El juzgado que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, ha cerrado la puerta a una investigación centrada en la respuesta de los servicios de emergencia del 112 tras la tragedia. En el auto en el que deniega a Renfe el acceso a las llamadas registradas ese día, zanja de forma contundente esta línea subrayando que el objetivo es determinar la causa del siniestro y dirimir las correspondientes responsabilidades penales: «En ningún caso, por ahora, se trata de aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si eso supuso que tardaran más de un ahora a llegar (…) sería dar comienzo a una investigación prospectiva y no procedente».
El auto, en el que califica como «inútil, impertinente e innecesaria» la petición de acceso por parte de Renfe a todas las llamadas del 112 registradas el día de la tragedia, subraya de forma tajante y de acuerdo con el criterio de la Fiscalía que no hay indicios de delito en la respuesta de los servicios de emergencia: «Por el momento, y a la vista del resultado de las actuaciones policiales y judiciales no existen mínimos indicios de ilicitud penal en dicho sentido y sin que valga para sostener la petición del recurrente las manifestaciones realizadas por la Guardia Civil.»
Así, concluye que la incorporación de estas pruebas a la causa no sólo no contribuiría a su resolución sino que podría derivar en un retraso en su finalización: «No ayudaría a clarificar la causa, únicamente a su dilación indebida».
La petición de Renfe
La causa abierta por el Tribunal de Instancia de Montoro está centrada en aclarar los delitos de homicidio y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. En el marco de esa investigación Renfe solicitó al Servicio de Emergencias 112 que aportara a la causa todas las grabaciones e informes de la noche de la tragedia con el objetivo de aclarar si hubo una respuesta adecuada o retrasos en la intervención. El Juzgado rechazó en primera instancia la petición por lo que Renfe recurrió alegando falta de motivación en la denegación y defendiendo que las pruebas solicitadas eran «necesarias y pertinentes».
En su respuesta a este recurso, el Juzgado es especialmente contundente: «La prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la instrucción y no arrojaría ninguna luz para el esclarecimiento de los hechos e incluso podría considerarse perjudicial sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento«. Únicamente deja abierta la puerta a que en el futuro se pueda abrir otra causa centrada en la respuesta de los servicios sanitarios y de emergencia.
Conflicto político
El Gobierno central y la Junta de Andalucía mantuvieron un marco de coordinación y lealtad institucional en torno al accidente de Adamuz durante los primeros días tras la tragedia hasta el punto de que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a valorar la actitud del presidente andaluz, Juanma Moreno.
Sin embargo, con el paso de las semanas, la relación se fue tensando por la proximidad de la campaña electoral. En ese contexto, el Gobierno andaluz se personó en la causa y pidió públicamente responsabilidad al Ejecutivo central mientras que desde el Gobierno y desde el PSOE se apuntaba a problemas en la respuesta de los servicios de emergencia, competencia de la Junta de Andalucía. En este contexto Renfe pidió todas las llamadas del 112 que han sido denegadas por el Juzgado.
