Frente al modelo que plantea Génova para incentivar a las familias con concebidos no nacidos, el Gobierno viene trabajando en una hoja de ruta para mejorar las prestaciones por crianza y la reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia, las discrepancias sobre el fondo y la forma del Partido Popular se han hecho de notar estos últimos días.
Por un lado, las dos medidas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, comandado por Pablo Bustinduy, no se están desarrollando en la misma dirección actualmente, puesto que se ha de tener en cuenta que la reforma de la ley de dependencia obtuvo luz verde en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados este jueves, aunque la votación definitiva será la próxima semana. Mientras, la prestación universal por crianza aún debe materializarse en un texto del Gobierno, aunque ya está siendo motivo de debate parlamentario y político.
En lo que concierne a la primera de ellas, la cartera de Bustinduy confía en que se apruebe “por unanimidad” en la Cámara Baja el próximo martes 14 de julio, que coincidirá con la convalidación del Real Decreto ley por el que se aprueban 6.200 millones de euros adicionales destinados a la dependencia entre 2026 y 2027. No obstante, este jueves se encontró con el rechazo del Partido Popular y Vox en la Comisión, aunque los populares no descartaron cambiar el sentido del voto en la recta final, aunque todo continúa en el aire. Fuentes del Ministerio precisaron que se muestran “optimistas” con respecto a la inminente votación.
Agradeciendo que “todos los grupos parlamentarios han aportado” algún matiz al proyecto de ley, desde Derechos Sociales han ensalzado que se ha venido realizando un trabajo de “diálogo técnico” y de “consideración de aportaciones”, además de sumarse “el papel de la sociedad civil” en el proceso de negociación y elaboración.
Debido al ‘no’ de los de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció al respecto en redes sociales, tanto por esta cuestión como por la polémica suscitada a raíz de las bajas laborales. «La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. No son lapsus, son sus ideas«, recriminó.
La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral.
Hoy, contra las personas en situación de dependencia.
Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026
En el momento en que la reforma obtenga luz verde parlamentaria, se entrará en fase de adaptación de las normativas autonómicas y terceros cambios que conllevarán más tiempo, tales como las transformaciones en los centros de día, los nuevos modelos de vivienda asistida o la reforma de la ley de propiedad horizontal para obligar a que los edificios sean accesibles. Además, se contempla liminar las incompatibilidades de prestaciones; establecer una prestación transitoria; ampliar las funciones y las características del servicio de ayuda a domicilio o que amigos y vecinos puedan ejercer como cuidadores formales, permitiendo que reciban la prestación por cuidado en el entorno familiar.
Como segundo punto a tener en cuenta en los planes del Ministerio de Bustinduy, otro de los ejes vertebradores de sus políticas se cierne sobre la prestación universal por crianza, por el que augura el Gobierno “un grandísimo apoyo social y político” que espera que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado aún en elaboración.
La intención es que el sistema público dé cobertura a “todos los ciclos de la vida”, aunque confían en que no llegue a cuestionarse a largo plazo y que se consoliden como los permisos de paternidad. “Lejos de la visión asistencialista y burocratizada, hay que transitar hacia derechos universales y que la redistribución se produzca por vía fiscal”, apuntan fuentes ministeriales.
En esencia, esta prestación está dirigida a las familias con hijos con la intención de “acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030”. Una propuesta que no solo emana del apoyo de la cartera de Bustinduy, sino también de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha venido defendiendo el impulso de recursos para aplicarla “de manera gradual”. La ministra también cifró en “casi 65.000 millones de euros” la pobreza infantil actual en España, lo que supondría entre 11.000 y 15.000 millones erradicarla.
Frente al modelo de Feijóo
Esta hoja de ruta emanada de Moncloa confronta en ciertos aspectos, mayores algunos y minoritarios en otros casos, con la oposición de Génova. En lo que concierne a la reforma de la ley de dependencia, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha venido reprochando que la medida está dotada de una financiación insuficiente para llevarla a cabo y tampoco resuelve el reparto de competencias con las autonomías, lo que se reflejó en su negativa a apoyar las enmiendas transaccionales en la Comisión de Derechos Sociales. A ello, cabe sumar el choque de argumentario entre el propio PP, puesto que no hace mucho tiempo atrás venían demandando, tanto desde el plano nacional hasta con mayor énfasis en las comunidades autónomas, el incremento de la financiación estatal al 50% al que ahora se oponen.
A renglón seguido, y en lo que concierne a la esencia de la prestación universal por crianza, el modelo colisiona de bruces con el último planteamiento de los populares: una ley de concebidos no nacidos. Feijóo, emulando los pasos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, prometió esta semana que, de ganar las próximas elecciones generales y alcanzar el mando de La Moncloa, impulsaría una normativa de estas características.
Con esta hipotética ley, el expresidente de la Xunta de Galicia pretendería dar “repercusión económica y social” contando al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Cabe remontarse a 2011 cuando lanzó una política similar en su etapa autonómica: “Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, precisó en una entrevista concedida a Antena 3.
Esta iniciativa trajo consigo el desacuerdo del Gobierno. Bustinduy exigió a Feijóo que adoptase medidas para aquellos miembros de la familia ya nacidos, en vez de los que están por llegar: “¿Qué pasa con los derechos de los sí nacidos? Le pido abiertamente que apoye la prestación universal por crianza que vamos a llevar a los próximos presupuestos generales del Estado”, requirió.
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