La asamblea de socios del Real Club de Regatas de Alicante ha aprobado este martes la prórroga gratuita hasta 2039 de todos los derechos de amarre adquiridos antes de enero de 2024 y que caducarían en la fecha de fin de concesión del club, inicialmente fijada en 2027. Un asunto espinoso que ha mantenido durante más de un año, con el fin del mandato de la anterior junta y elecciones de por medio, el enfrentamiento entre dos corrientes dentro de la prestigiosa asociación deportiva.
Después de más de una hora de intervenciones cruzadas sobre el primer punto del día, también ha salido adelante la segunda moción de la asamblea, por la cual la entidad se compromete a que los más de 500 socios armadores (aquellos con derecho de fondeo) sean los que se encarguen, en exclusiva, de la inversión para reparar los pantalanes. Decisión que exime, por tanto, al otro millar y medio de socios sin amarre de asumir también su parte correspondiente en estas obras.
La prórroga gratuita de los amarres salió adelante con 519 votos a favor y 129 en contra
Así, los dos principales puntos que ha propuesto la junta directiva de Javier Romero en su primera asamblea general han conseguido el apoyo mayoritario de los socios que acudieron a la cita. En cifras exactas, la ampliación de los derechos de amarre contó con 519 votos a favor, 129 en contra y 36 abstenciones; mientras que la votación sobre cargar exclusivamente a los armadores con la reparación de los pantalanes se saldó con 457 votos a favor, 166 en contra y 21 abstenciones.
Un respaldo similar al de las urnas
En ambos puntos, las propuestas de la junta directiva han logrado resultados que se asemejan en porcentaje al de las elecciones del pasado mes de febrero, en las que resultó electa la candidatura de Romero con el 70 % de los sufragios. Hecho que confirma, poco más de cuatro meses después, que el sentir del club no ha cambiado de dirección.
De igual forma, Romero consiguió aprobar holgadamente las cuentas de los dos últimos ejercicios, 2024 y 2025, así como los demás asuntos del orden del día. La memoria económica de 2024 no había obtenido el visto bueno de la asamblea general del año pasado. Ese fue uno de los momentos más delicados del pasado mandato, en el que se evidenció la división interna del club.
Los resultados de este martes, en cambio, arrojan un cierto consenso y una abultada mayoría, que no unanimidad, para zanjar la disputa sobre los derechos de amarre y quién debe asumir la reparación de los pantalanes. Sin embargo, existe una corriente opositora que ha asistido con perplejidad a las votaciones.
Recelos del sector crítico
En primer lugar, porque se mantienen apegados al criterio de la anterior junta, que basada en informes jurídicos consideraba que es preciso distinguir entre la ampliación de la concesión del club, por un lado, y una hipotética ampliación de los 350 derechos de fondeo que caducan en 2027, por el otro. Siguiendo esta tesis, que no obtuvo el apoyo mayoritario de los socios hace un año, la antigua junta planteaba que esos amarres, una vez perdida su vigencia, debían ser comprados de nuevo por los socios que los utilizan.
La voluntad de la asamblea, de forma muy clara, ha ido en otra dirección. Los críticos, que apenas han rozado el 20 % de los votos en la asamblea, señalan que esta decisión priva al club de una estimación de 7,7 millones de euros en ingresos, calculados a partir de lo que supondría la venta de los derechos de fondeo que culminaban en 2027.
El sector crítico censura que la votación sobre los pantalanes no estuviese acompañada por una memoria económica
En este sentido, mantienen su preocupación sobre el patrimonio del club tras la ampliación de los amarres a los socios. De igual modo, han censurado que la junta directiva no haya acompañado de un proyecto y de una memoria económica a la votación sobre quién debe asumir la reparación de los pantalanes. Una obra que la anterior junta llegó a presupuestar en cinco millones de euros, y sobre la que la actual junta tiene estimaciones de menor cuantía.
El entorno de la junta directiva se ha defendido de esas acusaciones explicando que los presupuestos de reparación «no estaban en el orden del día», y asegura que ahora se abre un proceso para estudiar y elegir cuál es la mejor solución técnica a las patologías que presentan los pantalanes. Una problemática que, según apuntan los críticos, puede implicar la pérdida la concesión de la Autoridad Portuaria si no es correctamente atendida.
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