Dos años después del inicio de la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa, marcada por enfrentamientos en las calles, centenares de asesinatos y desapariciones forzadas, y del amplio despliegue del Gobierno mexicano contra estos grupos, la violencia se ha alejado de Culiacán, pero se ha abierto paso en las zonas rurales y afecta, sobre todo, a los jóvenes del estado del noroeste de México.
Tan solo en los primeros 10 meses que sucedieron a la captura de uno de los dirigentes de la organización criminal, el conflicto entre bandos se saldó con la muerte de al menos 55 menores y casi 450 jóvenes de entre 18 y 28 años, según apunta una investigación del International Crisis Group (ICC). «Los jóvenes han sido los más afectados por este conflicto. En esta ola de violencia en Sinaloa han muerto y desaparecido más niños, adolescentes y jóvenes que en toda la década anterior«, asegura David Mora, analista senior del ICC para México.
La disputa comenzó tras el arresto a manos de Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cártel, a quien entregó Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Esta traición provocó una ruptura en la relación entre las facciones que cada uno lideraba y que integraban el cártel. Desde entonces, la pugna por el liderazgo se convirtió en una sangrienta demostración de fuerza entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’.
El cerco del Gobierno mexicano
Aunque las autoridades mexicanas no intervinieron en el arresto de ‘El Chapo’, la posterior crisis de seguridad pública llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a desplegar un amplio operativo militar para cercar a ambos bandos y alejar los enfrentamientos de las ciudades. El Ejército mexicano ha perseguido sistemáticamente a sospechosos de alto perfil y ha movilizado hasta 15.000 militares en Sinaloa, según revela el ICG. Además, ha destruido numerosos laboratorios de producción de drogas en el estado, ha detenido a casi 2.500 sospechosos y ha confiscado más de 68 toneladas de estupefacientes.
Aun así, estas medidas no han conseguido poner fin a la violencia, sino que la han desplazado a las zonas rurales. «La estrategia de la presidenta Sheinbaum para pacificar Sinaloa ha obtenido resultados notables, sobre todo en la reducción de los bloqueos de carreteras y en disuadir a las facciones del cártel de enfrentarse en tiroteos abiertos como los que aterrorizaron a la capital del estado durante la segunda mitad de 2024″, reconoce Mora. «Sin embargo, la violencia se ha desplazado a las zonas rurales, mientras que los asesinatos y las desapariciones, incluso de personas ajenas a las facciones en conflicto, han continuado en niveles alarmantes», añade el analista.
Pese al cerco impuesto por el Ejecutivo mexicano, la investigación del ICG apunta a que la ofensiva no ha tenido un impacto significativo en la producción y el tráfico de fentanilo, un estupefaciente cuya fabricación está especialmente vinculada al cártel. Tampoco habría afectado en su disponibilidad al cruzar la frontera con Estados Unidos, una cuestión especialmente sensible para Washington, que ha prometido poner fin a la crisis de los opioides y considera el tráfico de fentanilo una emergencia de seguridad nacional.
Presiones de Trump
Mientras tanto, la Casa Blanca ha empleado todo un arsenal de amenazas, desde aranceles hasta una intervención militar directa como herramienta de presión hacia Sheinbaum para que endurezca la lucha contra el narcotráfico. Las recientes acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios públicos de Sinaloa, como el gobernador del estado, Rubén Rocha, pueden haber sido percibidas por Sheinbaum y sus aliados como una intromisión inadmisible en los asuntos internos de México, según sostiene el informe del ICG. Sin embargo, desde la organización abogan por facilitar este tipo de investigaciones contra cargos públicos y otras figuras que facilitan la actividad de los cárteles.
“La amenaza de una desacertada intervención estadounidense no debería eclipsar la necesidad de que las autoridades mexicanas impulsen cambios profundos por su cuenta«, sostiene Mora. «Para frenar la violencia en Sinaloa y en otros estados, México debe fortalecer la recopilación de inteligencia y la judicialización de quienes colaboran con grupos ilegales, prevenir el reclutamiento criminal y proteger a las víctimas”, zanja.
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