Leire Díez solicitó a Joaquín Parra, empresario de Dos Hermanas (Sevilla) y conocido por ser expresidente del CD Badajoz, información sobre la jueza Biedma, que instruía el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Concretamente, según declaró Parra ante la Guardia Civil, le pidió «información o contactos que pudieran afectar a la reputación» de la instructora. También le dijo que presentara una denuncia contra Repsol con la idea de lograr un cambio en la directiva favorable a los interese del Gobierno.
Todo esto se desprende de la declaración de Parra ante la Benemérita como testigo de la causa que investiga una supuesta trama delictiva dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaba al PSOE o el Gobierno. Estas peticiones de la fontanera del PSOE se formalizaron a cambio de ayudarle con las causas judiciales en las que se encontraba inmerso. Parra no colaboró y cree que eso pudo perjudicarle en los procesos en los que se encontraba inmerso.
El sevillano apuntó en sede policial, según el atestado al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, que conoció a Díez en 2024 a través del también empresario Javier Pérez Dolset, a quien a su vez le había presentado Sandro Rosell en 2022. Le explico que era una persona «que le podría ayudar a hacer frente a las injusticias que esstaba sufriendo» en el ámbito judicial. Se refería a las causas abiertas contra él en el Juzgado Central de Instrucción número 4 por un delito contra la Hacienda Pública (condenado por la Audiencia Nacional, pero se está sustanciando un recurso) y en el Juzgado de Instrucción 6 de Málaga por un delito de fraude contra la hacienda pública, en relación con una denuncia por la venta de la operadora de hidrocarburos Servicios Omarpar 2014 SL.
El motivo que llevó a Díez a ayudarle, según la declaración de Parra, fue que «cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar». Díez le pidió entonces que a cambio de ayuda en sus juicios, el nazareno debía proporcionar «información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la Juez que instruía la causa judicial referida al hermano del Presidente del Gobierno», señala el atestado.
Parra asegura que puso en contacto a la fontanera con Sáenz de Tejada. Crearon un grupo de Whatsapp llamado ‘Vacaciones y Viajes’ y tuvieron un primer encuentro en Madrid, en el que Dolset y Díez llamaron «un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones». Allí, el exjuez realizó una exposición sobre múltiples jueces y funcionarios de Badajoz y Díez le prometió trabajar para «lograr su reingreso en la carrera judicial» (fue condenado por maltrato psicológico a su expareja).
La participación de Parra en el grupo, según su testifical, sería aportar algunos contactos de otros empresarios que se encontraban inmersos en causas judiciales.
Leire Díez, en contacto con la fiscal de Málaga
Durante su testifical, Parra aseguró que Díez y Dolset le pidieron documentación relacionada con sus cuasas judiciales. Además, le preguntaron por Antonio Balas, un integrante de la Guardia Civil al que habrían querido «quitar de en medio».
Díez le insistía a Parra en que la Fiscalía dependía del Gobierno y que los fiscales debían seguir sus órdenes. Es decir, podía ayudar a retirar la acusación del Ministerio Público en las causas que le afectaban. Le mencionó incluso que estaba en contacto con la fiscal de Málaga María Teresa Verdugo y la de la Audiencia Nacional Rosana Lledó.
«Pedro» estaba al tanto de la idea de denunciar a Repsol
Joaquín Parra es un empresario de hidrocarburos. En su testifical aseguró que Díez en particular deseaba que denunciara a Repsol. Aseguró que el fin era producir un cambio en la directiva de la sociedad favorable a los intereses del Gobierno.
Cree recordar Parra que le preguntó a Díez si «Pedro» estaba de acuerdo. Ella le contestó afirmativamente.
Una negativa que le perjudicó judicialmente
El empresario nazareno aseguró ante la Benemérita que se negó a denunciar a Repsol por una sencilla razón: tenía que aceptar el abogado que le imponía Díez en todos los procesos judiciales en los que se encontraba inmerso. El interés sería que se trataba de un letrado «pro-PSOE».
Insistió Parra en que no llegó a materializar ninguna de las peticiones realizadas por Díez y/o Dolset. Estos le adviertieron que igual que podían ayudarle, también podían perjudicarle. De hecho, aseguró que el contacto de la fontanera con la fiscal de Málaga fue usado para perjudicarle. Incluso, señaló que la misma había obtenido un cargo político en el Ministerio de Igualdad como consecuencia de ello.
Otras personas a las que hablaban de «quitar de en medio» Díez y Dolset en el grupo eran el fiscal José Grinda, el magistrado Manuel Marchena o el empresario Víctor de Aldama. También pretendían apartar al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, por haber propuesto la puesta en libertad del expresidente del Zamora CF.
El grupo de Whatsapp llegó a su fin porque Díez y Dolset le acusaron de haber filtrado informaciones a distintos medios. Aun así, siguieron manteniendo el contacto.
