Primero, fue Álvaro García Ortiz. El entonces fiscal general del Estado fue citado a declarar como investigado por un juez.
El Gobierno al completo —y Pedro Sánchez, en particular— le trasladó su apoyo públicamente, lejos de instar a su dimisión. García Ortiz acabó siendo condenado por el Tribunal Supremo e inhabilitado.
Meses después, hace tan sólo unos días, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz otorgaba la condición de investigada actual directora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno también ha manifestado su apoyo a Belén Gualda y la defiende públicamente.
Este jueves, en esta misma causa judicial, en el denominado caso Leire, Pedraz ha sumado a la lista de investigados a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, máxima responsable política de la Benemérita.
La misma decisión ha tomado el juez respecto de Manuel Llamas, el DAO (director adjunto operativo) del Instituto Armado. Es decir, su máximo responsable operativo.
Lejos de instar a su dimisión —se le atribuyen los supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia— el Gobierno apoya a González y al DAO.
En un comunicado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable último de ambos nombramientos, ha expresado su «confianza» en estos dos cargos, «que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora».
¿Por qué se les investiga? A petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares del caso Leire, lideradas por el PP, Pedraz les atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia en relación con las investigaciones reservadas que se abrieron, de forma interna, contra varios guardias civiles encargados de investigar causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar de Sánchez.
En este sentido, se produce un paralelismo con el caso García Ortiz: el Gobierno apoya al máximo responsable de una institución destinada a la persecución y la investigación de delitos, pese a que está siendo investigado por la Justicia.
Y se produce también la anómala situación en la que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de las pesquisas del caso Leire, realizarán indagaciones que afecten a sus máximos responsables, la directora del Cuerpo y el DAO.
Entre otros extremos, Pedraz investiga en el caso Leire las maniobras de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, para desbaratar las investigaciones judiciales que afectaban al partido y al entorno político y familiar de Sánchez.
Díez, cuyo principal objetivo a batir era la UCO, se reunió en varias ocasiones con González. Y presumía frecuentemente de su buena relación con ella.
Esas informaciones reservadas —investigaciones internas de la Guardia Civil— coincidieron en el tiempo con las reuniones entre ambas mujeres.
Así lo subraya el informe en el que Anticorrupción solicitó a Pedraz que citase a declarar como investigada a la directora del Instituto Armado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La Fiscalía advierte que, «si llegara a acreditarse que las informaciones reservadas no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria», estaríamos ante «un auténtico medio de intimidación institucional».
De hecho, Anticorrupción señala que estas investigaciones internas van mucho más allá de una advertencia verbal, sino que pueden «comprometer la carrera» de un agente, «afectar a su reputación», «limitar sus expectativas de ascenso»…
Y todo ello, si subyacía un fin espurio, se habría usado para «generar un permanente clima de incertidumbre» entre los investigadores de la UCO.
La jurisprudencia señala que la intimidación no requiere una amenaza verbal y explícita. También puede producirse mediante aquellas acciones que pretenden «coartar la libertad» de un sujeto y que revelen una «seria capacidad de influencia sobre su comportamiento».
