Más de dos años después de que el Congreso aprobara la ley de amnistía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá este jueves si la norma contraviene el derecho comunitario y determinará el curso de la política nacional, acercando o alejando la vuelta a España del expresident Carles Puigdemont, al que el Tribunal Supremo denegó la medida de gracia al considerar que no podía aplicarse al delito de malversación. La justicia europea podrá allanar ahora el terreno para el regreso a España y facilitar la revisión de esta sentencia, recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La decisión que adopte marcará el futuro del expresident Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, procesados y sobre los que pesa una orden de detención tras su salida de España. Pero también afectará directamente al futuro político del líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.
En su caso, salieron de prisión después de que fueran parcialmente amnistiados por el Supremo, que sin embargo sí mantuvo la pena de inhabilitación especial por el delito de malversación. La aplicación total de la amnistía podría servirles para poder volver a formar parte de las listas electorales de sus partidos en las próximas elecciones. Junqueras está inhabilitado hasta 2031, mientras que las penas del resto finalizan en 2030. En caso de una pronta aplicación, podrían concurrir a las autonómicas de 2027.
Y en ese desenlace tendrá especial relevancia el fallo que emitirá el TJUE y se conocerá este jueves a partir de las 10 horas. En concreto, el tribunal de Luxemburgo resolverá dos recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional que pedían aclaraciones legales sobre si la medida de gracia puede aplicarse a los delitos de la malversación y terrorismo -que se imputaron a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR)-, al considerar que están especialmente protegidos en el marco comunitario y ante las dudas de si la malversación pudo afectar a los intereses financieros de la UE.
También aclarará si la amnistía es compatible con el derecho comunitario o si, por el contrario, es una «autoamnistía«, como defendió el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, que en la vista hace un año defendió que era parte de un «acuerdo político» y cuestionó la existencia de un «interés general» como motor de la norma, ante la falta de un consenso amplio, un requisito que había reclamado la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.
Unos argumentos que más tarde rechazó el abogado general del Unión Europea, Dean Spielmann, que avaló el grueso de la amnistía y rechazó que fuera una «autoamnistía», al considerar que la ley «es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista», y «no es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario».
El dictamen es especialmente relevante, teniendo en cuenta que el TJUE se acoge a las tesis del abogado general en la mayoría de sus resoluciones. Aunque su criterio no es vinculante, la estadística juega a favor, y lo previsible es que la justicia europea despeje un poco más el futuro procesal de los líderes del procés.
Independientemente del fallo, Puigdemont sólo podrá volver a España una vez se levante la orden de detención contra él. Una decisión que la justicia europea puede allanar en los próximos días, aunque los efectos no serán inmediatos.
Tanto su futuro como el del resto de dirigentes pasará necesariamente por el Tribunal Constitucional, que en octubre -previsiblemente- deberá resolver los recursos de amparo interpuestos por Puigdemont y sus exconsellers. El órgano decidió aplazar su decisión a tener el aval de la justicia europea para cerrar la puerta a que el Supremo presente nuevas cuestiones prejudiciales. La mayoría progresista del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido hace probable que la sentencia sea positiva.
Una vez emitida esta sentencia, será el Tribunal Supremo, que rechazó aplicar la amnistía a los delitos de malversación, quien deba acatar lo dictado por el TC y, llegado el caso, emitir la resolución definitiva, y levantar en última instancia las órdenes de detención para hacer posible la vuelta a España de Puigdemont.
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