La Unió Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha la creación de un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno que atravesará la Comunidad Valenciana, y que en el caso de la provincia de Alicante alcanzará a 23 municipios. El objetivo es defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias por las que pase esta conducción. La construcción de esta infraestructura y adaptación de la existente se prevé entre 2028 y 2029.
El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros en la Comunidad Valenciana y afectará a 100 municipios de las tres provincias. Un total de 23 corresponden a la provincia de Alicante, concretamente Agost, Albatera, Alicante, Alcoy, Alfafara, Banyeres, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi para enlazar con el tramo de Murcia.
No obstante, desde la entrada por Cataluña y hasta Montesa o Albaida y desde Tibi-Xixona hasta Murcia no se va a expropiar porque se pretende utilizar el conducto ya hecho y que transcurre paralelo al transporte de gas natural. Desde Montesa-Albaida hasta Tibi-Xixona es donde probablemente se tengan que hacer más actuaciones expropiatorias.
El secretario genera de La Unió, Carles Peris. / INFORMACION
La organización agraria señala que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser compatible con la protección del sector agrario y del territorio. En este sentido, recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas.
Con este objetivo, La Unió mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para exigir que todo el proceso se desarrolle con las máximas garantías y reclamará, entre otras cuestiones, indemnizaciones justas, calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de explotaciones y cultivos afectados, así como la minimización de los perjuicios durante la ejecución de las obras, garantizando el acceso a las parcelas, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y el normal desarrollo de la actividad agrícola.
También la correcta restauración de los terrenos una vez finalizados los trabajos, incluyendo la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas.
Para La Unió, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano». La organización insiste en que cualquier infraestructura de interés general debe incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial, garantizando que los agricultores no sean quienes soporten el coste de estas actuaciones.
Transparencia
Asimismo, La Unió subraya que el corredor de hidrógeno es un proyecto estatal que atravesará un centenar de municipios valencianos, muchos de ellos con una elevada dependencia de la agricultura y la ganadería. Por ello, reclama a las administraciones públicas que velen por un procedimiento expropiatorio transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes que eviten pérdidas irreparables para las explotaciones afectadas.
La Unió hace un llamamiento a todos los propietarios de fincas afectadas para que se incorporen a este colectivo, con el fin de reforzar la defensa conjunta de sus derechos durante todo el proceso. La organización ofrecerá además asesoramiento técnico y jurídico a los afectados y continuará informando sobre la evolución del proyecto para garantizar que ningún propietario quede desprotegido frente a la Administración o la empresa promotora.
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