Las fiscales Anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen exponen a lo largo de las 40 páginas del informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz los indicios que permiten sustentar la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez. Entre ellos, los encuentros y mensajes (borrados) que González mantuvo con la exmilitante socialista y su silencio sobre estos contactos ante los mandos cuando la prensa comenzó a informar sobre la existencia de una trama dirigida contra los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado encargado de investigaciones judiciales contra el Gobierno.
En este documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Fiscalía incide en términos muy duros en que la investigación «deja constancia de la relación personal» que Leire Díez venía manteniendo con la actual directora de la Guardia Civil, así como de la «utilización que la misma hizo de esta relación para cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO pudiera estar llevando en las causas que pudieran afectar al PSOE o a familiares del Presidente del Gobierno».
Entre los apuntes a tener en cuenta, las declaraciones prestadas por Francisco Ortega, el técnico de Correos que organizó dos encuentros entre la «fontanera» y el comandante Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo, y lo que declaró el propio agente. Ambos manifestaron que durante estas reuniones Leire Díez, manifestó que «tenía muy buena relación personal con la directora general de la Guardia Civil’ y que «despachaba con la misma». En este contexto sitúan las fiscales las comunicaciones telefónicas y los encuentros presenciales entre ambas en «al menos en tres ocasiones», el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, a 27 de mayo de 2026 / A. Pérez Meca – Europa Press
Encuentros silenciados
Sobre estas reuniones, el informe se remite también a la nota de prensa emitida por la propia González y a su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado del Rasado 16 de junio: «Reconoció al menos dos encuentros, sin determinar duración, fecha ni contenido que, hasta entonces, eran desconocidos en el ámbito de dicha Unidad Central Operativa.
Así lo acreditarían las manifestaciones de diferentes testigos dentro de la Guardia Civil que hasta ahora han declarado en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Todos ellos, subrayan las fiscales, son generales de la más alta responsabilidad en el ámbito de estas actuaciones y subordinados directos del DAO –Manuel Llamas, igualmente imputado–, salvo el comandante que ejerce sus labores de secretaría para este último.
Sobre estos mandos policiales, el informe de la Fiscalía detalla los únicos que tuvieron contacto directo con la directora en relación con estos hechos tras las notas de despacho que se elaboraron sobre la posible existencia de una trama contra la Guardia Civil , fueron el entonces coronel de la UCO Rafael Yuste y el general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo en una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025, en presencia del DAO y el teniente coronel al mando del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) ,en la que González les hizo saber su apoyo.
Dicho apoyo tenía que ver con la publicación en prensa de una grabación en la que Leire Díez aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción.
Calló ante el ministro
En la reunión en la que se comentó esta información, la directora general no hizo saber a los mandos que conocía y se había comunicado y entrevistado personalmente con la entonces militante del PSOE. Al día siguiente, el 30 de mayo, se mantuvo una segunda reunión con contenido similar en el despacho del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y tampoco en dicho momento la directora de la Guardia Civil hizo constar su relación con Leire Díez.
Preguntados expresamente, los mandos presentes en estas reuniones declararon que «tampoco se les dio instrucción alguna por el DAO para que llevaran actuación conjunta con la Jefatura de Información o por separado para investigar tales hechos».
Otros indicios contra González, según la Fiscalía, son las comunicaciones telefónicas realizadas con posterioridad a que las notas de despacho sobre la supuesta trama le fueran entregadas al DAO y que este manifestara al General Jefe de la Policía Judicial que la directora general estaba informada de su contenido. Por su parte, el general al mando de la Jefatura de Información también dijo al respecto que «entendía» que el DAO habría informado de su nota de despacho a González. «Esta circunstancia deberá ser aclarada por los citados investigados en sus declaraciones», del próximo día 16, según subrayan las fiscales.
El informe también contiene pantallazos de las comunicaciones borradas entre Leire y la directora de la Guardia Civil a primera hora (9.15 horas) del domingo 11 de mayo de 2025. El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la Directora General de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas», agrega e informe.
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