“No se puede blanquear la dictadura”

Adelante Andalucía ha exigido al Ayuntamiento de Granada y al Gobierno andaluz el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática y la retirada de los vestigios franquistas que, a su juicio, siguen presentes en el espacio público de la ciudad. La formación ha escogido como escenario de su denuncia la calle Crucero Baleares, en el barrio del Zaidín, cuyo nombre recuerda al buque de guerra que participó en el bombardeo contra la población civil durante la Desbandá de 1937.

La diputada electa por Granada, Inmaculada Manzano, ha encabezado el acto junto a representantes de Adelante Andalucía para reclamar que desaparezcan del callejero y de los espacios públicos los homenajes a quienes participaron en la represión franquista. Para la formación andalucista, mantener este tipo de denominaciones supone incumplir la legislación vigente y perpetuar un relato que ignora a las víctimas de la dictadura.

«Estamos aquí para exigir que se elimine cualquier homenaje o reconocimiento a quienes protagonizaron episodios de represión y violencia contra el pueblo andaluz», ha señalado Manzano. La diputada ha recordado que este año se cumplen noventa años del golpe de Estado de 1936 y ha defendido que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar una memoria democrática basada en «la verdad, la justicia y la reparación».

La formación considera que el caso de la calle Crucero Baleares resulta especialmente significativo por su vinculación con uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil española. El crucero participó en el ataque contra la población civil que huía por la carretera entre Málaga y Almería durante la conocida como Desbandá, una ofensiva que dejó miles de víctimas entre quienes intentaban escapar del avance de las tropas sublevadas.

La Desbandá, símbolo de la represión franquista

Adelante Andalucía sostiene que conservar este tipo de referencias supone mantener reconocimientos públicos a responsables de episodios de violencia contra la población civil. En este sentido, la formación insiste en que la Ley de Memoria Democrática obliga a retirar símbolos y elementos que exalten el golpe militar o la dictadura franquista.

La formación reclama al Ayuntamiento de Granada, gobernado por la popular Marifrán Carazo, que actúe para eliminar este tipo de vestigios y que impulse políticas activas de memoria democrática. Entre ellas, plantea continuar con la revisión del callejero y promover actuaciones institucionales dirigidas al reconocimiento de las víctimas del franquismo.

Desde Adelante consideran que la aplicación de la normativa no puede depender de criterios políticos ni quedar paralizada por decisiones de carácter ideológico. A su juicio, la legislación vigente establece con claridad la obligación de retirar los elementos que supongan exaltación de la dictadura o de quienes participaron en la represión.

Críticas a la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox

Durante su comparecencia, la formación también ha cargado contra la denominada Ley de Concordia promovida por Vox en Andalucía y respaldada por el Partido Popular dentro de los acuerdos parlamentarios entre ambas formaciones.

Para Adelante Andalucía, esta iniciativa representa «un retroceso» en los derechos de las víctimas del franquismo y busca sustituir las políticas de memoria democrática por un relato que diluye las responsabilidades históricas del golpe de Estado y la posterior dictadura. «Frente a quienes pretenden sustituir la memoria democrática por el olvido, seguiremos defendiendo la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. No vamos a permitir que se blanquee el franquismo ni que se dé un paso atrás en los avances conquistados», ha afirmado Manzano.

La formación andalucista enmarca esta propuesta legislativa dentro de la estrategia política compartida entre PP y Vox y considera que responde a un intento de modificar el enfoque de las políticas públicas sobre memoria histórica desarrolladas en los últimos años.

Por ello, Adelante Andalucía ha reiterado su exigencia de que tanto la Junta como el Ayuntamiento de Granada cumplan la legislación vigente y aceleren la retirada de los vestigios franquistas que aún permanecen en distintos puntos de la comunidad autónoma.

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