- Vehículos Transporte Oruga Acorazado (TOA) del Ejército de Tierra
- Adjudicado el contrato un año y medio después
- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- Dudas en el Ejército sobre la viabilidad de la oferta
- El tribunal anula la adjudicación
- Guerra entre empresas de repuestos y mantenimiento de vehículos militares
- Retrasos e incumplimientos
- Sorteo de desempate y un 100% de trabajadores con discapacidad
- Un recurso tras otro: hasta tres adjudicaciones distintas
- Acusaciones de fraude de ley y sociedades pantalla
- Recursos constantes
- Un caso polémico sobre la solvencia
- La CNMC las multó por repartirse licitaciones de Defensa
Vehículos Transporte Oruga Acorazado (TOA) del Ejército de Tierra
El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra abrió en julio de 2024 una licitación para contratar el servicio de “Apoyo al mantenimiento integral de la familia TOA del ET”.
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Se trataba de encargar a una empresa ciertas tareas de mantenimiento técnico de los vehículos Transporte Oruga Acorazado del Ejército de Tierra.
La mesa de contratación recibió cuatro ofertas, de otras tantas empresas o uniones temporales de empresas: Comercial Hernando Moreno-Cohemo, SLU (Cohemo); Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, SA (JPG); Integración Tecnológica Empresarial, SL (ITE); y Madzeal SL (Madzeal), que concurría en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Casli, SAU (Casli) y que había aportado compromisos de integración de solvencia con las empresas Duma Engineering Group SL, Caldemeca SL y TDMED Power Systems SL.
Todas las empresas fueron admitidas y presentaron sus ofertas.
La mesa de contratación celebró varias reuniones, analizó distintos informes técnicos, excluyó a ITE, invitó a las otras tres empresas a que ratificaran o mejoraran sus ofertas, detectó que algunas ofertas podían incurrir en presunción de oferta anormalmente baja y pidió que justificaran esa baja.
Adjudicado el contrato un año y medio después
Después de un año y medio de procedimiento de licitación, y de un recurso que fue desestimado, el el Jefe de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra dictó el 2 de febrero de 2026 resolución de adjudicación del expediente a favor de la UTE Casli-Madzeal.
El importe de adjudicación ascendió a 6 millones de euros.
Podría pensarse que ahí acabó el procedimiento: una vez adjudicada la licitación por el Ejército de Tierra, las empresas ganadoras del concurso se podrían a trabajar en el apoyo al mantenimiento de los vehículos TOA.
Pero no ha sido así: de hecho, la licitación ha dado pasos hacia atrás.
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG interpuso un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del contrato. Hay que señalar que esta empresa había quedado segunda en la valoración final de la mesa de contratación.
Esos recursos los resuelve el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y mientras se resuelven, el procedimiento queda suspendido: también ocurrió en este caso.
JPG solicitó la anulación de la adjudicación del contrato, “al haberse realizado en favor de una oferta que no cumple los requisitos técnicos mínimos exigidos, que presenta deficiencias esenciales en la acreditación de la solvencia y de los medios personales y materiales, y que no ha constituido correctamente la garantía definitiva en los términos exigidos por la normativa aplicable”.
Comenzó así una batalla de argumentos sobre si Madzeal-Casli habían justificado suficientemente la viabilidad de su oferta.
Dudas en el Ejército sobre la viabilidad de la oferta
Los órganos del Ejército de Tierra habían expresado sus dudas “ostensibles” sobre la viabilidad de la oferta.
Por ejemplo, Madzeal-Casli habían ofertado un precio de 2,19 euros por hora de trabajo, “cifra que el propio informe califica de no realista en ningún supuesto y que se sitúa muy por debajo del salario mínimo interprofesional vigente para 2025 (9,07 €/hora brutos)”.
Además, “el informe concluye que, considerada la oferta en su conjunto, la empresa «puede asumir que incurrirá en pérdidas» si se le solicita ejecutar este tipo de servicios”.
Pese a esas objeciones que encontró el Mando de Apoyo Logístico del Ejército, acabó confirmando que la oferta era viable.
Pero durante la resolución del recurso, las partes cruzaron argumentos por ello: JPG, Madzeal-Casli, el Ejército de Tierra…
El tribunal anula la adjudicación
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales consideró que “las consideraciones precedentes deben, necesariamente, llevar a la estimación del motivo, en tanto, como advierte el recurrente, el informe técnico aprecia insuficiencias en la justificación de la oferta del adjudicatario que no son posteriormente integradas con las circunstancias que se consideren ventajosas para integrar un juicio fundado sobre la viabilidad de la oferta”.
A su juicio, “la conclusión de que la oferta «queda justificada» no aparece como el resultado de un razonamiento que pueda reconstruirse a partir de las premisas expuestas, sino como una decisión que precede y se impone al análisis, antes que derivarse de él”.
En la resolución del recurso dictada el 17 de junio señala que “la conclusión” de que la oferta de Madzeal-Casli sí era viable “se presenta como expresión de una voluntad que se basta a sí misma, sin que la motivación -que debería ser la razón que sustenta la decisión- cumpla efectivamente esa función, quedando reducida a un mero conjunto de observaciones yuxtapuestas que no condicionan ni explican el resultado alcanzado”.
Por eso el tribunal decide “estimar en parte” el recurso interpuesto por Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG contra la adjudicación del procedimiento de contratación de “Apoyo al mantenimiento integral de la familia TOA del ET”, convocado por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, “y anularlo, ordenando la retroacción del procedimiento con el fin de que la justificación realizada por la adjudicataria de su oferta reputada anormalmente baja sea evaluada en los términos contemplados en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente resolución”.
Casi dos años después de lanzar la licitación en julio de 2024, el Ejército de Tierra tiene ahora que retrotraer las actuaciones para que se complete la motivación de la aceptación y viabilidad de la proposición incursa inicialmente en presunción de oferta anormalmente baja.
Mientras tanto, lógicamente, Madzeal y Casli no han prestado apoyo al mantenimiento integral de los vehículos TOA.
Guerra entre empresas de repuestos y mantenimiento de vehículos militares
Esta batalla administrativa no es una excepción. Es un caso más de una guerra que enfrenta a varias empresas que suelen presentar ofertas a las licitaciones para suministrar repuestos y prestar servicios de mantenimiento a los vehículos del Ejército de Tierra.
Confidencial Digital ya se hizo eco en marzo de este año del “Análisis de la dificultad de obtención de repuestos para los materiales principales del Ejército de Tierra”.
Lo elaboró el teniente coronel Alfonso Martínez Martínez, oficial que ha mandado unidades de Artillería, ha ocupado puestos logísticos en la Brigada Logística y ha sido profesor en la Academia de Logística (Calatayud, Zaragoza) y subdirector de la Academia General Básica de Suboficiales.
Este oficial dedicó su trabajo del Curso de Alta Gestión Logística a analizar el mantenimiento de los materiales principales del Ejército de Tierra.
Analizó la situación de varios programas de armas:
— Carro de combate Leopardo
— Vehículo de Combate de Infantería VCI Pizarro
— Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) / Vehículo de Exploración de Caballería (VEC)
— Vehículo de Combate de Caballería VCC Centauro
— Obús autopropulsado (ATP) M 109
— Sistema antiaéreo y antimisil de gran altura Patriot
— Sistema antiaéreo y antimisil de media altura Hawk
Retrasos e incumplimientos
El teniente coronel apuntó algunos problemas que, precisamente, coinciden con los obstáculos detectados en resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre contratos de suministro de repuestos y de servicio de mantenimiento, sobre todo a vehículos del Ejército de Tierra:
— “No hay solapes entre los acuerdos marco que finalizan y los nuevos por diferentes motivos (recursos de empresas, plazos, etc)”.
— “No hay limitaciones en el descuento que puedan hacer las empresas al tarifario en sus ofertas (pueden hacer descuentos de hasta el 99%), lo que les ayuda a ganar el contrato, pero que luego les impide cumplirlo por estar el precio de los repuestos muy por debajo del coste real”.
El oficial planteó “limitar los descuentos en los acuerdos marco ya que permiten a los proveedores ganar los contratos y luego no suministrar los repuestos con descuentos excesivos, muy por debajo del precio real, y que produciría perdidas a dicho empresa si los suministrara”.
Y es que los recursos especiales en materia de contratación son muy frecuentes en este tipo de licitaciones, a las que suelen concurrir siempre las mismas empresas: Cohemo, JPG, ITE, Madzeal, Casli, Alfariver Defense SL (antes denominada Star Defence Logistics & Engineering SL, SDLE)…
La adjudicación a una de ellas provoca en muchos casos que una o varias de las empresas que no se llevan el contrato interpongan recursos especiales en materia de contratación.
La presentación de uno recurso de este tipo conlleva la suspensión del procedimiento. Eso retrasa la entrada en vigor del servicio o del suministro que el Ejército de Tierra necesita para mantener operativos distintos tipos de vehículos militares.
Sorteo de desempate y un 100% de trabajadores con discapacidad
El Mando de Apoyo Logístico abrió en septiembre de 2023 una licitación para la “Adquisición de repuestos de los vehículos de la familia BMR/VEC del Ejército de Tierra”, con un presupuesto base de licitación sin impuestos de 14.876.033,07 euros y un valor estimado del contrato 24.793.388,45 euros.
En la valoración de las ofertas, quedaron empatadas en la valoración los dos licitadores: por un lado Maxim Invest Solutions SL, y por otro la UTE formada por Defensa y Logística Aplicada SL y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa SL (en adelante UTE DLA-MISD).
Se produjo una situación llamativa: “Quedaron nuevamente empatadas al tener un 100% de trabajadores fijos con discapacidad. De acuerdo con el pliego, se procedió a deshacer el desempate mediante sorteo, decidiéndose este en favor de Maxim Invest Solutions SL”.
En su momento fue muy comentado que estas empresas certificaran que el 100% de sus trabajadores fijos tuvieran discapacidad, y que luego el desempate se deshiciera con un sorteo.
Un recurso tras otro: hasta tres adjudicaciones distintas
La UTE perdedora, DLA-MISD, presentó un recurso especial en materia de contratación.
Tuvo éxito: el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó parcialmente el recurso, anuló la adjudicación a Maxim Invest Solutions SL y ordenó excluirla por no reunir los requisitos de aptitud para contratar exigidos por los pliegos.
Más recursos: Maxim Invest Solutions interpuso un recurso contencioso-administrativo “que se sigue ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional”.
Mientras tanto, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra retomó el procedimiento.
Adjudicó dos lotes a la segunda empresa clasificada, Madzeal, en septiembre de 2024.
Y de nuevo la UTE de Defensa y Logística Aplicada SL con Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa SL impugnó la adjudicación, con un recurso en octubre de 2024.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de nuevo, estimó el recurso: anuló la adjudicación a Madzeal y ordenó retrotraer el procedimiento.
El caso se convirtió en un bucle. El Ejército adjudicó (tercera adjudicación) los dos lotes del contrato a la unión de empresas DLA-MISD, y entonces fue Madzeal la que presentó un recurso en materia de contratación.
Acusaciones de fraude de ley y sociedades pantalla
Madzeal hizo una serie de acusaciones, algunas graves, para tratar de anular la adjudicación.
— “La UTE DLA-MISD ha sido creada por COHEMO y SDLE como un mero intermediario sin solvencia técnica y a través de un fraude de ley”.
— “El propósito de MAXIM y de la UTE DLA-MISD no es prestar el contrato objeto de licitación sino servir de instrumento para resultar fraudulentamente adjudicatarias del contrato y que, una vez adjudicado, éste sea ejecutado, en el caso de MAXIM por Grupo JPG y, en el caso de la UTE DLA-MISD por COHEMO y SDLE”.
— “Tanto Grupo JPG como COHEMO y SDLE son empresas grandes del sector por lo que, atendiendo a su elevado número de empleados y los escasos empleados con discapacidad incluidos en sus plantillas, su porcentaje de empleados con discapacidad es muy reducido. Ambas empresas, en vez de presentarse a la licitación y aportar los datos reales de sus empleados, diseñan un fraude de ley consistente en licitar a través de licitadores pantalla: sociedades pertenecientes a ellas, recién constituidas, con los mismos administradores, carentes de solvencia técnica propia y, sobre todo, sin apenas trabajadores. A través de estos licitadores pantalla, ambas empresas consiguen que su porcentaje de personal con discapacidad no se calcule respecto de su porcentaje real de empleados sino de la plantilla ínfima de estos licitadores pantalla”.
El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra presentó un largo escrito contra los argumentos de Madzeal.
El tribunal no aceptó los argumentos de Madzeal. En una resolución de enero de 2026 dejó escrito que “ni DLA forma parte de un grupo de empresas con Cohemo ni MISD forma parte de un grupo de empresas con SDLE”.
Fue descartando todas las acusaciones de Madzeal. “Una vez retrotraídas las actuaciones, tal y como consta en el expediente administrativo, se ha aportado toda la documentación necesaria para que a juicio de la mesa conste acreditada la solvencia necesaria, cuyo criterio técnico y objetivo debe prevalecer sobre el subjetivo y parcial interesado de la recurrente Madzeal”.
Por eso desestimó el recurso y levantó la suspensión del procedimiento de contratación.
Días después, el 25 de febrero de 2026, el Mando de Apoyo Logístico formalizó el contrato. Habían pasado dos años y medio desde que comenzó la licitación.
La UTE de las empresas Defensa y Logística Aplicada SL y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa SL se encargará de suministrar repuestos de los vehículos de la familia BMR/VEC del Ejército de Tierra, en dos lotes, cada uno por 9 millones de euros.
Recursos constantes
Un repaso sólo al último año permite comprobar que los recursos cruzados entre estas empresas son muy habituales.
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Mantenimiento y Reparación de conjuntos y subconjuntos, Vehículos ANIBAL y Remolques y Plataformas del PCMVR 2
Un contrato de 3,6 millones de euros, publicado el 10 de marzo de 2025.
Presentaron ofertas Cohemo, Compañía de Rectificados de Córdoba SA, JPG, ITE, Alfariver (SDLE) y VT Proyectos SL.
El Ejército adjudicó el contrato a JPG. Alfariver recurrió y logró que el tribunal anulara la adjudicación a JPG y ordenara retrotraer las actuaciones para volver a valorar las ofertas.
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Apoyo al mantenimiento del Iveco LMV Lince
El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra iba a adjudicar el contrato al Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, SA.
Pero analizó la documentación y comprobó que JPG “no presenta correctamente la documentación que se le solicitó en la Resolución de Clasificación”.
Así que finalmente excluyó del procedimiento a JPG y propuso adjudicar el contrato a la segunda empresa clasificada: Cohemo.
JPG recurrió y este 17 de junio el tribunal desestimó el recurso, por lo que levantó la suspensión del procedimiento.
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Acuerdo Marco de mantenimiento y reparación de conjuntos y subconjuntos, vehículos Aníbal y remolques y plataformas del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas nº 2
Presentaron ofertas varias de estas empresas. El Ejército de Tierra adjudicó el encargo a JPG.
Alfariver Defense SL (el nombre actual de SDLE, Star Defence Logistics & Engineering SL) interpuso un recurso que el tribunal estimó. Ordenó repetir el procedimiento.
En ese nuevo procedimiento, el Mando de Apoyo Logístico excluyó la oferta de JPG, y esta empresa recurrió.
El 5 de febrero de 2026 el tribunal inadmitió el recurso.
Un caso polémico sobre la solvencia
A estos casos hay que añadir otro episodio muy polémico, relacionado con contratos de piezas y mantenimiento de vehículos de combate de infantería Pizarro y de vehículos Aníbal.
El Ejército de Tierra reflejó en documentos que en una licitación la empresa Madzeal había presentado un compromiso para la integración de la solvencia con medios externos suscrito por la empresa turca Menatek Defense Technologies, y dicha empresa negó haber suscrito esa solvencia.
Madzeal recurrió ante los tribunales su exclusión de ese concurso, ya que negó haber falseado nada y aseguró tener toda la documentación requerida. Pero cuando ganó otra licitación, fue la competencia la que impugnó la adjudicación, citando ese precedente previo.
Como se ve, las licitaciones del Ejército de Tierra para suministrar repuestos y piezas, o para realizar servicios de mantenimiento, de vehículos militares (BMR, Lince, Pizarro, Aníbal…) se han convertido en campos de batalla de una guerra que libran un grupo no muy numeroso de empresas especializadas.
La CNMC las multó por repartirse licitaciones de Defensa
Varias de las empresas implicadas en esta guerra fueron sancionadas en su día por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La CNMC anunció en julio de 2023 que había sancionado a cuatro empresas y a seis directivos por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles.
En primer lugar, multó “a las empresas Comercial Hernando Moreno Cohemo, S.L.U. (Cohemo); Star Defence Logistics & Engineering, S.L. (SDLE); y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, JPG, S.A. (JPG) por repartirse licitaciones relacionadas con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021”.
En segundo lugar, sancionó “a Cohemo y a Casli, S.A. (Casli) por manipular un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021”.
Explicó la comisión cómo se repartieron los contratos: “En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE)”.
Los acuerdos anticompetitivos “afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento”.
La investigación se inició a raíz de una denuncia de Indra.
En marzo de 2024 la Audiencia Nacional decidió dejar en suspenso el pago de las multas, que sumaban 7,1 millones de euros.
