La Fundación Puertos de Las Palmas se asoma a la liquidación atrapada en un callejón sin salida: no logra cumplir la orden ministerial que desde 2013 le exige dejar de ser pública, arrastra pérdidas recurrentes y depende de unos ingresos por alquileres que desaparecerán cuando revierta su sede en 2028 a la Autoridad Portuaria. Además, la auditoría realizada por Puertos del Estado pone reparos sobre la contratación de personal, los contratos menores, posibles fraccionamientos, conflictos de intereses, patrocinios mal justificados y debilidades de transparencia y control interno.
Según el informe, la continuidad de la fundación ya no resulta adecuada porque acumula pérdidas y la liquidación es la opción más razonable, una vez que no ha dejado de ser pública después de 13 años. El problema, asegura la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, es que el Estado contabiliza la inversión de 2,3 millones de euros realizada en 1997 por el Puerto para la rehabilitación del edificio como patrimonio fundacional público y para proceder a la privatización es necesario que la inversión privada sea superior.
El escrito recoge que en 2025 perdió 128.115,91 euros y en 2024, 138.660.30 euros.
Dudas sobre Betsabé Morales
Por otro lado, la auditoría pone en tela de juicio la legalidad del nombramiento de Betsabé Morales sin haber realizado una convocatoria pública y plantea posibles irregularidades en sus ingresos. Según el informe, de las cuatro plazas que conforma la estructura de la Fundación solo está cubierta la gerencia, puesto que un auxiliar administrativo está de excedencia voluntaria hasta 2027 y los contratos de dos técnicos fueron rescindidos por la entidad, previo pago de las indemnizaciones.
Beatriz Calzada tras el Consejo de Administración del Puerto / La Provincia
Además, señala que fue contratada «bajo la modalidad de Alta Dirección, sin que conste un proceso selectivo» tal como exige la ley, sino «a propuesta de la Presidencia, por designación directa» y «tampoco se ha sometido el contrato al informe previo de la Abogacía del Estado».
Por otro lado, han detectado «varios errores relevantes» en el pago de sus nóminas con «abonos de pluses que no existen», entre otros.
Defensa de Beatriz Calzada
Beatriz Calzada defendió ayer el proceso de contratación de Morales y reconoció que fue motivo de debate con los patronos en el momento de su nombramiento y este jueves. Según explicó, que pese a que había anunciado la realización de un proceso de contratación, «nos vimos en una situación en la que nos quedábamos sin gerente, que era la única persona que contaba como personal en aquel momento la Fundación y, por lo tanto, lo que se le plantea a los patronos es hacer una contratación exactamente igual que se habían hecho los gerentes anteriores». Así, detalla, se utilizó el perfil que se había establecido hace años y como «la Fundación no tiene esperanza de futuro cierta, teníamos que buscar a alguien que estuviese dispuesto a venir a un sitio donde no se sabía cuánto iba a durar».
Asimismo, afirmó que «el desajuste que hubo con la nómina de la gerente fue un error de la asesoría, pero eso ya se corrigió».
Riesgo de fraccionamiento de contratos
Además, la auditoría pone la lupa sobre las contrataciones menores y considera «que puede existir un riesgo alto de fraccionamiento» en los realizados con una empresa de trabajo temporal con la que se han encadenado varias contrataciones de un auxiliar administrativo. También ve indicios de irregularidad en el contrato del servicio de Consultoría en materia de gestión empresarial dirigida a la identificación de áreas de mejora y propuesta de implementación de medidas correctoras, cuando la persona está realizando «labores administrativas», a pesar de que ya hay dos personas contratadas para ello.
Expedientes y patrocinios
Por otro lado, Puertos del Estado resalta 26 expedientes de contratación menor, de los que nueve se licitaron por 14.999,99 euros», es decir, un céntimo menos que la cantidad máxima fijada por ley (15.000 euros) y resalta que «varios tienen que ver con labores de publicidad institucional (…) que podrían haberse agrupado en un único contrato por un procedimiento abierto» y en algunos casos no consta que se invitara a más personas a participar. También faltan documentos en los expedientes de patrocinio de eventos.
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