Desde la calle, el edificio de ocho plantas parecía condenado: muros partidos y una escalera casi impracticable. Eimar Sandoval y su equipo entraron con cascos, chalecos y herramientas, subieron hasta el tercer piso y empezaron a revisar las columnas. Había fisuras, pero debían comprobar si eran superficiales o alcanzaban el hormigón y el acero. Las columnas seguían firmes: el edificio estaba muy dañado, pero su estructura había resistido al terremoto de 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió Colombia.
Sin embargo, la buena noticia venía con matices: «Les dijimos a los residentes: estructuralmente, su edificio está bien. Pero, por supuesto, ustedes no pueden vivir ahí, porque se puede caer un muro, y las escaleras están intransitables», explica a EL PERIÓDICO Eimar Sandoval, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, en Cali.
La inspección puede dar sorpresas: un edificio aparentemente sano puede ocultar daños estructurales y otro muy deteriorado mantener intacto su esqueleto. Pero que la estructura resista no significa que sea habitable: un muro puede desprenderse y herir a quien vuelva antes de tiempo.
Solo en Cali murieron 154 personas, cerca de la mitad de los 331 fallecidos de todo el país. Se trata de la tercera ciudad más grande del país, y los heridos superan los 1.500, de los cuales 148 siguen hospitalizados más de dos semanas después. Además, continúan desaparecidas 22 personas. La moral entre los vecinos es, comprensiblemente, muy baja, por eso cuando Sandoval y su equipo entran a un edificio a evaluarlo, los vecinos les miran desde abajo, esperando un atisbo de esperanza.
Reconstrucción de 8.250 millones de euros
Este trabajo se repite ahora a gran escala en Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabilizaba a 26 de agosto 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 219 desaparecidas. A la tragedia humana se sobrepone un balance material muy amplio, que marcará la vida de los colombianos durante semanas, meses o años. El último balance oficial registraba 187.839 viviendas averiadas y 33.395 destruidas, en una emergencia que afecta a 193.011 familias y 406.113 personas. La UNGRD ha establecido un código de colores para informar a los ciudadanos del estado de su vivienda tras las inspecciones como las de Sandoval y su equipo: clasifican los edificios en verde, amarillo o rojo, siendo este último máximo peligro de colapso, prohibiendo la entrada de los vecinos.
El Gobierno calcula que la reconstrucción exigirá cerca de 30 billones de pesos (unos 8.250 millones de euros), y que los trabajos de fondo se prolongarán entre dos y cuatro años. Para Sandoval, la urgencia de estas primeras inspecciones convive con otra tarea: convertir el desastre en información útil para decidir cómo se reconstruye. «Si cuando sufres un sismo, cuentas los muertos, los daños y reconstruimos sobre el mismo suelo y con el mismo proceso constructivo, se repetirá el desastre», advierte.
Varias personas se encuentran frente a un edificio dañado en el barrio de Cuarto de Legua, en Cali (Colombia), el 20 de agosto de 2026, diez días después de un terremoto de magnitud 7,4. / JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Foco en estructuras esenciales
La especialidad de Sandoval es la geotecnia, la rama de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de suelos y rocas y cómo responden ante cargas como las provocadas por un terremoto. Además de las viviendas, su equipo evalúa las infraestructuras esenciales. A escala nacional, el terremoto ha afectado 473 vías, 76 puentes vehiculares, 121 acueductos, 377 centros de salud y cinco aeropuertos.
«Si colapsan las tuberías, las plantas de tratamiento de agua, el sistema eléctrico, eso puede ser peor que el mismo sismo«, resume. La resistencia de esas infraestructuras depende de cómo fueron construidas, pero también del terreno que tienen debajo. Los suelos blandos pueden amplificar las ondas sísmicas y aumentar el movimiento que recibe una estructura. Es el caso de la zona del Cañaveralejo, en Cali, que se asienta sobre el antiguo cauce de un río, y que ya se calificó como zona altamente vulnerable en 2005, no solo por posibles riadas, sino también sismos. El grupo de Sandoval lo ha corroborado: 23 de los 31 edificios colapsados están en esa zona. Por tanto, se tenía que haber reforzado más la prevención.
Sandoval está observando que los mayores daños se concentran donde coinciden este tipo de suelos blandos con ciertos tipos de edificios, particularmente de entre tres y seis pisos. «Cuando se reúnen determinadas características del suelo y la construcción, todo empieza a vibrar y el movimiento se amplifica mucho más».
También importa cuándo se construyó cada edificio. Colombia aprobó su primera norma sismorresistente en 1984, la actualizó en 1998 y elevó de forma importante las exigencias en 2010. El equipo quiere establecer qué normativa regía en cada edificio que falló y comprobar si las estructuras más recientes respondieron como debían. «Si colapsaron estructuras construidas después de 2010, estaríamos en graves problemas», advierte Sandoval.
Un nuevo mapa del riesgo
Para ingenieros de geotecnia como Sandoval, un terremoto aporta datos reales imposibles de reproducir en una simulación y refuerza sus argumentos para impulsar medidas de prevención. El trabajo terminará también sobre un nuevo mapa. Sandoval y otros investigadores de la Universidad del Valle colaboran con la Alcaldía de Cali para actualizar la microzonificación sísmica de la ciudad, con nuevos estudios de campo, análisis de suelos y los registros obtenidos durante este terremoto. Esa información servirá para afinar el mapa de riesgo. «Lo que queremos saber es qué debemos cambiar para que, cuando vuelva a ocurrir, estemos mejor preparados«, resume Sandoval.
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