El anuncio de elecciones generales realizado por Pedro Sánchez pone en valor los hitos judiciales en las fechas cercanas a la cita electoral, que incluyen desde avances en el caso por la denominada trama Leire Díez a declaraciones destacadas en la investigación de la trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aunque la cita clave, la de sus hijas Alba y Laura, está prevista para un día después de los comicios.
No obstante, la premura de la convocatoria del próximo 29 de noviembre deja como principal interrogante judicial la resolución o no por el Tribunal Supremo de la demanda sobre la denominada ‘ley de nietos’ que, por el momento, ha dejado en suspenso del derecho al voto a hijos y nietos de exiliados por la dictadura franquista si no acreditan esta condición. Lo que sí se despeja es toda posibilidad de que las elecciones coincidieran con el juicio con jurado contra la esposa de Pedro Sánchez, que no se espera hasta más de mediados de 2027.
Fue el pasado 8 de septiembre cuando el Supremo suspendió los efectos electorales vinculados a una instrucción del Ministerio de Justicia relativa a la ‘ley de nietos’, una medida cautelar que había sido solicitada por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa en el marco de una demanda por inacción de la Junta Electoral con respecto del censo en el exterior (CERA). Buscaban evitar un aumento del censo electoral y frustrar así el voto concedido por nacionalidad española a los descendientes españoles que viven en el extranjero.
Plazos del Supremo
Desde ese mismo momento, desde el Gobierno se reclamó una pronta resolución con el fondo para no afectar al calendario electoral, pese a que en esas fechas aún no se pensaba en lo ocurrido posteriormente con la movilización social por la crisis de la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen. Fuentes jurídicas del propio tribunal consultadas por EL PERIÓDICO dudan de que dicha resolución de fondo sea posible con tan poco tiempo, aunque no descartan del todo esta posibilidad.
Tras conocer el adelanto, Iuistitia Europa se ha apresurado a solicitar al Supremo que garantice que «las medidas cautelares adoptadas por esta Sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026 antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral».
Papeletas electorales. / Lorena Sopêna – Europa Press
Citas en la Audiencia Nacional
Mientras el Supremo deshoja su margarita sobre este asunto, la Audiencia Nacional seguirá avanzando en la investigación de causas que cercan al Gobierno de Sánchez, como es la que mantiene imputado al expresidente Rodríguez Zapatero por presuntas irregularidades en la concesión del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra y le vincula con una organización internacional de blanqueo de capitales. También está pendiente la tasación de las joyas que se encontraron en su despacho por la joyería Yanes.
En el marco de esta causa está prevista la declaración el 16 de octubre del financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, que fue detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro, le seguirán el día 19 Félix Martín, exdirector financiero de la aerolínea Plus Ultra, y José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI. No obstante, la comparecencia que más afecta directamente al expresidente del Gobierno es la de sus hijas, previsto para el día después de los comicios
También en la Audiencia Nacional, este mismo jueves, el juez Santiago Pedraz sigue avanzando en la causa que investiga una trama liderada presuntamente por Santos Cerdán dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno con la citación de la jueza Beatriz Biedma, que solicitó recientemente ser tenida como perjudicada en relación con presiones sobre la instrucción que realizó en el caso contra el hermano del presidente del Gobierno, entre las que ha añadido que el grupo en el que participaba la exmilitante Leire Díez utilizara incluso a un clan de la droga de Badajoz para lograr sus objetivos. En este asunto está pendiente conocer si la financiación de la trama escala hacia una imputación del propio partido como persona jurídica.
Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno – Europa Press
Investigación sobre Ceuta
En la Audiencia Nacional, además, la jueza María Tardón continuará adelante con la investigación de las circunstancias que rodearon la entrada masiva que se produjo en Ceuta los días 30 y 31 de julio, en la que tiene que decidir si imputa al que era delegado del Gobierno en la ciudad autónoma esos días, Miguel Ángel Pérez Triano, como ha instado la acusación popular que ejerce Hazte Oír en el procedimiento. Mientras tanto, la magistrada continúa recabando las imágenes y avisos que se produjeron en torno a esos días para determinar quién fue responsable de lo que ocurrió por acción u omisión.
En otro juzgado, a nombre del juez Ismael Moreno, continúan las pesquisas por el caso Koldo tras la condena de José Luis Ábalos por el Supremo. Se siguen investigando los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes y los «enchufes» para la expareja del Ministro de Transportes, además de la red de adjudicaciones sospechosas de obra pública en la que también está implicado Cerdán. En una pieza separada, unas pesquisas que se siguen en secreto sobre los pagos en metálico realizados por el PSOE entre los años 2017 y 2024 a dirigentes y colaboradores del partido, una pieza en la que aún están pendientes informes a realizar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-
Kitchen y Puigdemont
Por otra parte fecha elegida para las elecciones, el 29 de noviembre, abre la puerta a que la sentencia del caso Kitchen se conozca antes, según apuntan a esta redacción fuentes jurídicas, que recuerdan que el juicio acabó visto para sentencia el pasado 28 de julio, hace más de dos meses. Al final de la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional la Fiscalía Anticorrupción reclamó 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y para el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por boicotear presuntamente al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, que en 2013 iba a tirar de la manta y reconocer la existencia de una caja ‘b’ en la formación política de Mariano Rajoy. El Ministerio Fiscal también pidió 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante una reunión con la cúpula del partido en Waterloo / EP
Aunque los tiempos de la justicia suelen ser lentos, una vez que el Tribunal Constitucional declare que el Supremo debía haber aplicado la amnistía a la malversación a los condenados y procesados en rebeldía del ‘procés’, solo es cuestión de tiempo que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda regresar a España. Si nada se tuerce, de aquí al 29 de noviembre, el líder de Junts ya podrá hacerlo sin miedo a ser detenido, porque la consecuencia práctica de la aplicación de la amnistía al delito por el que fue procesado en rebeldía será retirarle la orden de detención que aún pesa sobre él.
Por otra parte, el adelanto de las elecciones evita totalmente la posibilidad de que los comicios coincidan con la celebración del juicio ante un jurado por posibles delitos de tráfico de influencias y malversación contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su asistente en Moncloa. La apertura del juicio oral hace unas semanas abrió la puerta a una fase intermedia del procedimiento que, dados los plazos habituales y ante la ausencia de personas en prisión preventiva, aleja la posible fecha esta cita electoral hasta unos diez meses, en torno al verano del próximo año.
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