El PNV y EH Bildu han impulsado en el Parlamento vasco la reforma de la Ley vasca de Empleo Público, una alianza que busca blindar la exigencia del euskera en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) frente a las sentencias judiciales que las han tumbado cuando entendían que sus requisitos linguísticos eran excesivos. La reforma ha salido adelante este jueves con los votos a favor del PNV, la abstención clave de EH Bildu y el rechazo frontal de su socio de gobierno, el PSE, además de PP, Sumar y Vox. La votación ha consumado la mayor fractura entre socialistas y jeltzales de las muchas que acumulan. Un río revuelto en el que EH Bildu quiere pescar.
Un índice propio para cada administración
El cambio principal de la nueva ley es la eliminación del índice general de obligado cumplimiento que establecía un porcentaje de plazas con perfil lingüístico para todas las administraciones en función a variables como su realidad sociolinguística. A partir de ahora, cada institución —ayuntamientos, diputaciones y el propio Gobierno vasco— tendrá potestad para determinar su propio índice y justificar qué plazas requieren un perfil de euskera y cuáles no, basándose en criterios de proporcionalidad.
Imagen del Parlamento Vasco
Además, la reforma introduce una novedad significativa, que se podrán convocar plazas con perfil lingüístico diferido. Esto permitirá a los aspirantes acceder al puesto sin acreditar el nivel de euskera de forma inmediata, en su lugar dispondrán de un plazo posterior para obtenerlo con la ayuda y formación que les facilitará la propia administración.
La ruptura del consenso lingüístico
El pacto entre nacionalistas ha dinamitado los consensos mantenidos durante décadas en materia de política lingüística. Desde el PSE, el parlamentario Pau Blasi ha lamentado la ruptura de la lealtad y ha defendido una visión plural de la administración, «huyendo de los excesos». Blasi ha subrayado que son «otros» quienes tendrán que explicar por qué se han movido de los acuerdos históricos. «Se rompe aquí, con propuestas que no responden a este país plural», ha sentenciado.
Por primera vez en esta legislatura hemos superado la política de bloques»
En la otra cara de la moneda, el jeltzale Markel Olano ha defendido el «valor cuantitativo» del acuerdo, al afirmar, en un discurso íntegramente en euskera (la lengua en la que siempre intervendrá a partir de ahora), que refleja la voluntad popular. Olano también ha destacado que el PNV ha tenido que «salir de su zona de confort», en a sus socios socialistas, con quienes se intentó un acuerdo previo con prórroga que no fructificó.
Desde EH Bildu, su portavoz Pello Otxandiano ha justificado su abstención como una vía para el «desbloqueo» y ha celebrado el pacto con el PNV. «Por primera vez en esta legislatura hemos superado la política de bloques», ha remarcado, tendiendo la mano al PSE para futuros diálogos y con la ambición confesada de alcanzar «más acuerdos de país» ante los «tiempos oscuros» que supondrá un gobierno del PP.
Ibone Bengoetxea
Vigilancia y críticas al acuerdo
El PP, a través de Santiago López, ha denunciado que la norma «deja fuera a cientos de miles de vascos», y el sindicato CCOO ha lamentado que «se consuma la ruptura de los consensos lingüísticos». El acuerdo entre PNV y EH Bildu contempla la creación de una comisión de seguimiento que evaluará cuatrimestralmente la eficacia de la ley. Si en un plazo de tres años no se logran los objetivos de blindaje jurídico, ambos partidos se comprometen a elaborar una nueva propuesta.
Por su parte, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea (PNV) ha querido rebajar la tensión, al asegurar que la relación entre los socios es «estupenda» y que el Gobierno se mantiene «compacto». Bengoetxea ha calificado la reforma como una «buena noticia» que limitará las sentencias judiciales y ha enmarcado el desacuerdo en la «normalidad» democrática.
