La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han mostrado de acuerdo en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio.
En una reunión mantenida este viernes en la sede del ministerio público, ambas han analizado las vías para garantizar la protección de los derechos de estos menores y han incidido en que cualquier actuación debe realizarse preservando con todas las garantías el interés superior de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos. según han informado ambos departamentos.
Tanto Rego como Peramato han coincidido en que las niñas son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde el día de la entrada masiva, se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta y en el 40 % de los casos las víctimas han sido menores no acompañadas.
La ministra ha informado a la fiscal general de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para que se pueda realizar ese traslado de los menores «en el menor tiempo posible», y ha insistido en que ese traslado contribuiría a garantizar unas «condiciones adecuadas para su atención y bienestar» y, al mismo tiempo, permitiría «aliviar» la situación que atraviesa Ceuta.
Ambas han subrayado que el ordenamiento español e internacional obliga a que cualquier actuación que afecte a los menores debe tener como prioridad el interés superior del menor.
En el encuentro, Peramato ha explicado algunos detalles del decreto que dictó el pasado 7 de agosto con una serie de pautas de actuación para asegurar la protección de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta, en tanto que Rego ha abogado por avanzar en una respuesta que sitúe los derechos de la infancia en el centro y que cuente «con la corresponsabilidad» de todas las administraciones públicas.
Durante la reunión también se han abordado las dificultades expuestas en la memoria de la Fiscalía para llevar a cabo procesos de reagrupación familiar en Marruecos, así como los datos de la evolución de la delincuencia juvenil.
Además, Peramato y Rego han tratado los avances y retos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención detección y protección de la violencia en la infancia y han intercambiado pareceres sobre la nueva ley orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales que se tramita actualmente en el Congreso.
Fuente: El Periódico
