La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres que disponía de dos viviendas en Santa Pola en las que se ofrecían, a través de anuncios en internet, servicios sexuales a cualquier hora y día de la semana. Para ello, tenían a las mujeres recluidas sin poder salir y una de ellas, que además estaba con su hijo menor de edad, fue la que denunció los hechos que dieron origen a la investigación policial.
En la operación, realizada por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Alicante, fueron detenidas seis personas en Santa Pola y Elche y al menos dos mujeres han declarado como testigos protegidas para denunciar la situación de explotación sufrida.
La UCRIF inició la investigación después de que tres mujeres de origen sudamericano se escaparan de una vivienda donde ejercían la prostitución para un grupo que las explotaba y se quedaba con gran parte de las ganancias. Una de estas mujeres acudió a la Policía Nacional y denunció la situación que había vivido junto a su hijo menor de edad, con quien tenía que dormir en un patio interior del domicilio. Relató que la captaron en Bilbao con una oferta para realizar masajes, pero una vez en Santa Pola comprobó que se trataba de dos prostíbulos controlados por un mismo grupo.
Tres meses sin salir de la casa
Según la denunciante, llevaba más de tres meses en una de las viviendas y no les dejaban salir. Las tenían atemorizadas con amenazas de hacer daño a sus familias en sus países de origen y ella afirmó que solo salió en una ocasión para ir al médico y la acompañaron.
Asimismo, la mujer afirma que también le amenazaron con acudir a la Guardia Civil si se marchaba de la casa para que la deportaran a su país y su hijo se quedara solo. Según la investigación policial, se aprovechaban de su extrema necesidad para explotarlas sexualmente.
La Policía se dispone a realizar uno de los registros. / INFORMACIÓN
Aunque les decían que la mitad de las ganancias eran para ellas, les quitaban dinero con cualquier excusa, como el coste de los preservativos, la luz, internet, comida o las sustancias estupefacientes que les facilitaban «para mantenerlas drogadas», según la investigación policial.
La primera testigo protegida, a la que se sumó con posterioridad una segunda víctima más, afirmó a la Policía que cuando se escapó del prostíbulo le debían 5.000 euros del dinero obtenido mediante el ejercicio de la prostitución.
Las condiciones de trabajo eran extremas: 24 horas disponibles los siete días de la semana. No podían negarse a tener encuentros con ningún cliente y eran obligadas a practicar sexo oral sin preservativo. En una ocasión, según la denunciante, tuvo una infección vaginal y le indicaron que no dijera nada a los clientes.
Además del dinero que les quitaban de cada servicio, los investigados también se apropiaban de las propinas que dejaban algunos clientes. El precio establecido en los dos prostíbulos registrados por la Policía era de 50 euros por media hora, 100 la hora y 160 dos horas. A los clientes también los vendían droga y medicamentos para la disfunción eréctil. Por estas últimas pastillas cobraban entre 30 y 50 euros la unidad.
A raíz de la denuncia, la Policía Nacional estuvo realizando vigilancias antes de proceder a la fase de explotación de la operación, ejecutada el pasado marzo en Santa Pola. Los detenidos fueron una mujer colombiana de 44 años considerada la responsable del grupo junto con su pareja, un español de 45 años también apresado. Otros dos detenidos se encargaban del control de las víctimas y de trasladar en coche a las mujeres cuando eran requeridas para servicios a domicilio. Un quinto implicado se encargaba de los anuncios en webs donde ofertaban los servicios y de suministrar droga, mientras que el sexto apresado también facilitaba sustancias estupefacientes.
La investigación policial sobre el grupo tras las detenciones ha desvelado que, al margen de los pagos con dinero en efectivo, la cuenta de la mujer considerada la cabecilla recibió en un año y diez meses unas quinientas transferencias por un importe total de más de 58.000 euros. Dichos pagos fueron realizados por hombres en el 90% de los casos y se llevaron a cabo en horario nocturno y fines de semana.
Aunque en el momento del registro policial solo había una mujer en las viviendas, la Policía ha analizado documentación que acredita el paso de 18 mujeres diferentes por las dos viviendas de Santa Pola utilizadas como prostíbulos.
Durante los registros la Policía intervino más de 10.000 euros en efectivo, dos gramos de cocaína, tres gramos de «tusi» o «cocaína rosa», 22 pastillas de sildenafilo, tres teléfonos móviles y documentación.
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