El curso 25-26 se ha despedido en la Comunidad Valenciana con una imagen para la historia: una huelga del profesorado que durante un mes ha sacado a miles de docentes a las calles para reivindicar mejoras laborales y salariales y una mejor atención al alumnado, pero que llega al verano sin una solución definitiva y con la idea de que en septiembre, a la vuelta de las vacaciones escolares, la movilización volverá a activarse.
El paro en las aulas, del 11 de mayo al 11 de junio, ha terminado convirtiéndose en la mayor movilización de los trabajadores de la enseñanza pública desde 1988. Aquella fue a nivel nacional, duró 22 días y se consiguieron gran parte de las demandas laborales y salariales de manera progresiva. Aunque el estallido de la actual crisis educativa se ha producido este curso, el conflicto hunde sus raíces en una acumulación de reclamaciones que el profesorado considera desatendidas desde hace tiempo, pero tras una legislatura en la que los profesionales aseguran haber llegado al límite porque su situación ha empeorado.
Lo extraordinario de esta lucha ha sido que los cinco sindicatos educativos, con distinto perfil ideológico, han denunciado recortes de personal, incremento de la burocracia, dificultades para atender la inclusión educativa, infraestructuras insuficientes, retrasos en las sustituciones de bajas, pérdida de poder adquisitivo y falta de interlocución política desde el inicio de la legislatura. Todo este cúmulo de carencias hizo que las organizaciones mayoritarias, STEPV, CC OO y UGT, junto a CSIF y el apoyo de ANPE, alentaran a los trabajadores a alzar la voz en una batalla en la que el más de centenar de asambleas de docentes del territorio autonómico se ha convertido en un motor clave para la movilización.
Lo extraordinario de esta lucha docente ha sido la demanda de mejoras de los cinco sindicatos, con distinto perfil ideológico
La marea verde de docentes en una de sus concentraciones frente a la Conselleria de Educación / Daniel Tortajada
Y así, entre una mezcla de indignación, frustración, pero también fuerza, unidad y orgullo de formar parte de la enseñanza pública, la marea verde de profesores decidió decir basta y echarse a la calle casi a diario durante las 31 jornadas que ha durado la huelga. Todo ello a costa de perder una media de 150 euros al día por profesional, lo que ha implicado descuentos en la nómina de más de 3.000 euros para los docentes que han secundado casi al completo una movilización que durante las primeras semanas fue masiva (con más de un 40 % de seguimiento, según la Conselleria de Educación, un 90 % según los sindicatos), pero que por su alto coste económico fue desinflándose y haciéndose insostenible para la gran mayoría en los últimos días.
Mensajes como «la vocación no lo aguanta todo», «la educación es un derecho no una limosna», «no son números son niños», «queremos enseñar, no sobrevivir» han dado una idea a lo largo de este mes de los dramas denunciados por los profesores. Desde aulas masificadas, barracones, falta de personal para la inclusión educativa, ausencia de climatización, exceso de burocracia, pérdida del poder adquisitivo después de casi dos décadas sin una subida salarial por parte del Consell, hasta los más particulares, como goteras, ratas, la supresión de ciclos de FP, la eliminación del Bachillerato de Artes en centros con baja demanda, falta de conserjes, administrativos, etc, son algunos de los principales lastres que han visibilizado los docentes.
Para hacer frente a estos problemas, los profesores comenzaron reclamando cobrar 500 euros brutos más al mes; una drástica bajada de ratios de hasta un 43 %; la recuperación del refuerzo de las plantillas previsto en 2023, junto a la creación de 2.000 plazas nuevas; sustituciones inmediatas de las bajas; la climatización de todos los centros en un plazo de dos años; finalizar el Plan Edificant, así como la protección del valenciano. Demandas que la conselleria llegó a cuantificar en más de 2.400 millones de euros anuales, a lo que respondió que eran «imposibles de asumir», escudándose en la «infrafinanciación autonómica».
Sin embargo, el alcance de la protesta, el creciente desgaste político y la dimensión nacional que alcanzó el conflicto terminaron por forzar un cambio de rumbo en el Consell de Pérez Llorca. La Generalitat dejó atrás una primera fase caracterizada por el enrocamiento, los desencuentros y una escalada de tensión alimentada por declaraciones polémicas (como las que cuestionaban las bajas del profesorado) y acabó abriendo la puerta a cesiones.
Profesores de Alicante durante una de las primeras protestas de la huelga / Jose Navarro
Ante el alcance de la protesta, el Ejecutivo valenciano revisó su estrategia y abrió la puerta a nuevas cesiones
Puntos claves del conflicto
Uno de los primeros hechos que le permitió empezar a desbloquear la crisis se produjo en la tercera semana de huelga. La ruptura de la unidad sindical, que había caracterizado esta lucha histórica de profesores, llevó al Consell a alcanzar su primer acuerdo el 25 de mayo. Dos de los tres sindicatos que componen la mesa sectorial de Educación, CSIF y ANPE, firmaron la subida salarial de 200 euros mensuales en tres años ofrecida por la Conselleria de Educación, con la novedad de que el último tramo podría ser mayor debido a la subida del IPC y con la incorporación de seis días de libre disposición para el profesorado. Aunque STEPV, CC OO y UGT rechazaron el ofrecimiento y representan el 70 % de la mesa de negociación, al departamento de Camen Ortí le sobró para desencallar un punto clave de este conflicto, aunque fuera solo con el apoyo de dos fuerzas sindicales, como ocurrió en Cataluña.
A partir de ese momento, el escenario comenzó a cambiar. Consciente de que alcanzar un acuerdo global con las cinco fuerzas sindicales se había convertido en una misión prácticamente imposible, el departamento de Ortí optó por centrar los esfuerzos en la consecución de acuerdos parciales que permitieran, al menos, rebajar la tensión y el creciente malestar en las calles.
Paralelamente, CSIF decidió desmarcarse de la huelga con el argumento de priorizar la vía del diálogo, posición que compartió con ANPE. Ambos sindicatos respaldaron la propuesta salarial del Consell sin someterla previamente a consulta entre sus bases.
Tras el cierre en banda de la mayoría sindical a aceptar los ofrecimientos que siguió realizando el Consell, al considerarlos muy lejos de las necesidades reales en las aulas, el conflicto acabó enturbiándose en su cuarta semana. El president valenciano acusó a STEPV, CC OO y UGT de coaccionar a los docentes y y estos optaron por plantar a Educación en reuniones temáticas a las que tampoco acudían ni la consellera ni el secretario autonómico.
Sin embargo, el agotamiento de los docentes ya se hacía insostenible, las movilizaciones comenzaron a reducirse para dosificar esfuerzos y en la quinta semana de la huelga, a dos para que acabara el curso de forma oficial, comenzaron a producirse los primeros acercamientos. Aunque el departamento autonómico siguió ofreciendo mejoras para tratar de salir del largo túnel y de convencer, al menos, a sus sindicatos afines, volvió a encontrarse con un muro generalizado.
Finalmente, solo consiguió sacar adelante tres acuerdos parciales, pero ninguno con el consenso de todos, los dos últimos fueron para simplificar la burocracia (con todas las fuerzas, salvo ANPE) y para «promocionar» el valenciano (solo con CSIF). Pese a ello, los sindicatos mayoritarios acabaron suspendiendo el paro en las aulas tras recibir el aval de más de 12.500 docentes en una encuesta en la que participaron 30.500 trabajadores (de más de 70.000 que hay en activo). El 71 % de los profesores que respondieron optaron por retomar las clases de forma temporal, aunque nueve de cada diez rechazó firmar un acuerdo global con el Consell.
La consellera de Educación y el secretario autonómico durante una negociación con los sindicatos / Germán Caballero
El paro docente acabó con solo tres acuerdos parciales en torno a los salarios, burocracia y valenciano
Dos diagnósticos distintos
La Generalitat sostiene que ha puesto sobre la mesa «la mayor inversión educativa de la historia reciente valenciana», con un paquete de medidas valorado en más de 3.300 millones de euros hasta 2031. El Consell defiende que su propuesta incluye mejoras salariales, reducción de ratios, refuerzo de plantillas, inversiones en infraestructuras, medidas de inclusión y simplificación administrativa.
Sin embargo, los sindicatos consideran que gran parte de esas medidas son insuficientes, carecen de concreción o se aplazan demasiado en el tiempo. A su juicio, muchos compromisos se apoyan en calendarios que se extienden hasta finales de la década y no responden a los problemas que los centros sufren actualmente.
Entre las principales medidas destaca la mejora retributiva del profesorado, que según la conselleria situará a los docentes entre los mejor remunerados de España, lo que contradicen los sindicatos mayoritarios, porque advierten de que cuando se complete la subida salarial en 2028 de 200 euros mensuales brutos se quedará corta por la inflación y sostienen que el resto de comunidades se situarán por delante.
Una marea de profesores en una de las multitudinarias manifestaciones celebradas en València durante la huelga indefinida / Daniel Tortajada
El Consell defiende la mayor inversión de la historia, pero los sindicatos la ven insuficiente
Asimismo, el departamento de Ortí ha defendido su oferta para bajar las ratios hasta «alcanzar los niveles más bajos de la historia de la Comunidad Valenciana», pero los cinco sindicatos se negaron a esperar al curso 29-30 para contar con 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato.
Frente al anuncio de la contratación de 5.000 nuevos docentes durante los próximos años, la mayoría sindical insiste en la urgencia de recuperar el personal recortado, demanda más orientadores, así como acortar los plazos para sustituir las bajas, porque sostiene que esperar ocho días lectivos es insostenible. También pide que los interinos puedan cobrar durante el verano, además de garantizar el profesorado experto y especialista de FP.
Mientras Educación defiende el «importante avance en infraestructuras educativas, con una inversión conjunta de 1.410 millones de euros hasta 2029″, las organizaciones sindicales coinciden en que no se da respuesta a corto plazo a los problemas estructurales y piden reducir los tiempos.
En materia de inclusión educativa, el Consell ha anunciado la creación de al menos 36 nuevas aulas UECO (que pasarán a tener ocho alumnos por clase, de 10 que hay ahora) durante el curso 2026-2027, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales especializados en atención a la inclusión. Asimismo, se incrementará un 30 % el número de profesionales de Educación Social y se crearán entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje. Todo ello «insuficiente» para los sindicatos, que también reclaman plazos y plazas concretas.
El valenciano ha sido otra pieza de la discordia. Solo CSIF ha apoyado el plan para proteger la lengua cooficial basado en la formación del profesorado, con especial atención a las comarcas de predominio castellano. STEPV, CC OO y UGT insisten en derogar la Ley de Libertad Educativa. Por su parte, ANPE defiende un modelo plurilingüe de castellano, valenciano y de una lengua extranjera y niega que esto esté garantizado.
Profesores alicantinos sacaron los pupitres a las calles para escenificar un día en las aulas / ALEX DOMINGUEZ
Impacto en el alumnado y temor a septiembre
Los estudiantes han sido los principales afectados por la movilización en plena recta final del curso. Las jornadas de huelga han alterado el ritmo normal de las clases, han obligado a suspender temarios, propuestas y trabajos de fin de curso, además de excursiones y festivales. Para evitar el daño en Selectividad, Educación impuso servicios mínimos del 100 % en segundo de Bachillerato, con tal de garantizar las evaluaciones y en los institutos también obligó a que ningún alumno se quedara sin sus notas.
Las familias, por su parte, han vivido el conflicto con sentimientos encontrados. Muchas comparten las reivindicaciones del profesorado y reconocen los problemas. Otras muestran preocupación por la prolongación de la huelga y las consecuencias académicas para sus hijos.
Educación prevé negociaciones durante el verano para evitar que el conflicto se reactive el próximo curso
La gran incógnita es si el verano servirá para reconstruir puentes. Existen varios escenarios posibles. El primero es una reapertura real de las negociaciones durante el verano, con nuevas cesiones por ambas partes que permitan alcanzar un acuerdo antes del inicio del próximo curso. Y el segundo, el más preocupante para el Consell, es una reactivación inmediata del conflicto en septiembre, si el profesorado interpreta que no se han producido avances en verano. Los docentes ya han advertido de que la lucha no ha acabado.
La presión política tampoco ha desaparecido. El conflicto llega a un año de las elecciones autonómicas y se ha convertido en una de las principales crisis de gestión para el Gobierno valenciano.
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