La Fiscalía de Baleares investiga al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y alto cargo de Vox, Pedro Bestard, por el uso privado de varios coches oficiales de la institución insular. El ministerio público informó a principios de julio de la apertura de diligencias contra el político ultraderechista por un presunto delito de malversación, días después de que el PSIB presentara una denuncia en la que atribuía a Bestard la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Según el escrito presentado por los socialistas, el vicepresidente habría dispuesto «para uso privado y de manera exclusiva» de vehículos oficiales del departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del cual es conseller, utilizándolos para desplazamientos ajenos a la actividad institucional y asumiendo el Consell los gastos derivados de combustible y mantenimiento.
Aquellas circunstancias quedaron recogidas en el demoledor informe de la Secretaría Técnica de su departamento, elaborado a petición del equipo de gobierno tras estallar públicamente la polémica. El documento, fruto de una exhaustiva investigación, dejaba claro que Bestard llevó a cabo una veintena de desplazamientos a lugares en los que no tenía ningún acto institucional agendado, efectuó repostajes a primera hora de la mañana o en domingo y realizó viajes de dudosa relación con su cargo, entre un sinfín de cuestiones.
Sin embargo, los 92 folios del informe quedaron completamente desacreditados en el análisis jurídico-administrativo trabajado por el secterario general y la interventora del Consell, quienes tan solo apreciaron una «conducta no apropiada» del vicepresidente, un hecho que permitió al presidente Llorenç Galmés no cesar a su socio y dar carpetazo al caso.
Ante esta situación, el PSIB anunció que elevaría el caso a la Fiscalía, tal y como hizo finalmente, para que fuese el propio ministerio público quien determinase si Bestard incurrió en algún delito con su comportamiento. El escrito de los socialistas recogía otras circunstancias que, a su juicio, deben ser investigadas, como la retirada de la rotulación institucional de algunos de los vehículos, un sistema singular de custodia de las llaves o la existencia de desplazamientos cuya justificación documental se incorporó con posterioridad a su realización.
«Debe dimitir»
La consellera socialista en el Consell de Mallorca Sofía Alonso ha valorado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía y ha asegurado que desde el PSIB venían advirtiendo de la existencia de «indicios de malversación» en la actuación del vicepresidente insular. Alonso ha recordado que Bestard ya dispone de un coche oficial y que, pese a ello, «ha hecho uso de los coches de servicio de los trabajadores y trabajadoras de su departamento».
A juicio de la representante socialista, el vicepresidente habría realizado así «un uso privativo» de bienes públicos para beneficiarse personalmente y «no para servir a la ciudadanía». Alonso ha mostrado además su confianza en que las diligencias abiertas por el ministerio público permitan esclarecer lo sucedido y que la denuncia pueda acabar derivando en una querella para que los hechos sean investigados en sede judicial.
«Esperamos que acabe en una querella para poder investigar desde el juzgado y resolver este caso flagrante, para nosotros, de uso privativo de bienes públicos», ha manifestado la consellera del PSIB, quien ha insistido en que los vehículos de la institución no deberían utilizarse de esta manera.
Ante la decisión de la Fiscalía, Alonso ha reclamado también que Bestard abandone su cargo. «Con esta admisión a trámite, el señor Bestard debe dimitir por coherencia y dignidad y, si no, el señor Galmés debería cesarlo», ha sentenciado.
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