Tendremos que ponerles en la puerta de la subdelegación

El Gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, ha anunciado su oposición frontal al reparto de 833 menores no acompañados (menas) que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asignado a la comunidad. El vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollan, ha calificado la medida de «inasumible», y ha argumentado en Herrera en COPE Castilla y León que la región ya supera su capacidad de acogida, con 186 menores tutelados para las 130 plazas disponibles.

Pollán ha descrito la decisión como «unilateral, opaca, oscura» y ha asegurado que la combatirán «judicialmente, administrativamente y en todos los ámbitos que podamos hacerlo». Como primer paso, los responsables de la Junta, junto a sus homólogos de Extremadura y Aragón, no acudieron a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia  convocada por el Gobierno para tratar el reparto de 35 millones de euros para la atención de los menores. Tampoco lo harán en la Sectorial que debe convocar el gobierno de España. Los vicepresidentes de Vox y consejeros de ramo anuncian que un nuevo plantón. 

El vicepresidente ha justificado la ausencia como un acto de coherencia con su pacto de gobierno y sus votantes. «Consideramos que no podemos participar de esa política migratoria que está queriendo implantar Pedro Sánchez, y no podemos estafar a nuestros votantes», ha afirmado Pollan.

Pruebas de edad y Ley de Extranjería

El Ejecutivo autonómico planea activar una serie de mecanismos para frenar la llegada de más menores. Entre ellos, Pollan ha destacado la aplicación del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para establecer acuerdos con los países de origen que permitan la devolución de los menores con sus familias. Además, se realizarán pruebas de edad para verificar que los migrantes son efectivamente menores, citando el caso de Aragón, donde «más del 90% de los menores a los que se ha hecho pruebas de edad no son menores».

Tendremos que ponerles a los menores en la puerta de la subdelegación de gobierno»

Carlos Pollán 

Vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales

Según Pollan, la llegada de casi un millar de menores supondría el «colapso de los servicios sociales, la sanidad, la vivienda». Ha rechazado soluciones como alojarlos en «hoteles de 5 estrellas» mientras haya ciudadanos en Castilla y León con necesidades. En este sentido, ha defendido la aplicación del concepto de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas sociales y a la vivienda, estableciendo baremos que beneficien a las personas con «enraizamiento en el territorio» y que llevan tiempo cotizando y pagando impuestos en España.