El asunto ha acabado peor de lo que intuía

Las claves

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José Luis Ábalos reconoce desde prisión que mantuvo reuniones y discusiones acaloradas con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, durante su etapa en el Gobierno.

El exministro lamenta que la situación haya terminado peor de lo que intuía, sin especificar detalles sobre el ‘poder efectivo’ al que alude ni su opinión sobre Díez.

Ábalos solicitará la nulidad de la sentencia del Supremo que lo condena a 24 años por vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción del caso ‘Mascarillas’.

Critica que la sentencia premie al empresario Aldama, coimputado y delator, con una condena menor, y denuncia un retroceso en la protección de derechos en democracia.

Diez días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra Ábalos y Koldo el exministro reconoce ahora que durante su etapa en el Gobierno de Sánchez y como secretario de Organización del PSOE mantuvo reuniones con Leire Díez, la ‘fontanera’ de la formación.

Desde la cárcel de Soto del Real José Luis Ábalos admite que «sí que llegué a hablar con ella e incluso a discutir con acaloramiento».

Así lo deja ver en una entrevista realizada a través de un cuestionario que le ha hecho llegar el diario El País. Y aunque no revela cuántas reuniones mantuvo con la ‘fontanera’ del PSOE ni desvela demasiados detalles sobre el contenido de las mismas, sí deja una reflexión un tanto enigmática: «Lamentablemente, el asunto ha acabado peor de lo que ya intuía. No se puede minusvalorar el poder efectivo».

Sin aclarar a qué poder efectivo se refiere ni explicar qué opinión le merece Leire Díez.

Hasta ahora el exministro había negado cualquier tipo de encuentro con la ‘fontanera’ (investigada por haber participado presuntamente en una operación para destruir causas judiciales contra el PSOE). En mayo de 2025 aseguró en el programa de televisión LaSexta Xplica que había estado con Díez «como militante» durante la campaña de las primarias de 2017 y que no la había vuelto a ver desde que en febrero de 2024 había pasado al Grupo Mixto. Ahora, desde la cárcel, la versión de Ábalos es bien distinta.

Sobre su estancia en prisión el exministro de Transportes dice que cuenta «con el apoyo y el afecto de los presos, lo cual es muy importante para sobrellevar tantas privaciones que no se limitan a la falta de libertad».

Y se lamenta por no haber abandonado antes el escaño para que el caso se hubiera trasladado del Supremo a la Audiencia Nacional, lo que le hubiera concedido una posibilidad de recursos mucho mayor y le hubiera hecho ganar tiempo. «Visto ahora, fue un error que ha jugado en mi contra», apunta.

«Resulta muy frustrante no tener oportunidad de contradecir, uno a uno, cada delito imputado. La firmeza de la sentencia me impide recurrir como cualquier ciudadano», señala Ábalos.

Pedirá la nulidad

El exministro pedirá la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a 24 años de prisión por ‘mordidas’ en contratos de mascarillas en plena pandemia y para ello alegará vulneración de derechos fundamentales.

Así lo anunció en su cuenta de X hace unos días en la que realiza «una valoración de la sentencia sobre el ‘caso Mascarillas’ basada exclusivamente en su lectura».

«Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad por incurrir en vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba predeterminada», señala José Luis Ábalos.

Y añade que «es una contrariedad que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia» frente al «principio de premiar a un coimputado delator sin corroboraciones», en referencia al empresario comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio de cárcel.

«Este cambio de doctrina jurisprudencial es un retroceso de derechos grave en la historia de la democracia», concluye el exministro.

El exasesor de Ábalos, Koldo García, condenado a 19 años y ocho meses de prisión, ya ha presentado por su parte un incidente de nulidad ante el Supremo, como paso previo a acudir al Tribunal Constitucional, en el que reclama la suspensión de la sentencia.

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