El Gobierno y el PSOE pisan el acelerador para dar contenido a su agenda política en medio de la tormenta judicial que los cerca. Después de activarse la tramitación de los Presupuestos y el proceso para llevar al Consejo de Ministros el nuevo modelo de financiación autonómica, los socialistas quieren desbloquear en el Congreso el proyecto de ley de protección digital a los menores, con la intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Para ello se activará el trámite de ponencia el próximo 23 de junio, previo al debate público de la norma.
Se trata de una de las leyes estrella del Ejecutivo que lleva desde finales del pasado año varada en el Congreso, a pesar de haberse optado por una tramitación urgente. El PSOE ya ha enviado a los grupos las enmiendas transaccionadas, alrededor de una veintena, y pretende dividir en dos bloques el debate. Uno primero, sobre el que habría más posibilidades de consenso, relativo a la protección de los menores. El segundo tendría que ver con toda la pata más centrada en la regulación de las plataformas tecnológicas.
El entendimiento en el primero de los asuntos parece no estar muy lejano. Actualmente, la ley establece la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 14 años, salvo que tengan consentimiento paterno. La intención del Ejecutivo es elevar la edad hasta los 16 años, algo que varios aliados, incluído el PP, no ven mal, aunque con matices a la hora de otrogar derechos a los menores. De entre los socios, Junts es quien más se desmarca y plantea acotar esta prohibición al acceso a «redes sociales o a servicios, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual que incorporen inteligencia artificial generativa«.
El PP también podría acabar entrando en la ecuación. Al menos en esta cuestión. Sin embargo, existen una cuestión técnica que podría echar por tierra cualquier entendimiento. Mientras el Gobierno propone que sean las plataformas quien tengan sistemas para verificar la edad, los populares apuestan por trasladar esa responsabilidad al propio Ejecutivo, exigiendo que sea quien regule este tipo de mecanismo.
Sanciones en el Código Penal
Más conflicto supondrá llegar a un acuerdo en la segunda tanda de negociaciones. Se incluirían en este bloque de medidas aspectos relativos a la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas, la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales. De este modo se evitará que las reformas concernientes del Código Penal se realicen a través de sendos anteproyectos de ley. Un largo trámite desde su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros hasta llevarlas al Congreso.
Esta serie de medidas no estaban incluidas inicialmente en el texto, pero el presidente del Gobierno las ha situado como prioritarias para endurecer la regulación en su cruzada con los denominados «tecnoligarcas». Un compromiso en el que se han ratificado desde el Ejecutivo durante los últimos días, tras la visita del Papa León XIV a España y la publicación de su primera encíclica -‘Magnifica Humanitas’- con un mensaje a favor de la regulación de las nuevas tecnologías.
«Como he recordado en mi reciente Encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza», apuntaba el Papa durante su discurso en el Congreso. El jefe del Ejecutivo, tras su audiencia en el Vaticano previa al vieja de León XIV a España, ya trasladó que había «felicitado a Su Santidad por centrar su primera encíclica en este tema, el de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, que, por cierto, nos va a definir el presente y el futuro más inmediato del conjunto de la humanidad». Tras ello, añadía que estaba «siendo muy insistentes en esta cuestión, no solamente en cuanto a la tramitación de reformas importantes en las Cortes Generales, sino también a escala europea».
La intención inicial era reactivar la tramitación de la norma ya esta próxima semana, pero se decidió dar una semana más de margen al resto de grupos por la acumulación de ponencias en la recta final del curso político. Una situación que sufren especialmente las formaciones con menor número de parlamentarios. Los socialistas son optimistas respecto a la búsqueda de acuerdos, aunque dan por hecho que será de la mano de sus socios de investidura debido a las diferencias con el PP en esta materia. Fuentes parlamentarias de estas formaciones dicen estar a la expectativa de la «voluntad» por parte del PSOE para acercar posiciones y no dan nada por hecho.
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