Existe en España una profunda prevención cultural hacia el chivato. Pocas figuras suscitan tanta desconfianza. Nuestra larga tradición histórica y literaria –desde la Inquisición hasta las denuncias políticas del siglo XX– lo ha convertido en un personaje moralmente sospechoso.
El ordenamiento español ha sido tradicionalmente reacio a premiar la delación, en parte porque se considera que el deber de colaborar con la Justicia debe cumplirse sin recompensa. De ahí que expresiones como soplón o chivato mantengan todavía una intensa carga peyorativa. Pueden ser personajes secundarios, pero a menudo desencadenan toda la tragedia.
Nuestra literatura ofrece buenos ejemplos. Desde la Inquisición recreada por Delibes hasta la atmósfera opresiva de Tiempo de silencio, el delator aparece asociado a autenticas sociedades delatoras donde la vigilancia mutua termina erosionando la confianza y la libertad.
En el entramado judicial, la figura del delator constituye uno de los grandes dilemas morales y jurídicos de cualquier Estado de Derecho. La pregunta de fondo es incómoda y permanente: ¿puede la Justicia servirse de la traición para descubrir la verdad?
La Sala Penal del Tribunal Supremo acaba de recordarnos una realidad incómoda: sin arrepentidos, muchas tramas de corrupción jamás llegarán a descubrirse.
La sentencia del llamado «Juicio de las Mascarillas» no sólo impone severas condenas a varios de los acusados. Hace algo más relevante. Reivindica expresamente la utilidad del colaborador con la Justicia y premia a quien decidió confesar su participación en los hechos, aportar documentación, incriminar a otros implicados y facilitar nuevas líneas de investigación.
La decisión no está dejando indiferente a nadie. El principal comisionista de la trama –considerado miembro de la organización criminal– evitará la prisión efectiva gracias a la aplicación de una atenuante muy cualificada de confesión y colaboración, as’ como a la suspensión condicionada de la pena. El mensaje resulta inequívoco: quien ayuda de manera decisiva a esclarecer una trama de corrupción puede obtener importantes beneficios penales.
Muchos ciudadanos experimentarán una lógica incomodidad. Desde una perspectiva moral, no deja de resultar paradójico que quien contribuye decisivamente a poner en marcha la trama sea finalmente quien mejor negocie con la Justicia. A ojos de algunos, el ultimo premio del negocio se lo lleva precisamente quien primero participó en él. El contrasentido resulta difícil de explicar y aun más difícil de aceptar.
Pero el Derecho penal no está diseñado para satisfacer intuiciones morales, sino para proteger eficazmente a la sociedad. Las organizaciones corruptas funcionan precisamente gracias al silencio, la lealtad interna y la opacidad.
Sin alguien dispuesto a romper ese pacto, muchas conductas delictivas permanecerían para siempre ocultas. La experiencia internacional demuestra que la colaboración premiada ha permitido desarticular organizaciones mafiosas, redes de narcotráfico y complejas estructuras de corrupción política.
El Tribunal Supremo lo afirma con claridad: el Estado de Derecho debe recompensar aquellos comportamientos que contribuyan eficazmente al descubrimiento y acreditación de delitos especialmente graves para el sistema democrático. No porque el arrepentido merezca indulgencia, sino porque la sociedad necesita la verdad.
En una resolución sólidamente fundamentada y de notable claridad expositiva, el Tribunal Supremo ha querido, además, introducir un importante elemento de equilibrio. El arrepentido no sale indemne. Sigue siendo un delincuente condenado por graves delitos de corrupción. La colaboración no borra la ilicitud de los hechos ni convierte al delator en un héroe civil.
Precisamente por ello, la Sala ha optado por una fórmula intermedia: suspender la ejecución de la pena de prisión bajo estrictas condiciones y sugiriendo su sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad. No se trata de perdonar, sino de condicionar.
La prisión desaparece, pero no la responsabilidad penal ni el reproche social. Los trabajos en beneficio de la comunidad pretenden precisamente expresar esa idea: la colaboración se premia, pero el daño causado al cuerpo social exige una reparación, siquiera simbólica.
La diferencia no es menor. El Estado de Derecho recompensa la ayuda decisiva prestada para esclarecer la corrupción, pero recuerda simultáneamente que quien participa en ella sigue obligado a responder ante la sociedad.
Esta condena condicional abre un intenso debate. Para algunos, la decisión puede interpretarse como una excesiva indulgencia hacia quien desempeñó un papel central en la trama. Para otros, constituye el precio inevitable que toda democracia debe pagar si pretende desarticular organizaciones corruptas complejas.
Porque el verdadero dilema no consiste en determinar si el arrepentido merece la cárcel. Radica en decidir si una democracia puede permitirse renunciar a testimonios decisivos para descubrir la corrupción sistémica cuando esas evidencias solo pueden obtenerse ofreciendo algún incentivo a quienes deciden romper el pacto de silencio.
La sentencia contiene, además, un mensaje dirigido a quienes hoy se encuentran inmersos en otras investigaciones judiciales. Quien quiera beneficiarse de una eventual reducción de pena deberá hablar pronto, aportar pruebas, asumir su propia responsabilidad y colaborar de manera efectiva. La manta solo sirve cuando todavía puede ser levantada.
Quizá la enseñanza más relevante de esta resolución sea otra: ninguna trama corrupta debería olvidar que, en un Estado de Derecho digno de tal nombre, el tiempo puede favorecer al poder, pero nunca garantiza la impunidad..
La sentencia envía un mensaje institucional de extraordinaria importancia: el Estado de Derecho dispone de instrumentos para defenderse. Cuando jueces, fiscales y unidades de investigación policial actúan con independencia y profesionalidad, las tramas de corrupción pueden terminar sentadas en el banquillo, por poderosas que sean.
La figura del arrepentido seguirá provocando rechazo. Y probablemente deba ser así. Una democracia sana no puede dejar de desconfiar de quien obtiene beneficios a cambio de acusar a otros. Pero tampoco puede permitirse prescindir de él.
Toda sociedad democrática necesita denunciantes para combatir la corrupción y el crimen organizado. Pero también necesita desconfiar de ellos. Cuando el sistema rechaza toda delación, la impunidad prospera. Cuando la premia sin cautelas, la Justicia corre el riesgo de convertirse en un mercado de acusaciones.
Porque la corrupción sistémica rara vez se derrota desde fuera. Casi siempre comienza a desmoronarse cuando alguien desde dentro decide romper el pacto de silencio.
A veces, la verdad entra en los tribunales de la mano de quien antes contribuyó a ocultarla.
Fuente: La Nueva España
