- Presentación y plazos para los Presupuestos Generales del Estado
- Rechazo de la senda de estabilidad y sus consecuencias
- Situación actual de los Presupuestos Generales del Estado
- Posición y argumentación del Ministerio de Hacienda
- Contenido de la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros
- Impacto del rechazo en las comunidades autónomas
- Vacíos legislativos y la interpretación jurídica del Gobierno
- Obligación constitucional frente al bloqueo parlamentario
- Precedente más cercano: el caso de 2024
- Función y propósito de la senda de déficit
Presentación y plazos para los Presupuestos Generales del Estado
El artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Al estar prorrogadas las cuentas de 2023, el plazo ordinario para presentar el proyecto correspondiente a 2027 se sitúa, por tanto, antes del 1 de octubre. En Moncloa admiten que cumplir ese calendario resulta ahora “casi imposible”.
Rechazo de la senda de estabilidad y sus consecuencias
La dificultad se produce después de que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado 24 de julio, por segunda vez, la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo.
Este documento fija los objetivos de déficit de las distintas Administraciones y constituye uno de los pasos previos a la elaboración de los Presupuestos. El Gobierno ya contaba con que la votación podía terminar en derrota, pero mantiene su intención de continuar trabajando en las cuentas de 2027.
Situación actual de los Presupuestos Generales del Estado
España lleva sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado desde diciembre de 2022. Desde entonces, el país funciona con las cuentas de 2023, que se han prorrogado automáticamente durante más de tres años.
El escenario previsto para 2027 vuelve a poner a prueba la capacidad del Ejecutivo para aprobar unas cuentas con una mayoría parlamentaria suficiente.
Posición y argumentación del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda sostiene que el rechazo de la senda de déficit no impide necesariamente continuar con la tramitación presupuestaria. El departamento que dirige Arcadi España asegura contar con un informe de la Abogacía del Estado que respalda esta interpretación y que permitiría al Ejecutivo seguir elaborando el proyecto de Presupuestos pese a que las Cortes no hayan aprobado los objetivos de estabilidad.
La tesis de Hacienda parte de que el rechazo parlamentario de la senda no elimina la referencia de déficit que España comunicó a Bruselas en su Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. Lo que cambiaría sería el reparto interno de ese déficit entre las distintas Administraciones.
Contenido de la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros de la semana del 20 de julio aprobó los mismos objetivos que ya había llevado inicialmente al Congreso. La propuesta establecía un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones públicas en 2027: un 1,5% para la Administración central, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas. Las entidades locales debían mantener el equilibrio presupuestario.
Impacto del rechazo en las comunidades autónomas
Precisamente esa décima de déficit para las comunidades era uno de los principales argumentos del Gobierno para defender la senda. Según los cálculos de Hacienda, ese margen permitiría a las autonomías disponer de 5.849 millones de euros adicionales durante tres años respecto a un escenario de déficit cero.
El rechazo del Congreso obliga, según la interpretación del Ejecutivo, a modificar ese reparto. Las comunidades quedarían sujetas al principio constitucional de equilibrio presupuestario y su objetivo pasaría del 0,1% de déficit al 0%. El Gobierno podría mantener así el objetivo global del 1,8% y trasladar a la Administración central la décima que inicialmente correspondía a las autonomías.
Vacíos legislativos y la interpretación jurídica del Gobierno
El problema para el Ejecutivo es que la legislación no establece de forma expresa qué ocurre cuando las Cortes rechazan también una segunda propuesta de senda de estabilidad. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que, cuando el Congreso rechaza una primera propuesta, el Gobierno debe presentar una nueva en el plazo de un mes. Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo.
Sin embargo, la norma no contempla qué sucede si esa segunda propuesta vuelve a ser rechazada. Es precisamente en ese vacío donde Hacienda sitúa su interpretación jurídica para continuar con la elaboración de los Presupuestos.
Obligación constitucional frente al bloqueo parlamentario
La obligación constitucional de presentar cada año un proyecto de cuentas es, según la tesis del Gobierno, el elemento que debe prevalecer frente al bloqueo parlamentario de los objetivos de estabilidad.
Moncloa, mientras tanto, reconoce que el calendario se ha complicado y señala que mantiene conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios para intentar avanzar en la aprobación de las cuentas.
Precedente más cercano: el caso de 2024
El precedente más cercano se remonta a 2024, cuando el Gobierno ya estudió la posibilidad de continuar por esta vía con el respaldo de la Abogacía del Estado. Finalmente, aquella alternativa no llegó a aplicarse porque el Ejecutivo renunció a presentar nuevos Presupuestos y las cuentas de 2023 continuaron prorrogadas.
Función y propósito de la senda de déficit
La senda de déficit establece los objetivos de déficit público, deuda y regla de gasto para los próximos ejercicios y sirve como marco para la elaboración de los Presupuestos. Los límites deben ajustarse a las reglas fiscales pactadas con la Comisión Europea y afectan al conjunto de las Administraciones públicas.
Su aprobación corresponde al Congreso de los Diputados y condiciona el margen presupuestario de las comunidades autónomas y las entidades locales. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar un incremento excesivo del endeudamiento.
