Queda muy bonito decir, como hace Pedro Sánchez, que tras la retirada de la verja de Gibraltar “cae el último muro de Europa continental”. Nadie desea que existan barreras, ni tampoco esos muros, incluso políticos, como los que parece haber propiciado desde su llegada al poder el presidente, dividiendo a la sociedad española. En el Peñón los ciudadanos se muestran eufóricos, pues el libre tránsito de personas y mercancías era una demanda conocida. Pero las cosas conviene hacerlas con ‘sentidiño’, de forma que una decisión interpretable como positiva, no acarree consecuencias indeseadas. De los 15.500 trabajadores que diariamente cruzan la frontera, el 70% son españoles. Tenían que esperar colas interminables, lo cual perjudicaba ya no sólo su desempeño laboral, sino también esa tan necesaria conciliación familiar. El problema aquí es que todavía no sabemos cómo se beneficiarán de los servicios sociales, educativos y médicos dentro de la Roca. Asimismo, no sé yo si ahora sus títulos y sus estudios serán homologados allí sin esa tediosa y enrevesada burocracia que generaba siempre tanta fatiga y frustración.
En la comarca del Campo de Gibraltar en general, y en sus ocho municipios en particular, existe, además, y como en la mayoría del territorio andaluz y español, un verdadero problema de vivienda. En este sentido, se teme que la apertura de los gibraltareños a La Línea de la Concepción, San Roque, Algeciras, o Los Barrios, provoque un incremento acelerado del precio de la vivienda, así como un acaparamiento de residencias y fincas que reduzca todavía más la ya de por sí escasa oferta actual. También está la cuestión de la convivencia económica y el equilibro salarial. Hay que recordar que la diferencia en renta per cápita es la más alta de Europa; superando en Gibraltar los 100.000 euros, y apenas llegando en municipios como La Línea a los 12.000 euros anuales por habitante.
Tanto Sánchez como Albares se esmeran en cantar las virtudes del acuerdo, pero ya anunciamos aquí que eran muchas las dudas que nos generaba un acuerdo cargado de complejidad y letra pequeña, cuya mera aplicación supone todo un reto para los encargados de gestionarlo; con 1.034 páginas que incluyen propuestas del Consejo, memorándums explicativos, bases legales, siete partes, 336 artículos, y 43 anexos (con decenas de apéndices, documentos y articulados). Así lo advertimos en una columna (“Complejidad en Gibraltar”, ECG 02/03/2026), en la que también señalábamos lo mucho que nos sorprendía que no se cuestionase un aeropuerto “construido sobre un terreno que no contemplaba el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713”.
El documento tampoco esclarece si el habitual asedio de la policía gibraltareña y la Royal Navy a nuestros barcos y pescadores dejará de producirse; o si los vertidos de aguas residuales a la Bahía de Algeciras cesarán; o si los rellenos y ampliaciones de tierra sobre el mar (con proyectos como el Eastside) se paralizarán; o cómo se va a proteger el medioambiente frente al impacto del suministro de fuel flotante (unos 100.000 barcos surcan cada año el Estrecho); etc. Caso aparte es la cuestión del contrabando ilegal, puesto que se habla de fiscalizar el tabaco, pero poco se dice de la gasolina o los perfumes. Por no saber, no sabemos ni cuándo dejará el Peñón de ser un paraíso fiscal, puesto que la fiscalización sigue siendo menor, y los impuestos que se están diseñando no equilibran la balanza con el IVA español. En definitiva, muchas dudas y pocas respuestas sobre un territorio cuya soberanía británica, según Reino Unido, permanece “salvaguardada”.
