Canarias continúa con el despliegue de un nuevo cable submarino de fibra óptica que conectará Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con llegada a las costas marroquíes de Tarfaya. Sin embargo, la ubicación del punto de conexión introduce un componente geopolítico en el proyecto. Tarfaya se encuentra a apenas 35 kilómetros de la frontera del Sáhara Occidental y esa proximidad abre la posibilidad de que, en el futuro, la infraestructura pueda prolongarse hacia este territorio, una hipótesis que ha cobrado fuerza después de que medios marroquíes situaran Bojador, en el Sáhara Occidental, entre los posibles puntos de conexión de la red. Una eventual ampliación plantearía interrogantes sobre el marco jurídico aplicable y sobre el alcance de las inversiones marroquíes en una zona cuyo estatus internacional continúa siendo objeto de disputa.
El proyecto se bautizó con el nombre de ‘Anillo de las Islas de Oriente’, asegura la ampliación de fibra en Canarias. La empresa Canalink es la encargada de instalar dos cables transoceánicos independientes que fortalecerán las conexiones entre las Islas, además de servir como nodo digital entre Europa y África, aumentando la conectividad entre costas del Atlántico.
Antecedentes y tensiones
Esta no es la primera conexión por cable submarino entre el Archipiélago y Marruecos -ya en el año 2012 se ensambló con Asilah, en el norte del país-. Ahora Marruecos reafirma su intención de aprovechar esta oportunidad para conectar sus «provincias del sur» –denominación utilizada por Rabat para referirse al territorio del Sáhara Occidental bajo su control-, y justifica esta posibilidad por la necesidad de reforzar y modernizar su red de telecomunicaciones al norte del país. El Ejecutivo canario ya se pronunció firmemente ante esta polémica: «Lo que tenemos acordado es llevarlo a Tarfaya, en ningún momento a algún punto del Sáhara Occidental», señaló Fernando Clavijo el pasado año, cuando comenzó a aflorar estas preocupaciones por una eventual extensión que pueda acarrear complicaciones legales si la infraestructura terminase prolongándose más al sur de lo inicialmente acordado.
La cuestión llega, además, en un momento de renovada tensión entre España y Marruecos. La entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio de 2026 llevó al Gobierno español a hablar de una «violación de la integridad territorial», aunque Madrid y Rabat han mantenido la cooperación para controlar la frontera y gestionar los retornos. El episodio ha vuelto a poner el foco sobre una relación bilateral en la que, pese al acercamiento diplomático de los últimos años, asuntos como el Sáhara Occidental y la situación de Ceuta y Melilla continúan siendo especialmente sensibles.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que el Sáhara Occidental posee un estatus separado y distinto respecto a Marruecos y que la aplicación en ese territorio de acuerdos entre la Unión Europea y el país alauí requiere el consentimiento del pueblo saharaui. En octubre de 2024, el tribunal confirmó este criterio al pronunciarse sobre los acuerdos comerciales y pesqueros entre Bruselas y Rabat. El precedente no implica automáticamente que una futura extensión del cable sea ilegal, pero sí evidencia el complejo marco jurídico al que podría enfrentarse cualquier infraestructura vinculada a Marruecos que se proyectase sobre el Sáhara Occidental.
Por otra parte, el proyecto en Canarias sigue adelante y ya se encuentra en fase de despliegue. El denominado ‘ring’ cuenta con un presupuesto total de 34 millones de euros, de los que 23 millones provienen de fondos comunitarios. Si Marruecos decidiera utilizar esta nueva infraestructura como punto de partida para extender su red hacia el Sáhara Occidental, la cuestión podría abrir un nuevo frente jurídico sobre la aplicación de la doctrina europea al territorio, aunque la responsabilidad española no sería automática y dependería de cómo se ejecutara y financiara esa eventual ampliación.
«Anillo de las islas orientales»
Proyecto ‘Ring’ surge de la necesidad de mejorar las infraestructuras digitales de Canarias. 553 kilómetros de fibra óptica que recorrerán el lecho marino, enlazando por dos vías individuales. El cable uno anexa: Ojos de Garza, en Gran Canaria, con la capital majorera de Puerto del Rosario y, Playa Honda; en Lanzarote. El cable número dos: Barranco de Tenoya, también en Gran Canaria, con Corralejo y Playa Blanca, en Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente. Ambos tendidos se unen a una red mayor enlazada con la Península y por extensión con el resto del continente.
Esta conectividad internacional aportará una ventaja importante, la redundancia en las telecomunicaciones. Significa que si una conexión se ve interrumpida por un fallo técnico, al tener mayor «músculo», la red puede desviar el tráfico por otra ruta sin afectar a los usuarios. Una cualidad prioritaria de desarrollar para un territorio insular y ultraperiférico como lo es Canarias.
Canalink es la empresa pública especializada en conectividad subacuática, finalizará sus trabajos en 2028. Con este avance, Canarias consolida su transformación hacia el tráfico global de información, en un entorno donde cerca del 95% de Internet circula bajo el mar. La compañía -dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)- cuenta con la financiación del programa europeo CEF Digital, que asume dos tercios del presupuesto. Mediante este proyecto, la entidad garantizará la interconexión insular en todo el Archipiélago.
Suscríbete para seguir leyendo
