La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las diligencias abiertas contra la secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, tras concluir que los hechos investigados por el ‘caso Sosa’ (en relación al sueldo recibido como cargo público con dedicación exclusiva por el consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote en el pasado mandato, el médico Juan Manuel Sosa) no son constitutivos de infracción penal.
La decisión pone fin a la investigación iniciada tras la denuncia promovida por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y ha sido comunicada mediante un decreto del fiscal instructor que ordena el «inmediato archivo de las diligencias», según la información difundida por el PSOE de Lanzarote.
La Fiscalía descarta la existencia de un delito
De acuerdo con la resolución citada en la nota de prensa, la Fiscalía del Tribunal Supremo considera que los hechos analizados no presentan relevancia penal, motivo por el que acuerda el cierre de las diligencias.
El documento, según el PSOE de Lanzarote, realiza una exposición de los hechos antes de concluir que no existen elementos que permitan apreciar la comisión de un delito.
Con esta decisión, la investigación queda archivada en el ámbito de la Fiscalía, sin que prospere la denuncia presentada contra la dirigente socialista.
Corujo asegura que siempre defendió el carácter político de la denuncia
Tras conocer el archivo, María Dolores Corujo manifestó su satisfacción por la decisión adoptada por el Ministerio Fiscal.
La dirigente socialista afirmó que desde el inicio sostuvo que la denuncia tenía una motivación política y aseguró que su finalidad era intentar impedir su candidatura. En sus declaraciones, Corujo considera que el archivo de las diligencias respalda la posición que ha mantenido durante todo el procedimiento.
Asimismo, recordó que en enero de 2026 el presidente del Cabildo de Lanzarote nombró director insular de la Presidencia a David Montes, abogado vinculado al grupo de Coalición Canaria en la institución insular.
Según explicó Corujo, semanas después de ese nombramiento se le encomendó el estudio del expediente relacionado con Juan Manuel Sosa, tras lo cual terminó presentándose la denuncia que ahora ha sido archivada.
La diputada sostiene que la resolución de la Fiscalía concluye que la actuación que desarrolló fue la única que permitía la legislación vigente.
Anuncia posibles acciones legales
La secretaria insular del PSOE también adelantó que en los próximos días dará a conocer las medidas que estudia adoptar como consecuencia de este procedimiento.
En sus declaraciones, cuestionó la contratación del abogado encargado de presentar la denuncia y criticó el uso de recursos públicos para impulsar actuaciones judiciales que, a su juicio, carecían de fundamento.
Corujo aseguró además que el procedimiento provocó durante varios meses un perjuicio tanto para ella como para su entorno familiar, debido a la repercusión pública del caso y a las informaciones difundidas durante ese periodo.
En este sentido, afirmó que ninguna comunicación posterior puede compensar el impacto que, según sostiene, tuvieron las sospechas generadas durante la investigación.
El archivo no implica un pronunciamiento sobre responsabilidades políticas
El decreto de archivo comunicado por la Fiscalía se refiere exclusivamente a la inexistencia de indicios de infracción penal en los hechos investigados.
La resolución conocida este martes no aborda posibles responsabilidades de carácter político o administrativo, sino que se limita al análisis penal realizado por el Ministerio Fiscal.
Por el momento, desde la información facilitada en la nota de prensa no consta una valoración pública de Oswaldo Betancort o del Cabildo de Lanzarote sobre la decisión adoptada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La propia María Dolores Corujo ha señalado que serán sus servicios jurídicos quienes determinen las actuaciones que puedan emprenderse tras el archivo de las diligencias.
Un procedimiento ya concluido en la Fiscalía
Con el decreto del fiscal instructor, la investigación impulsada a raíz de la denuncia queda archivada en sede de la Fiscalía al no apreciarse la existencia de un delito.
El caso adquiere relevancia política al afectar a dos de los principales representantes institucionales de Lanzarote, en un contexto de confrontación entre el PSOE y Coalición Canaria en la isla. No obstante, la resolución comunicada se circunscribe al ámbito jurídico y concluye que los hechos denunciados no constituyen una infracción penal.
