A ocho meses de las elecciones presidenciales en Francia, la clase política vuelve a mostrarse inquieta estos días sobre la injerencia extranjera en los comicios, después de la denuncia de tres candidatos por supuestas operaciones de desinformación, y el Gobierno se prepara ante una posible guerra digital impulsada desde Rusia. Como ya pasó en las pasadas municipales, cuando un informe de Reporteros Sin Fronteras destapó una decena de webs de noticias falsas, muchas de las cuales repetían la retórica del Kremlin, la zozobra vuelve ante el riesgo de que este tipo de campañas de desinformación traten de influir en el debate público y en el resultado de las urnas.
Las sospechas nacen después de que varios candidatos denunciasen recientemente una serie de operaciones de desestabilización atribuidas a redes prorrusas; Édouard Philippe, candidato de centroderecha, fue calumniado por su estado de salud, y el eurodiputado de izquierda Raphaël Glucksmann fue atacado a través de su pareja, la periodista Léa Salamé, acusada de haber sobornado a medios de comunicación para favorecer la candidatura de su marido. También el ex primer ministro Gabriel Attal, aspirante en la carrera al Elíseo, fue objetivo de varias fake news en internet que le presentaban como un enfermo de Párkinson.
El presidente Emmanuel Macron ha sido en varias ocasiones objeto de este tipo de campañas y él mismo lo ha denunciado. La más sonada fue la teoría conspiranoica de que su mujer, Brigitte Macron, es en realidad un hombre. Ante el miedo de que este tipo de operaciones puedan llegar a condicionar la opinión pública y el voto de los franceses, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió este viernes que París «no tolerará ningún intento de injerencia extranjera». Tampoco el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien presentó a finales de julio un proyecto de ley que prevé endurecer las penas para quienes difundan información falsa en un contexto electoral.
Las penas no son severas. Aquellos que formen parte de la cadena de viralización de este tipo de contenidos se enfrentarán a entre uno y tres años de cárcel, y multas de entre 15.000 y 45.000 euros. Las condenas pueden endurecerse en caso de que se corrobore que esta manipulación ha servido «a los intereses de una potencia, una empresa o una organización extranjera», afirmó en su día Lecornu.
La oposición critica la «falta de determinación»
Estas medidas nacen también después de que la oposición haya criticado en varias ocasiones «la falta de determinación» del Gobierno francés. El líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, reprochó que las presidenciales francesas se hayan convertido en «un bar abierto para todos los manipuladores del mundo», después de que su aliada, la ecologista Marine Tondelier, fuera atacada en redes por el multimillonario Elon Musk.
La líder del Partido Verde abogó recientemente por prohibir la red social X durante la campaña presidencial, alegando que esta medida era «necesaria en casos de injerencia detectada con antelación». Una petición que no sentó nada bien al magnate y dueño de X, quien la acusó de «traicionar a Francia». La red social ha sido señalada en varias ocasiones por influir en la política mediante su algoritmo, como en las elecciones de EEUU que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca.
Un planteamiento que no dista mucho del defendido por el ministro Barrot, quien llamó a ser «inflexibles ante los intentos de falsificar nuestro debate democrático mediante la promoción en línea, inauténtica, coordinada y organizada, de mensajes concebidos y elaborados en el extranjero» con el objetivo de influir en las elecciones. En este sentido, sostuvo la idea que «parte de la solución reside en regular las principales plataformas».
El ejército para combatir la injerencia
La creciente preocupación de las autoridades francesas por la injerencia extranjera, que ha ido mutando con el paso de los años, ha obligado al Ejecutivo a implementar nuevos mecanismos de defensa. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, por ejemplo, los ciberataques se han triplicado en el país, al igual que las campañas de desinformación. Según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), solo en 2024 hubo un aumento del 15% de los incidentes de seguridad, es decir, 1.361 casos, respecto al año anterior.
Hasta ahora, las autoridades francesas mantenían cierta diplomacia y se negaban a señalar a un único culpable. Sin embargo, recientemente Macron rompía con esta norma y ponía nombre al principal enemigo de Francia: Rusia. «Entre las principales amenazas identificadas por Francia están los cibercriminales, los grupos vinculados a Rusia y los actores asociados a China, que realizan campañas de espionaje, sabotaje o robo de datos», se puede leer en el informe de ANSSI.
Desde entonces, el Gobierno galo ha destinado una importante partida del presupuesto a esta lucha, creando en 2021 VIGINUM. Este organismo francés se encarga especialmente de detectar y combatir las injerencias digitales extranjeras para proteger a los ciudadanos de la manipulación en Internet.
Para este organismo, los comicios municipales del pasado mes de mayo supusieron su primera gran prueba operativa, con resultados satisfactorios en términos de detección y análisis. VIGINUM detectó cuatro operaciones de desinformación durante las elecciones: dos de cuentas prorrusas, otra de una empresa vinculada a un exmiembro de los servicios de inteligencia israelíes y otra de un actor no estatal desde Vietnam con fines «lucrativos». Respecto a las atribuidas a redes prorrusas, una iba dirigida contra el candidato macronista a la alcaldía de París, Pierre-Yves Bournazel, y la otra consistía en la creación de falsos sitios de prensa local francesa, tal y como se lee en el informe publicado por el laboratorio.
Un paso más contra la injerencia
Recientemente, el Gobierno francés ha dado un paso más contra la injerencia extranjera, expulsando del país a la comentarista prorrusa Xenia Fedorova. La exdirectora de RT había sido objeto de varias investigaciones por sus discursos en favor de las políticas de Vladímir Putin, pero no ha sido hasta esta semana cuando el Ministerio del Interior decidió emitir una orden de expulsión contra Fedorova, alegando que «su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado».
La comentarista prorrusa era hasta ahora una figura representativa de la cadena de televisión CNews, desde donde «difundía narrativas propias de campañas de desinformación orquestadas por las autoridades rusas», con el objetivo de «desestabilizar el orden público», afirman las autoridades. Su expulsión dice más sobre el endurecimiento de la postura francesa frente a las operaciones de influencia extranjera que sobre un caso aislado.
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