La tecnológica estadounidense Meta se enfrenta este martes al primer día de un juicio que amenaza con cambiar para siempre el uso de sus aplicaciones por parte de los más jóvenes. Cuatro estados de EEUU —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— se han personado como acusación en el proceso, iniciado en un tribunal federal de Oakland (California), en el marco de una demanda presentada por cerca de una treintena de estados del país en 2023 en la que acusan a la compañía de dañar física y psicológicamente a los menores de edad con aplicaciones que, aseguran, están diseñadas para generar adicción, incluidas Facebook e Instagram.
Los demandantes consideran que Meta ha vulnerado varias leyes estatales y federales, entre ellas las que protegen la privacidad de los menores y las que regulan la publicidad engañosa y la competencia desleal. “Meta ha engañado repetidamente al público sobre los graves peligros que entrañan sus plataformas de redes sociales. Ha ocultado las formas en que estas plataformas explotan y manipulan a sus usuarios más vulnerables, los adolescentes y los niños, y ha hecho caso omiso del daño generalizado que estas plataformas han causado a la salud mental y física de los jóvenes de nuestro país”, señala la demanda, de 233 páginas.
La tecnológica se enfrenta a una sanción económica mareante: hasta 200.000 millones de dólares (unos 172 millones de euros), una cifra equivalente a sus ingresos totales en 2025. En caso de que el jurado dé la razón a los cuatro estados personados en el juicio, se abriría la posibilidad de que se dicten sentencias parecidas en el futuro, algo que podría elevar la sanción total hasta los 1,4 billones de dólares, según algunas estimaciones. Esta cantidad, similar al valor total de la compañía en bolsa, provocaría su bancarrota y abriría la puerta a una posible intervención pública. Los expertos apuntan, sin embargo, a que este escenario es muy improbable y apuntan a penalizaciones inferiores.
Cambios decisivos
Más allá de las sanciones económicas, una eventual derrota judicial obligaría a la compañía de Mark Zuckerberg a aplicar importantes cambios en la forma como los menores de edad acceden a los contenidos publicados en sus redes sociales. Unos cambios que podrían incluir la modificación de algoritmos creados para generar altos niveles de dopamina; la implementación de procesos de verificación parental para los usuarios adolescentes; la prohibición de la reproducción automática de vídeos; y la imposibilidad de hacer publicaciones “efímeras”, como las historias de Instagram.
Los demandantes también han cargado contra el uso de notificaciones, diseñadas para hacer entrar de nuevo a los jóvenes en las aplicaciones, y contra el recuento de “me gusta” en las publicaciones, algo que alimenta la necesidad de validación de los menores. Estas funcionalidades, aseguran, están diseñadas con el propósito de mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible. “Demostraremos al jurado que Meta ocultó lo que sabía sobre el daño que sus productos causan a los jóvenes porque hacer la vista gorda le resultaba más rentable”, ha afirmado el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman.
Juicio histórico
Los fiscales han calificado el caso como “la mayor demanda en materia de protección del consumidor de la historia de Estados Unidos” y lo han comparado con la batalla legal contra las tabacaleras en la década de los 90, la cual se centró en las propiedades adictivas de los cigarrillos y en el conocimiento de los fabricantes de que su producto provocaba daños importantes para la salud de los consumidores. Meta, por su parte, ha negado priorizar los beneficios económicos por encima del bienestar de los usuarios y ha insistido en su “compromiso” con la protección de los menores.
Las demandas contra las principales compañías tecnológicas por el carácter adictivo de sus aplicaciones han ido en aumento en los últimos años a raíz de múltiples casos de depresiones y suicidios por parte de menores en todo el mundo. En una sentencia reciente, un juez del estado de Nuevo México impuso dos multas por un valor total de más de 813 millones de euros y le ordenó introducir cambios en sus aplicaciones, entre ellos la eliminación del recuento de “me gusta” para los usuarios menores de 18 años y el fin de las notificaciones. El magistrado definió entonces a la compañía como una “molestia pública” y comparó sus “efectos nocivos” con los provocados por el aire contaminado de una fábrica sobre toda la población.
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