La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Conferación Española de Agencias de Viajes (CEAV) exigen al Gobierno español derogar el registro de viajeros después de que la Comisión Europea haya anunciado un procedimiento de infracción contra España por considerar que vulnera la normativa europea de protección de datos. La patronal hotelera afirma que la reprimenda de Bruselas es «la crónica de una advertencia anunciada» después de cuatro años de quejas por parte del sector e insiste en que la normativa, creada por el Ministerio del Interior, adolece de «fallos estructurales graves».
La norma, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2024, obliga a hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales o empresas de alquiler de coches a recabar una serie de datos de los turistas que van más allá de aquellos incluidos en documentos oficiales (DNI y pasaporte) y a volcarlos en una aplicación (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas. El sector siempre ha defendido colaborar con las autoridades en la prevención del terrorismo y la delincuencia, pero se quejan de que el registro de viajeros exige demasiada información, lo que colisiona con los principios europeos de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos.
Además, añaden que la norma fue redactada «de forma unilateral y a espaldas de la realidad operativa del sector turístico». «Fue concebido ignorando los sitemas de gestión diarios de los establecimientos hoteleros y de hospedaje», insisten desde Cehat, quienes agregan que esta medida somete a las empresas a una carga administrativa «desproporcionada» al tiempo que obliga a los alojamientos a convertise en «custodios de un volumen ingente de datos altamente sensibles como tarjetas de crédito, transacciones financieras y datos de geolocalización, convirtiéndolos en dianas vulnerables para ataques cibernéticos y brechas de seguridad».
Y añaden que existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre la remisión de datos de pasajeros de aerolíneas, que afirma que «la transferencia masiva de datos personales a las autoridades encargadas de la seguridad pública no puede ser una herramienta sistemática ni generalizada» sino que «debe restringirse estrictamente a lo necesario y limitarse a supuestos específicos, concretos y justificados bajo sospechas reales de criminalidad grave o amenazas terroristas concretas». Por eso, exige la «inmediata derogación» de la normativa y la apertura «urgente» de una mesa de diálogo entre el Gobierno y el sector para «diseñar un sistema alternativo apoyado en soluciones tecnológicas avanzadas«.
Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha criticado la cantidad de información exigida por el sistema y la obligación de conservar estos durante tres años y ha insistido en su petición de excluir a las agencias de viajes de su aplicación porque se genera «duplicidad de información». Su tesis es que los viajeros tienen que dar sus datos dos veces, una a las agencias y otra a los hoteles o empresas de alquiler de coches. Multiplicar los sujetos obligados a remitir y conservar la misma información no mejora necesariamente la seguridad, pero sí incrementa las cargas administrativas, los costes de cumplimiento y los riesgos asociados al tratamiento de información personal.
En ambos casos, hoteleros y agencias de viajes coinciden en que el Gobierno aproveche la reprimenda de la Comisión Europea para construir una nueva norma más equilibrada, que garantice la protección de la seguridad pública sin imponer obligaciones desproporcionadas. «La seguridad y protección de datos no son objetivos incompatibles», remachan desde CEAV.
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