En plena ola de calor, a las puertas de las vacaciones y con siete meses del ejercicio ya consumidos, el PP y Vox han dado luz verde definitiva este miércoles a las cuentas autonómicas de 2026 con sus 39 votos a favor y los 26 en contra del PSOE y Unidas. Nunca antes Extremadura había cerrado un curso político aprobando los presupuestos de la Junta. Y nunca antes, tampoco, ese presupuesto había salido adelante sin incorporar una sola enmienda de la oposición.
La votación pone fin al largo proceso político abierto por el fracaso del anterior proyecto presupuestario, que llevó a María Guardiola a adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre de 2025. El debate sobre las cuentas que desencadenó aquella convocatoria anticipada cierra ahora el curso parlamentario, aunque con una vigencia excepcionalmente corta y sin dar margen a las propuestas del PSOE o Unidas por Extremadura. El presupuesto de 2026 no solo certifica así la mayoría parlamentaria de la coalición, sino también la distancia política que la separa de los dos grupos de la izquierda.
La cifra más alta de la historia
El presupuesto asciende a 8.854 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Pero más allá de su volumen, las cuentas proporcionan a PP y Vox el instrumento económico con el que desplegar su acuerdo de gobierno. «Por fin se empieza a dar cumplimiento a todas esas medidas que vienen reflejadas en ese pacto», ha señalado el vicepresidente y consejero de Vox, Óscar Fernández. La primera premisa del acuerdo, según ha recordado, es «dar estabilidad a esta región a través de estos primeros presupuestos».
El PP las presenta como un nuevo impulso a la transformación iniciada en 2023, asentada en el refuerzo de los servicios públicos, el apoyo a las empresas, la creación de empleo, la atracción de inversiones y una política fiscal dirigida a reducir la carga sobre familias y trabajadores.
Nuevas rebajas fiscales
El presupuesto profundiza en ese último eje con nuevas rebajas fiscales. Incluye una reducción del tramo autonómico del IRPF y amplía los beneficios en el impuesto de sucesiones y donaciones a las herencias entre tíos y sobrinos, además de mantener las bonificaciones aprobadas durante los últimos años.
Vox, por su parte, destaca el aumento de los recursos destinados a las familias, la natalidad, el campo, la tauromaquia o la caza, así como la reducción de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales, cooperación internacional y entidades relacionadas con la atención a migrantes. En declaraciones previas al pleno, Óscar Fernández Calle ha resumido ese planteamiento asegurando que a su partido «nunca le ha temblado el pulso para eliminar gasto superfluo».
Fotogalería | Imágenes del pleno de presupuestos en la Asamblea, este miércoles / Javier Cintas
La prioridad nacional
El presupuesto, sin embargo, no traduce de manera expresa una de las medidas más polémicas del pacto: el principio de prioridad nacional para acceder a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. En las 36 enmiendas ya incorporadas al dictamen por el PP y Vox en la Comisión de Hacienda, las cuentas tampoco representan una desaparición completa de todos los programas que la formación de Santiago Abascal había situado entre sus objetivos.
Parte de las cantidades eliminadas o reducidas en las consejerías dirigidas por la formación reaparecen bajo otras denominaciones o dentro de departamentos gestionados por el PP, como es el caso de las ayudas a los colectivos ecologistas o el programa LGTBI de familias diversas. Más que una supresión total de esas políticas, hay un desplazamiento de gestión hacias las áreas del PP para su encaje administrativo.
El bloque de la izquierda
PSOE y Unidas han utilizado estas contradicciones para cuestionar tanto el relato económico como el alcance transformador de las cuentas. Los socialistas las consideran «insolidarias e injustas», critican que las rebajas tributarias beneficien a quienes más tienen y sostienen que su tardía aprobación impedirá ejecutar una parte sustancial de las nuevas medidas.
Unidas, además de compartir esa censura fiscal, acusa al Gobierno de priorizar el gasto político y las concesiones ideológicas a Vox frente a la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia.
Fotogalería | Imágenes del pleno de presupuestos en la Asamblea, este miércoles / Javier Cintas
Una sesión condensada
El debate de enmiendas parciales de los presupuestos suele distribuirse en dos jornadas, pero esta vez sus señorías han optado por condensarlo en una única sesión ante el reducido volumen de propuestas presentadas: no se han superado las 700, frente a las más de 1.500 que han llegado a registrarse en ejercicios anteriores.
Según el PP, el de 2026 es el presupuesto «que menos enmiendas parciales» ha recibido en la historia de la Junta, cifra que su portavoz de Hacienda, Hipólito Pacheco, ha interpretado como un aval de la oposición a «las mejores cuentas posibles» para Extremadura.
Finalmente, las 622 enmiendas del PSOE y Unidas que iban a pleno han sido rechazadas sin que la Junta haya ofrecido siquiera la posibilidad de abrir el diálogo con textos transaccionales, lo que a su vez ha motivado el rechazo del bloque de izquierdas al dictamen.
El debate ha sido largo, monótono y aburrido, aunque más rápido de lo previsto. Solo a última hora de la tarde la discusión ha derivado en bronca y descalificaciones a cuenta de la prioridad nacional o los casos de corrupción del PSOE y también del PP, después de que la socialista Soraya Vega recordara a Vox ante sus reiteradas menciones a Pedro Sánchez el parentesco entre José María Figaredo (responsable nacional de Economía y Energía de Vox, y uno de los artífices del pacto de gobierno extremeño) y Rodrigo Rato.
Ante su intransigencia con las parciales, el PP y Vox responden que la oposición no ha planteado correcciones parciales, sino «una enmienda a la totalidad encubierta» para volver a las «viejas fórmulas del pasado». «Que no se alarmen los extremeños, porque todas las recetas comunistas tienen alternativas», ha asegurado la diputada de Vox Eva García Alegre.
La ejecución y las cuentas de 2027
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha rechazado que la tardía aprobación vaya a impedir la aplicación de las cuentas.
Pleno de presupuestos en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES
«El presupuesto ya se está ejecutando. Es mentira que no se está ejecutando», ha afirmado. Según ha defendido, buena parte de las partidas ya estaba en marcha a través de las modificaciones de crédito aplicadas al presupuesto prorrogado de 2024, por lo que la ley entrará en vigor con «la mayor ejecución de los últimos diez años». Una vez publicada, se incorporarán las novedades y los ajustes introducidos durante su tramitación.
El calendario obliga ahora a enlazar prácticamente un presupuesto con el siguiente. La Junta ya prepara las cuentas de 2027, que deberán comenzar su recorrido parlamentario después del verano. Si el presupuesto de 2026 ha servido para cerrar de manera excepcional el curso político, el de 2027 está llamado a abrir el nuevo y a medir, esta vez con un ejercicio completo por delante, la capacidad de PP y Vox para trasladar a la gestión las medidas de su acuerdo de gobierno.
Fuente: El Periódico de Extremadura
