El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la modificación de la normativa que permitirá que los funcionarios y el personal laboral de prisiones sean considerados agentes de la autoridad.
El camino para lograr esa reivindicación no ha sido sencillo ni rápido. Han tenido que pasar muchas décadas de agresiones, insultos o vejaciones por parte de presos muy violentos o con problemas de salud mental.
Y después, a juicio de los sindicatos, las penas por esos delitos no eran tan contundentes como para disuadir a los internos implicados. Han sido incontables las manifestaciones, concentraciones, protestas y comunicados para reclamar un cambio legislativo con el objetivo de que a los agresores no les salieran tan baratas sus acciones.
Contactos
Nacho Fernández, destinado en el centro penitenciario Tenerife II e integrante del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), aseguró que el jueves fue «un día importante para nosotros, tras años de lucha con políticos de casi todos los partidos».
En esa línea se expresa también Juan Carlos Marugán, de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)-UGT, quien apunta que «llevamos ocho años de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto con EH Bildu».
Apunta que «hemos conseguido que se pongan de acuerdo PSOE, PP, PNV, Junts, Sumar y Grupo Mixto». En realidad, solo ERC y EH Bildu votaron en contra de la propuesta para cambiar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, que data de 1979. Es decir, 323 votos a favor y 21 en contra.
En los últimos ocho años hubo otros cuatro intentos fallidos de sacar esta iniciativa adelante, lo que da idea de la dificultad del asunto. Ahora únicamente resta el trámite de la aprobación de la medida en el Senado. Pero todo indica que no habrá obstáculos para ratificar la mayoría obtenida en el Congreso.
Consecuencias
¿Qué implica la modificación de la ley? Una de las consecuencias es que las agresiones serán consideradas delitos de atentado a agente de la autoridad, por lo que conllevarán una condena de entre seis meses y tres años de prisión.
Hasta ahora, en muchas ocasiones estos episodios se resolvían con una sanción administrativa. Y los futuros beneficiarios esperan que la nueva norma sirva para disuadir a los potenciales agresores.
Bernardo Fernández Tubío, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), recuerda que la modificación en la Ley implica que los funcionarios de prisiones también disfrutarán del principio de veracidad. Eso supone que, ante cualquier altercado o incidencia, su testimonio o informe será considerado como verídico, si una o varias pruebas de la parte contraria no desmontan el mismo en un procedimiento administrativo o judicial.
Indemnizaciones aseguradas
Y otro aspecto fundamental es el principio de indemnidad de los funcionarios y personal laboral de Instituciones Penitenciarias. Hasta ahora, si los reclusos que eran condenados por la vía penal a raíz de provocar lesiones a integrantes de dicho colectivo se declaraban insolventes, las víctimas se quedaban sin cobrar las indemnizaciones.
Si los autores son insolventes, la Administración deberá pagar las indemnizaciones
Ahora, con los cambios legislativos, los afectados deberán ser compensados a nivel económico por la Administración del Estado, según recuerda Fernández Tubío.
Este portavoz del CSIF en la cárcel Tenerife II recuerda que en el programa electoral de su organización sindical ya se contemplaba la demanda para ser agentes de la autoridad hace más de una década.
Separación de otros detenidos
Además de los tres factores básicos ya citados, la modificación de la Ley General Penitenciaria incorpora un cuarto aspecto relevante para este grupo profesional.
Si las fuerzas de seguridad detienen a un funcionario de prisiones, si es enviado a prisión provisional o es condenado en firme por parte de una autoridad judicial, ahora tiene derecho a estar en unas dependencias diferentes a las del resto de arrestados, presos preventivos o reclusos con una pena.
El personal laboral de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias incluye a aquellos trabajadores que, por ejemplo, son cocineros, electricistas o trabajadores sociales en las cárceles del país.
Amenazas y vejaciones
Rafael Paniza es un funcionario de prisiones que en la actualidad está destinado en un centro de Andalucía. Desde su punto de vista, en los últimos años ha existido una tendencia al incremento de las agresiones por parte de algunos internos.
Pero también menciona otros episodios que, sin tener tanta gravedad como las lesiones, pueden afectar al personal en su actividad cotidiana. Son los insultos, los desprecios, las amenazas o las vejaciones que padecen algunos trabajadores de forma periódica.
Hay funcionarias que, por ejemplo, sufren tocamientos por parte de algunos presos; o bien, tienen que presenciar cómo algún recluso se masturba delante de ellas. Se pregunta Paniza si estas acciones pueden ser calificadas o no como agresión psicológica.
Medio hostil
A su juicio, «somos un colectivo bastante vulnerable» y la Institución muestra signos de «mucha obsolescencia». Recuerda este profesional que «se piden muchas mejoras, que se reciben a cuentagotas y de una forma muy paulatina».
Su trabajo se desarrolla en un medio que él define como «muy hostil y complicado», con personas que han cometido delitos muy graves, que, a veces, actúan con una gran agresividad y, en otras, o a la vez, sufren serios problemas de salud mental.
En numerosas ocasiones, estos funcionarios han recordado que su actividad pasa desapercibida para la inmensa mayoría de la sociedad. Y es que, en realidad, tiene que ocurrir un episodio grave o muy grave para que la opinión pública conozca lo que pasa detrás de los muros de los centros penitenciarios.
Medio millar de ataques
Durante el pasado año, en toda España se contabilizaron 529 ataques físicos a funcionarios de prisiones. No hay registro de los casos de insultos, amenazas o vejaciones.
En la actualidad, en los diferentes centros penitenciarios de Canarias trabajan alrededor de 1.600 de estos profesionales, así como un centenar de empleados como personal laboral.
Estas plantillas se distribuyen en las cinco cárceles del Archipiélago para atender a una población reclusa que ronda las 3.300 personas, recuerda Juan Carlos Marugán.
Otras demandas
Nacho Fernández agradece a la diputada de CC, Cristina Valido, su apoyo al cambio legislativo. Y explica que lo conseguido en el Congreso de los Diputados «no es el fin».
Aclara que desde Tu Abandono Nos Puede Matar «seguiremos luchando para lograr que se reconozca la profesión de riesgo para los funcionarios de prisiones, así como por una equiparación salarial» con respecto a sus homólogos en Cataluña y el País Vasco.
Y, en el caso de estos trabajadores públicos que llevan a cabo su actividad en Canarias, también está pendiente una mejora o actualización del complemento de residencia para quienes proceden de la Península.
Recuerda que este aspecto también influye para que algunos funcionarios de otros lugares del país dejen sus puestos en el Archipiélago lo antes posible, «porque la vida es muy costosa y los alquileres están muy altos». La consecuencia de esa movilidad es que el déficit de funcionarios de prisiones en las islas sea cada año más elevado, según Fernández.
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