Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso exploraron este lunes un nuevo frente de ataque al Ejecutivo. Ya lo habían utilizado en otras ocasiones, pero esta vez ambos subieron el tono, justo después de que Vox cargara con dureza contra Pedro Sánchez. Y es por la ley de memoria democrática, aprobada en 2022, en la pasada legislatura, que incluía una disposición adicional por la que se facilitaba que los nacidos fuera de España, pero de padre o madre, abuelo o abuela españoles, y que como consecuencia del exilio hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, pudieran optar a la nacionalidad española. Para el líder del PP, el Gobierno está «fabricando» votantes con la llamada ley de nietos. La presidenta madrileña fue más allá al avisar a los cónsules de que «otorgar la nacionalidad a quien no la merece» es directamente «ilegal«. Para la Moncloa, es una «irresponsabilidad mayúscula» que el jefe de los populares directamente cuestione el proceso electoral.
La ley de 2022, en su disposición adicional octava, concedía a los solicitantes un plazo inicial de dos años desde la entrada en vigor de la norma para presentar su declaración. Pero el Consejo de Ministros podía acordar su prórroga por un año, y fue lo que hizo en su reunión del 9 de julio de 2024. El plazo se agotó finalmente el 22 de octubre de 2025. Un total de 2,45 millones de descendientes de españoles habían solicitado la nacionalidad, pero hasta el pasado 31 de marzo, según los datos avanzados hace en abril por Exteriores y confirmados este lunes por la ministra portavoz, eran 306.500 las inscripciones en el Registro Civil Consular, que es el último paso para obtener la nacionalidad española. Falta por saber, por tanto, cuántos expedientes más se han resuelto desde entonces.
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Feijóo, en una entrevista hoy con esRadio, declaró que lo que hay «detrás» es un interés «evidente» del Gobierno en conseguir nuevos electores. «Como con los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas», dijo, justo en un contexto en el que el PSOE está «muerto» y está «muerto de miedo». A su juicio, Sánchez no hace nada «por ingenuidad» y lo que hace es desplegar una «ingeniería electoral» por la que en un corto espacio de tiempo, en año y medio, consigue que 2,5 millones de personas más pueden votar. Personas, añadió, que en algunos casos no sabrán la diferencia entre una provincia y otra.
El líder del PP había acusado a Sánchez de «fabricar votantes» porque no le «salen las cuentas», y por eso aplica «ingeniería electoral». Y Ayuso avisa a los cónsules de que si otorgan la nacionalidad «a quien no la merece» estarían haciendo algo «ilegal»
La advertencia de Ayuso fue más explícita: «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso», aseguró la presidenta en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), informa EFE. Ayuso cargó así contra una norma que hará que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones sea Argentina. «Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral», denunció. Feijóo y Ayuso seguían el camino de Santiago Abascal, líder de Vox, el pasado miércoles en el pleno monográfico anticorrupción del Congreso: ahí acusó a Sánchez de estar «maniobrando» para «robar» las próximas generales con una trama preparada para alterar los resultados. La número dos de ERC, Elisenda Alamany, calificaba a Feijóo de «trumpista» por dudar del proceso electoral.
Para la ministra portavoz, Elma Saiz, las declaraciones de Feijóo demuestran la «desesperación y frustración» de quien realmente no tiene un proyecto para España y que parece «oler la derrota» en las urnas. Recordó que leyes semejantes a la de memoria democrática operan en otros países del mundo. Son 2,4 los millones de descendientes de españoles exiliados los que han pedido cita para presentar la solicitud. Pero, hasta el 31 de marzo, son 306.500 los inscritos.
Para el Ejecutivo, el PP sabe «perfectamente» que la regularización no da derecho al voto, sí a residir y a trabajar, pero confunde voluntariamente. Feijóo «no tiene proyecto de país» y sigue la estela de Vox
Sin embargo, si el PP saca este asunto a colación se debe, para el Gobierno, a que quiere confundir con el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que concluye mañana, 30 de junio, con el único propósito de «generar racismo, miedo, desinformación» en la ciudadanía. Porque sabe «perfectamente» que esta regularización da derecho a residir y a trabajar, pero no a votar en unas generales (nada que ver con la ley de memoria democrática, que sí concede a los solicitantes la nacionalidad y, por lo tanto, el derecho al voto).
Y eso, en un partido de Estado, subrayó la portavoz, hace que sus palabras sean de una «gravedad e irresponsabilidad mayúsculas«. Más allá de que Feijóo «no tiene proyecto de país», demuestra con sus acusaciones, siguió Saiz, que prefiere moverse en las mismas calificaciones que la ultraderecha de Vox.
Del proceso de normalización administrativa de inmigrantes dará el Gobierno datos más precisos mañana —será el propio Sánchez, en un acto público con Saiz— y, los definitivos, con la ventanilla ya cerrada, a partir del miércoles, aunque ya se sabe que las expectativas se han superado y que ha sido superior al millón el número de peticionarios. Un trámite que, apunta el Gobierno, se está implementando con normalidad y que permitirá a cada una de las personas regularizadas salir de los «márgenes invisibles» y tener derechos y deberes.
Todos los votos son legítimos y democráticos. No sabemos qué votarán, pero sí que tienen derecho al voto, porque son hijos y nietos de exiliados por el franquismo», recalcan desde la Moncloa
La ley de nietos, amplió la portavoz, es una normativa basada «en los principios de reparación y justicia» hacia aquellos españoles que tuvieron que abandonar nuestro país a causa de la guerra y la dictadura.
«Todos sabemos que el PP pone esto sobre la mesa, que es un tema viejo y que no ha cambiado, porque entiende que ese miedo y ese odio es trasladable a los que están regularizándose ahora. Lo hace para confundir y generar odio», apuntaban fuentes de la Moncloa. ¿Pero puede ese volumen de nuevos votantes cambiar el signo de unas elecciones? «Todos los votos son legítimos y democráticos —respondían desde el Ejecutivo—. No podemos saber qué votarán, pero sí que tienen derecho al voto, porque son hijos y nietos de exiliados por el franquismo».
Según los datos de Política Territorial, se recibieron 2,4 millones de peticiones de citas que todavía se están tramitando. Ya se han presentado 1,2 millones de solicitudes, y de ellas se han aprobado 544.722 y los inscritos, con sus papeles, son 306.000
Según los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se registraron, hasta el fin de plazo de octubre de 2025, ya 2,4 millones de peticiones de citas para presentar la solicitud. Pero solo se han presentado 1,2 millones de instancias en las oficinas consulares. 544.722 la tienen ya aprobada (con derecho reconocido), pero los inscritos, con sus papeles de nacionalidad en regla, son esos 306.000. Se tienen que tramitar todos los expedientes restantes, de manera que los datos irán creciendo hasta hacerse definitivos. Por el momento, explican en el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, el único número final, porque se agotó el plazo, es el de esas 2,4 millones de personas que requirieron cita.
Desde Política Territorial subrayan que la ley se está cumpliendo con «un proceso garantista que es de justicia para los descendientes de quienes, «por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación sexual» o por motivos económicos, «perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española». El Gobierno cree que Feijóo «frivoliza y manosea la memoria democrática y los derechos adquiridos por las víctimas», al reducir a una cuestión electoral «un asunto que es de justicia», ya que se trata de devolver la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes la perdieron al tener que huir de España. El jefe del PP «pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites», y al tiempo, dicen en el Ejecutivo, se posiciona en contra de los derechos adquiridos por descendientes de españoles. Es decir, que pone «palos en las ruedas» a quienes tienen «derecho a ser igual de españoles». Aplica, inciden, «su sesgo ideológico» a una «cuestión fundamentalmente de derechos».
El Gobierno reconoce que el PP votó en contra de la ley de memoria en su conjunto en 2022, pero sí aceptó la existencia de una vía de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados. Y no recurrió la disposición adicional octava al TC
El Gobierno reconoce, además, que el PP votó en contra de la ley de memoria en su conjunto. Pero durante la tramitación parlamentaria sí «aceptó la existencia de un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados, proponiendo únicamente modificar su alcance mediante enmiendas para eliminar la condición de exilio por orientación sexual y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieran la nacionalidad al amparo de la ley». En su recurso de inconstitucionalidad «no planteó la derogación de la disposición adicional octava de la ley», la que establece la nacionalización.
El el ministerio subrayan que la ley de nietos no es ningún «privilegio», sino «una medida extraordinaria de reparación histórica y de restitución de derechos», que trata de corregir «discriminaciones históricas en la transmisión de la nacionalidad española». España, además, «no es una excepción, ya que otros países europeos cuentan con mecanismos que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar». La ley española, remata el departamento de Torres, sigue «una tendencia internacional consistente en preservar el vínculo con las comunidades nacionales establecidas en el extranjero».
