el departamento que dirige Ana Dávila, que insistió en que la red madrileña de protección se encuentra por encima de su capacidad. La Comunidad asegura que dispone de 550 plazas para menores extranjeros no acompañados, pero sostiene que estas están completamente rebasadas.

Reclamos al Gobierno central por la atención a menores

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, advirtió hace más de una semana de que los recursos destinados a atender a menores extranjeros no acompañados “están al límite” y reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que no “derive su incompetencia” a las comunidades autónomas.

Decisión sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

La falta de comunicación coincide con la decisión de las comunidades gobernadas por el PP de no incorporar al orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto específico sobre la atención de los menores que permanecen en Ceuta. La decisión se adoptó este jueves durante la Comisión Sectorial celebrada como preparación de la reunión del próximo 27 de agosto.

La transferencia extraordinaria de 25 millones de euros anunciada por el Ejecutivo para reforzar la atención en la ciudad autónoma sí figura entre los asuntos que se votarán en la Conferencia Sectorial del 27 de agosto. Sira Rego propondrá volver a incluir en el orden del día el punto relativo a la situación de los menores de Ceuta, aunque la incorporación tendrá que ser sometida a votación.

Posición de Bruselas sobre la protección y retorno de migrantes

Mientras el Gobierno prepara este dispositivo, Bruselas ha reclamado tanto la protección de las menores vulnerables como el retorno a Marruecos de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta. La Comisión Europea ha señalado este jueves que España tiene el “deber” de garantizar la protección de los menores, pero ha reiterado su “clara expectativa” de que todos los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma sean devueltos a Marruecos.

“Debe garantizarse la protección de los menores vulnerables. Y esto es, por supuesto, un deber del Estado, en este caso de las autoridades españolas”, afirmó el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, durante una rueda de prensa desde Bruselas. La Comisión, además, ha reconocido que está reclamando información al Gobierno español sobre el plan para trasladar a la península a las 500 menores y que había conocido los detalles de la iniciativa a través de los medios.

Obligación de proteger y retornar según la Comisión Europea

Bruselas mantiene así una posición que combina la obligación de proteger a las menores con su expectativa de que los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta sean retornados. La Comisión ya había señalado que el Derecho de la Unión contempla el retorno de personas en situación irregular, incluidos los menores no acompañados, siempre dentro de las garantías previstas por la normativa europea.

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