Ha costado años, pero ya está aquí. La Unión Europea alumbró a mediados de 2024 su pionera normativa de la inteligencia artificial, conocida como AI Act, que la regula según los riesgos que supongan sus usos. Sin embargo, la mayoría de sus requisitos más esperados no empezarán a aplicarse hasta hoy, domingo 2 de agosto de 2026. Obligaciones que afectan a empresas de distintos sectores y a la administración pública y que cambiarán cómo los ciudadanos interactúan con la IA. A continuación, elaboramos una guía para esclarecer lo que sucederá.
Antes de empezar, es crucial entender que la ley europea de IA entra en vigor de forma escalonada, por etapas. En febrero de 2025 se prohibieron los usos de esta tecnología considerados inaceptables, como la manipulación, la puntuación social o el perfilado biométrico de los ciudadanos. Y en agosto de ese año fue el turno de las obligaciones para los modelos de propósito general, como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) o Gemini (Google), que deben adoptar medidas de transparencia, así como notificar y mitigar sus riesgos.
Las normas que entran en vigor este domingo son todas aquellas que aún no estaban vigentes. Con un asterisco importante: el pasado junio, la UE aprobó definitivamente su Ómnibus Digital, una polémica reforma legislativa que afecta a la AI Act y que aplaza a finales de 2026, 2027 y 2028 prohibiciones como las que afectan a los sistemas de IA que generan deepfakes sexuales no consentidos y las obligaciones que limitarán el despliegue de aplicaciones de alto riesgo. Aquí puedes consultar el calendario previsto para ese despliegue gradual de la ley.
¿Qué cambia este domingo?
A partir del 2 de agosto, la relación de los europeos con la IA cambiará. ¿Cómo? Con el Artículo 50, la UE obligará a las empresas que desarrollan y proveen modelos de IA generativa —aquellos entrenados para crear texto, imágenes o audio— a marcar sus contenidos para identificar que son sintéticos, regurgitados por una máquina.
También exigirá a toda empresa o administración que despliegue un chatbot o asistente conversacional a informar claramente a los usuarios de que están interactuando con una IA. Deberán hacer lo mismo con el texto generado por IA con el propósito de informar al público, desde notas de prensa a comunicados para inversores.
El etiquetado «puede facilitar que los usuarios se detengan antes de creer o compartir» un contenido. «El problema es que una etiqueta puede eliminarse, pasar inadvertida o incluso utilizarse para desacreditar contenidos auténticos», explica el emprendedor catalán Pau Garcia-Milà. «Comprobar las fuentes y valorar el contexto seguirá siendo imprescindible».
Un usuario consulta ‘apps’ de chatbots de IA como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Perplexity, Copilot (Microsoft), Meta AI, Grok (xAI) o DeepSeek. / Philip Dulian / DPA
La ley contempla otras obligaciones de transparencia como forzar a quienes difunden deepfakes a indicar que lo son e informar del uso de IA para detectar emociones o realizar categorizaciones biométricas. Eso afectará, por ejemplo, a las empresas de recursos humanos que utilicen estos sistemas para las entrevistas de trabajo a candidatos o para campañas de marketing o propaganda política que recurran a imágenes generadas con IA.
Para curarse en salud, la AI Act establece que todas estas advertencias deben ser claras, visibles y comprensibles; nada de esconder los avisos en los apartados de condiciones legales que los usuarios no suelen consultar. Google y Meta ya han firmado un código voluntario de buenas prácticas para cumplir con estas obligaciones.
Con estas medidas, Bruselas pretende dar más información a los usuarios europeos, limitar la proliferación de contenidos engañosos y neutralizar el antropomorfismo de la IA, la tendencia a atribuir sentimientos, intenciones y rasgos humanos a la tecnología. Mediante el diseño de sus aplicaciones, Silicon Valley ha promovido este fenómeno, que puede reforzar sesgos cognitivos, alimentar problemas psicológicos e incluso causar episodios de delirio.
El establecimiento de un marco regulatorio harmonizado «puede generar confianza y favorecer una adopción más sólida y segura» de la IA, asegura Garcia-Milà, que la ve con optimismo. La ley «ofrece a las empresas la oportunidad de revisar cómo utilizan la IA, documentar los procesos, establecer responsabilidades, revisar proveedores, definir políticas internas y formar a sus equipos», una actualización de su modus operandi que les permitirá adaptarse a la nueva era tecnológica garantizando el respeto de los derechos fundamentales. «No creo que vaya a frenar la innovación de forma general, aunque sí puede exigir más trabajo y recursos al principio», añade el fundador y codirector ejecutivo de la escuela de negocios en línea Founderz.
La ley da más fuerza a las autoridades para hacer que se cumpla. Así, la Comisión Europea puede investigar, auditar y exigir información a todas las empresas que comercialicen IA en la UE. «Auditarlos no será sencillo. Son modelos complejos, evolucionan con rapidez y ofrecen poca transparencia», añade Garcia-Milà. «La eficacia real dependerá de que los organismos supervisores dispongan de recursos, conocimiento técnico y acceso suficiente».
En los casos que determine una violación de las normas se reserva el derecho a establecer multas de unos 15 millones de euros o del 3% de su facturación global e incluso bloquear y retirar del mercado aquellos modelos que puedan suponer un peligro.
También aportará más herramientas para que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones por los potenciales efectos dañinos de la IA, así como garantizar la protección de los whistleblowers, trabajadores de las compañías tecnológicas que decidan denunciar con conocimiento interno un uso indebido de los sistemas que comercializan.
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