La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) respalda la posición de Canarias en su demanda de tener un papel protagonista en el diseño de las políticas migratorias europeas. Esta organización, que agrupa a 150 regiones europeas -entre ellas los 27 estados miembros-, critica que las autoridades regionales y locales siguen siendo en gran medida «invisibles como actores políticos en materia migratoria». En un documento elaborado recientemente y que se hará llegar a las instituciones comunitarias, reclama además financiación específica para que estas regiones que están en primera línea de la migración puedan hacer frente a las políticas de cohesión y convivencia y exige respetar el interés superior de los menores.
La CRPM considera que las regiones no son tratadas como socio estratégicos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino como entidades ejecutoras cuyo papel en la toma de decisiones continúa estando «insuficientemente definido». Esta falta de reconocimiento, dice el texto, obvia las responsabilidades fundamentales de los gobiernos regionales en la respuesta a las emergencias, la acogida, la integración y la inclusión, así como en la prestación de servicios públicos y sociales a nivel regional y local, desde la educación y la atención sanitaria a la tutela, acogida e inclusión de menores no acompañados.
Fronteras exteriores de la UE
Esta situación se refleja en la práctica, ya que en algunos Estados miembros, las regiones que tienen un papel clave y competencias esenciales no participan de manera significativa en la preparación de las estrategias y planes nacionales para la aplicación del Pacto. Varias regiones de la CPMR, incluidas aquellas que afrontan una presión migratoria «desproporcionada», sobre todo en las fronteras exteriores de la UE y a lo largo de las rutas marítimas, denuncian que apenas han tenido una consulta limitada o su exclusión de estos procesos de elaboración de los planes nacionales, como ha denunciado reiteradamente Canarias.
Estas «deficiencias de coordinación» corren el riesgo de socavar la eficacia de las políticas previstas además de limitar la capacidad de los Estados miembros para diseñar respuestas adaptadas a las realidades sobre el terreno. Por ello, la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas plantea la participación «formal y obligatoria» de las autoridades regionales y locales en el diseño, la implementación y la evaluación de las estrategias nacionales de migración y los planes de acción, así como disposiciones claras de gobernanza que reflejen las competencias regionales.
Protección de los menores
La CRPM también comparte la preocupación del Gobierno de Canarias sobre la falta de garantías que el Pacto Europeo de Migración y Asilo ofrece para la protección de los menores migrantes. Destaca al respecto que el Reglamento de triaje y los planes nacionales de implementación no aclaran asuntos fundamentales sobre la tutela de los menores no acompañados que manifiesten su intención de solicitar asilo a su llegada a puerto o al centro de atención temporal de extranjeros (Cate). Canarias ha expresado su inquietud por la falta de normativa clara relativa a la responsabilidad que debe asumir el Gobierno autonómico o si, por el contrario, debe prevalecer la condición de solicitantes de asilo, lo que implicaría la competencia del Estado, en línea con el auto del Tribunal Supremo.
Asimismo, se amplía el alcance de la base de datos de huellas dactilares de la UE para la gestión de los flujos migratorios, incorporando nuevas herramientas como el reconocimiento facial y reduciendo de 14 a 6 años la edad a partir de la cual los menores son registrados. Esta medida, tal como ha señalado el Gobierno de Canarias, facilita la detención y estancia de menores en instalaciones policiales. Ante esta circunstancia, requiere que su aplicación en el archipiélago garantice en todo momento el interés superior del menor, teniendo en cuenta su vulnerabilidad y asegurando que se respeten todas las garantías necesarias durante el proceso.
Financiación específica
Asimismo, la CRPM reclama financiación específica para las regiones que tienen un papel estratégico en la política migratoria. Considera que las autoridades locales asumen importantes responsabilidades operativas sobre el terreno y, por lo tanto, deben tener un papel estructural y obligatorio en la planificación y gestión de la financiación de la migración.
De esta manera, se garantiza que las asignaciones financieras puedan adaptarse a las realidades específicas de los distintos territorios, especialmente aquellos que enfrentan presiones migratorias sostenidas y estructurales. Por ello, muestra su preocupación por que la centralización, bajo planes nacionales únicos, «pueda diluir las prioridades regionales, reducir el acceso a la financiación para las autoridades de primera línea y aumentar la dependencia de las decisiones políticas nacionales».
Insiste en que la flexibilidad en la financiación es necesaria para responder a afluencias migratorias y deben garantizarse asignaciones «suficientes y específica» para las políticas de cohesión social, convivencia e integración. Esta circunstancia, añade la Conferencia Regional de Regiones Periféricas y Marítimas, es «crucial» para evitar tensiones derivadas de la percepción de competencia por los recursos públicos -como la atención sanitaria, la asistencia jurídica o los servicios sociales- entre las poblaciones locales y las comunidades migrantes.
