Tras incorporar la nueva información aportada por la Guardia Civil, el juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire en la Audiencia Nacional, ha decidido llamar como imputada a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes al paso del verano. Pedraz la cita para el próximo 9 de septiembre a las diez de la mañana, en el curso e la investigación de la trama de corrupción desarrollada en torno al partido socialista.
La gerente Fuentes está imputada en el caso después de que, en mayo pasado, la Guardia Civil informara al juez de sus sospechas sobre un tráfico de facturas falsas para realizar pagos a la fontanera socialista Leire Díez, en el marco de unas concesiones de contratos vinculadas a las sociedades públicas Mercasa, Sepides y Enusa, todas ellas propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En una misma providencia emitida este martes, Pedraz también cita el mismo día en calidad de investigado al abogado Ismael Oliver, primer letrado que asistió a Koldo García en el caso de cobro de comisiones y facilitación de contratos que ha terminado llevándole a la cárcel junto al exministro José Luis Ábalos.
Teléfono
En un informe elevado al juez la pasada semana, la Unidad Central Operativa (UCO) pidió permiso para hacer un volcado de los datos del teléfono de la gerente del PSOE, así como de dos empleadas administrativas del partido.
La petición de la UCO se hizo extensiva, además, a los teléfonos del capitán de la Guardia Civil Juan Yepes -exmiembro de la UCO y supuesto informador de Leire Díez. Tanto en ese caso como en el de la gerente Fuentes, Pedraz no concedió la totalidad de la petición de los investigadores.
En el mismo auto sacó el juez de la condición de investigadas a las administrativas del partido socialista Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, para cuyos móviles también había pedido acceso la Guardia Civil. Ambas han quedado citadas como testigos para prestar declaración judicial en la Audiencia Nacional el próximo día 28.
En la misma providencia emitida este martes, el juez Pedraz ordena que se se requiera al empresario extremeño Joaquín Parra que entregue al juzgado unas grabaciones de supuestas reuniones mantenidas con el abogado Jacobo Teijelo, también implicado en la trama. Parra, procesado en el caso de los hicrocarburos, declaró en la Audiencia Nacional la pasada semana como testigo.
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