La vista oral por el denominado caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha vivido este jueves un giro procesal de relevancia después de que varias acusaciones populares solicitaran un endurecimiento de las penas inicialmente interesadas.
Salvo Manos Limpias, que se ha desmarcado de la iniciativa, las acusaciones populares han reclamado seis años de prisión para David Sánchez y cuatro años para Gallardo. Las partes acusadoras sostienen que no han introducido nuevos hechos en sus escritos de conclusiones provisionales, sino que se han limitado a modificar la calificación jurídica y a agravar las penas solicitadas a partir de los mismos hechos que ya constaban en el procedimiento.
La decisión ha sido recibida con una contundente oposición por parte de las defensas. Los abogados de los acusados han pedido al tribunal que rechace las nuevas conclusiones al considerar que generan una situación de “indefensión” y vulneran derechos fundamentales de sus representados. Según han argumentado, se trata de acusaciones “sorpresivas” que alteran sustancialmente el marco procesal con el que se ha desarrollado la defensa durante la instrucción y las fases previas del procedimiento. Uno de los letrados ha llegado a calificar la situación de “insólita”.
Frente a ello, las acusaciones populares se han mantenido firmes en su posición.
Calificaciones admitidas
La Sala ha admitido las nuevas calificaciones de las acusaciones populares y ha citado a las partes para el próximo lunes a las 9.30 horas para empezar los informes finales. El presidente señala que no existe modificación «sustancial» de los hechos y que las defensas pueden alegar lo que estimen oportuno en su turno de alegatos.
