Las presiones en torno a jueces, fiscales y policía judicial intervinientes en causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez habrían habrían partido también desde la propia cúpula de la Guardia Civil, según se desprende de varias declaraciones que obran en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que el juez de la Audiencia Nacional indaga en presuntos pagos realizados desde el PSOE a una trama en la que participaba entre otros la exmilitante Leire Díez para sabotear casusas judiciales.
En la parte de las actuaciones que contienen los interrogatorios realizados por los agentes de la UCO en la propia Dirección General de la Guardia Civil se incluye la declaración de Rafael Vicente Yuste, ex jefe de la UCO entre Julio de 2023 y diciembre de 2025, al que le fue preguntado si tenía conocimiento de que se hubieran transmitido presiones políticas. El general de Brigada reconoció que el propio DAO de la Guardia Civil le indicó en julio de 2024, en plena investigación al hermano del presidente del Gobierno — a quien se juzga estos días en Badajoz– que no fuese «proactivo» se pusiera «de perfil» debiendo ser, en este caso concreto, «la autoridad judicial quien tomase la iniciativa».
Días antes, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos -predecesor de la actual directora, Mercedes González-, el Jefe de Policía Judicial, el Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, y este testigo como jefe de la UCO habían mantenido una reunión ante la solicitud de la jueza instructora para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida David Sánchez.
«En el curso de la citada reunión, como hecho más destacable, el entonces Director General afirmó que el oficio de solicitud efectuado a la UCO, era «totalmente prospectivo y malintencionado», afirmando que la «credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos». Además, solicitó que el siguiente viernes — 19 de julio de 2024–, el informe a efectuar por la unidad tenía «que estar analizado y que no haya nada».
En este sentido, por parte del testigo, se expuso que esto era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial. Fue unos días después cuando se produjo el traslado del DAO a las dependencias y se dio la orden concreta de no ser proactivos. Según otro de los testimonios, el DAO de la Guardia Civil ordenó hacer un informe de los mails de David Sánchez donde se concluyera que «no había nada», algo a lo que había que dar Era prioridad máxima: si los agentes tenían que quedarse sin vacaciones, que se quedaran.
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 Manuel Llamas instaron a los agentes realizar un informe 'que no dijera nada'){kind=link}