La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado hoy la obligación del empadronamiento en Madrid, o municipios de provincias limítrofes con que existe convenio, para poder obtener el abono transporte, el título que permite viajar en la red de transporte público regional con precios ventajosos. La disposición, que supone implementar una medida recogida desde 2011 en el reglamento del Consorcio Regional de Transportes que no se estaba contemplando hasta ahora, se dio a conocer el viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y entra este lunes en vigor, sin efectos retroactivos.
«Ahora que se han sorteado las limitaciones tecnológicas, y teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la Ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños», ha defendido la presidenta madrileña en un desayuno informativo en que ha presentado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache.
La resolución, que se refiere a tarjetas de transporte personal emitidas a partir de este lunes y a los duplicados de las ya emitidas cuando sea necesario hacerlos por pérdida u otros motivos, afecta sobre todo a dos colectivos, estudiantes procedentes de otras regiones y ciudadanos migrantes no empadronados en un momento en que el debate migratorio enfrenta a la administración regional con el Gobierno a cuenta sobre todo del proceso de regularización extraordinaria. En la actualidad, según datos facilitados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, los usuarios del abono transporte no residentes rondan los 200.000, lo que supone, aproximadamente, un 3,4% del total.
En este sentido, Ayuso ha anunciado hoy que desde la Comunidad de Madrid se promoverá la firma de convenios con el resto de comunidades autónomas para que los estudiantes universitarios de otras regiones puedan obtener el abono transporte sin tener que empadronarse.
«El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% de transporte público, lo utilice o no lo utilice», ha justificado la presidenta madrileña. «Además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo, y las nóminas de los trabajadores, el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo, hay que pagarlos», ha añadido, sin dejar de mandar un recado al Ejecutivo. «A diferencia del Gobierno Central», ha asegurado,» en la Comunidad de Madrid aprobamos presupuestos, rendimos cuentas en cumplimiento del deber y somos respetuosos con la ley, el orden y el gasto público».
Renfe rechaza la medida
Por su parte, Renfe ha mostrado su rechazo a que la Comunidad de Madrid exija desde este lunes empadronamiento para poder solicitar el abono transporte, algo que «genera desigualdades y segregación» en el acceso a esta prestación, y ha exigido una reunión de la comisión de seguimiento.
Así lo ha trasladado la compañía ferroviaria en un comunicado en el que califica de «injustificables» estas restricciones que «van en contra del objetivo de reducir el uso del coche» y ha recalcado que no ha estado ni «comunicada ni consensuada» con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono.
La compañía ha cargado contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) porque la política de movilidad debe centrarse en «reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento».
