En la política española cada semana parece definitiva y ninguna acaba siéndolo. Mientras se acumulan revelaciones que en otros tiempos habrían provocado terremotos institucionales y manifestaciones en las calles, la ciudadanía parece anestesiada por el cansancio y la resignación de ver que la corrupción se repite cíclicamente sin que se tomen medidas definitivas para acabar con ella en las administraciones públicas. Entre sumarios, visitas papales y mociones de censura imposibles por ahora, la sensación dominante es que todos corren mucho pero nadie avanza demasiado.
La semana deja una conclusión que perseguirá durante años al PSOE y al Gobierno: el caso Leire Díez ha puesto de manifiesto que los altos cargos del partido mintieron durante meses intentando hacer creer a la ciudadanía que era una militante díscola. Los contactos que Díez mantuvo con mandos de la Guardia Civil, las explicaciones insuficientes sobre las reuniones con la directora general, Mercedes González, y la aparición constante de nuevos nombres dibujan un escenario demasiado serio para ser ventilado con un mensaje en X, un comunicado y dos canutazos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los que se ha rectificado a sí mismo. La sospecha de que torpedeó investigaciones judiciales y policiales exige respuestas mucho más contundentes que las conocidas hasta ahora. Y, mientras, Pedro Sánchez asegura que no le llegó nunca nada de Díez como tampoco supo nada de las andanzas de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El sumario sobre la ‘fontanera’ también ahoga en cierta manera las críticas del PSOE por la ‘operación Kitchen’, que ahora se está juzgando. Presuntamente, Mariano Rajoy (PP) usó a decenas de agentes del Ministerio del Interior para entorpecer la investigación sobre la financiación irregular de su partido y destruir pruebas que le afectaban a él. Hay muchas diferencias entre los dos casos y una de ellas es que en el caso del PSOE pueden haber cometido delitos mucho más graves de los que intentaban borrar: en el caso de las presuntas irregularidades en la plaza del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz y en el procesamiento de su esposa por un caso en el que no está fácil ver el lucro ni la corrupción.
La visita del Papa, la primera de un Pontífice en 15 años, parecía diseñada para regalar al Gobierno una semana de respiro tras el ‘shock’ que supuso la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero hace dos semanas. Un Papa que habla de inmigración, justicia social, cooperación internacional y multilateralismo conecta con buena parte de los mensajes que Sánchez intenta proyectar dentro y fuera de España.
El problema es que los tiempos políticos no siempre obedecen a los calendarios diplomáticos. La coincidencia entre la visita apostólica y el estallido del caso Leire, sumado al de Zapatero, convierte lo que debía ser una tregua en un incómodo ejercicio de equilibrismo. El Gobierno confiaba en una semana de tregua y se ha encontrado con una coincidencia incómoda: mientras el Pontífice habla de valores, la política española vuelve a discutir sobre responsabilidades y sigue sin ver dimisiones. Hay viajes que cambian la conversación. Este amenaza con subrayarla.
La situación debería ser un regalo para Alberto Núñez Feijóo, pero no se ve tan claro en los sondeos, donde el PP sigue rondando los 140 escaños (ahora tiene 137 obtenidos en las elecciones de 2023). Ante un Gobierno desgastado, varias investigaciones abiertas, unos socios inquietos y una legislatura de inestabilidad, el jefe de la oposición no acaba de despegar. El PP continúa dependiendo de Vox para construir una mayoría alternativa en el Congreso y ese es el principal salvavidas de Sánchez, porque hasta ahora el PNV y Junts no quieren ser responsables de abrir las puertas de la Moncloa a la ultraderecha.
Tampoco ayuda a Feijóo la sensación de zigzag permanente. Decir que podría hacer una moción de censura instrumental (para convocar seguidamente elecciones generales) le ha servido para quitarse presión dentro de su propio partido y ante Vox, pero también ha vuelto a poner sobre la mesa sus contradicciones. Resulta difícil pedir apoyo a Carles Puigdemont, al que durante años se ha presentado como una amenaza para el Estado. Un día la moción parece urgente (el lunes, con Ana Rosa Quintana) y al siguiente (Cercle d’Economia) desaparece del discurso y no la aborda directamente. La credibilidad se construye sobre la coherencia. Y Feijóo lleva demasiado tiempo cambiando de carril justo cuando la carretera parecía despejada.
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