La nueva norma para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y facilitar la construcción de vivienda llega al Boletín Oficial de Canarias con un contenido que va bastante más allá de su objetivo inicial. Incorpora aspectos que afectan a ámbitos tan distintos como la publicidad en las carreteras, la evaluación ambiental, la gestión del Parque Nacional del Teide, el cambio climático o la contratación pública. De hecho, durante su tramitación parlamentaria, la amplitud de temas llevó a la oposición a cuestionar el alcance de la norma y la socialista Patricia Hernández denunció que el texto se había convertido en un «proyecto de ley ómnibus».
Así, lo que nació como una norma destinada a quitar obstáculos a la construcción de vivienda termina afectando a ámbitos muy distintos de la Administración canaria. La regulación de las vallas publicitarias en las carreteras, la sostenibilidad en las obras, la contratación pública y hasta la gestión del Teide quedan ahora bajo el paraguas de un mismo texto.
Publicidad y vallas junto a las carreteras
Uno de los cambios afecta a las vallas publicitarias y a la publicidad exterior dirigida a los usuarios de las carreteras. Seguirán estando prohibidas en los terrenos que forman parte de la propia vía, pero podrán instalarse en las zonas cercanas siempre que se cumplan las condiciones previstas y no supongan un riesgo para la circulación. Las personas físicas y jurídicas que desarrollen esta actividad deberán cumplir las obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y en materia de prevención de riesgos laborales, además de contar con un seguro de responsabilidad civil. Además, estas nuevas reglas prevalecerán sobre otras normas urbanísticas que puedan limitar o prohibir la colocación de estos anuncios.
El Parque Nacional del Teide
La Administración encargada de la gestión de este espacio protegido podrá dictar ordenanzas de gestión con el objetivo de cumplir las previsiones del Plan Rector. También mantendrá un sistema de seguimiento y evaluación de los aspectos ecológicos, socioeconómicos y funcionales, cuyos resultados deberá poner en conocimiento del Patronato del Parque, el órgano colegiado en el que participan las distintas administraciones y sectores relacionados con este espacio.
Evaluación ambiental
La Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático será el órgano ambiental de la Administración autonómica que se encargue de la evaluación ambiental de los proyectos, mientras que los ayuntamientos podrán delegar determinadas evaluaciones en el Gobierno de Canarias o en los cabildos. Por otra parte, el Ejecutivo autonómico podrá excluir determinados proyectos de la evaluación de impacto ambiental cuando existan circunstancias excepcionales y mediante un acuerdo que deberá estar justificado. La medida contempla, entre otros casos, las infraestructuras críticas que hayan resultado dañadas por una catástrofe o los supuestos en los que sea necesario garantizar la seguridad nacional.
Cambios sobre los bienes públicos
También introduce un cambio en la definición de qué bienes de la Administración tienen la consideración de dominio público. A partir de ahora, tendrán esta condición aquellos bienes destinados a un uso o servicio público que hayan pasado a formar parte del patrimonio de una Administración mediante una expropiación o cualquier otro título jurídico.
Contratación y criterios ambientales
La norma introduce cambios en la contratación pública. Más allá de la vivienda, los proyectos de arquitectura e ingeniería tendrán la consideración de especial complejidad cuando correspondan a obras de nueva construcción, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación, así como a sus direcciones de obra. En estos casos se aplicarán las normas de los concursos de proyectos, salvo en contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad.
Además, las administraciones deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y acción climática en sus contrataciones. Los pliegos valorarán medidas para reducir la huella de carbono, las emisiones y el transporte, así como el uso de materiales reciclados. También podrán exigir la inscripción en registros oficiales de huella de carbono y dar preferencia a empresas con la Marca de Excelencia Canaria de Eficiencia Energética y Acción Climática en caso de empate. La propia ley prevé que las consejerías competentes en materia de cambio climático y contratación pública elaboren guías y recomendaciones para facilitar la aplicación de estos criterios por parte de las administraciones y de las entidades.
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